Denuncian que el acuerdo con Chevron viola la Constitución y la Ley de Hidrocarburos
Diputados opositores cuestionaron el decreto dirigido a beneficiar la explotación de Chevron en Vaca Muerta. Y dicen que el acuerdo debería tratarse en el Congreso y plantea una concesión sin previa licitación por parte de las provincias. El equipo del gobernador Sapag ya lo está analizando.
El acuerdo entre YPF y Chevron ya despertó las críticas de los principales sectores de la oposición, no sólo por el impacto ambiental que tendrá la explotación de la formación Vaca Muerta, sino también por la forma en la que el gobierno implementó el tratado. Es que, según denuncian legisladores opositores, tanto el acuerdo, como el decreto 929/13 con el que se buscó beneficiar a la petrolera estadounidense, violan la Constitución Nacional y la Ley de Hidrocarburos.
Mientras tanto, las carpetas y biblioratos en donde está escrito el tratado sigue su curso y ya llegó a las manos del equipo del gobernador de Neuquén Jorge Sapag, conformado por 14 personas, entre abogados e ingenieros, y recién para la semana que viene estaría el análisis completo, tras lo cual si no hay modificaciones pasaría a tratarse en la legislatura neuquina.
En diálogo con LPO, el diputado radical por la provincia de Jujuy Miguel Giubergia dio sus impresiones sobre la nueva "Promoción de Inversión para Explotación de Hidrocarburos", tal como se reglamentó el decreto. “El gobierno desconoce totalmente la Constitución Nacional, porque este acuerdo debería pasar a través del Congreso con una ley”, consideró.
En el mismo sentido se refirió Claudio Lozano. El legislador porteño por Buenos Aires Para Todos afirmó que el Ejecutivo “no tiene facultades para bajar las retenciones a cero a ninguna empresa; el único que puede hacerlo es el Congreso Nacional".
El bloque radical en el Senado, que conduce José Cano, pidieron al Secretario de Energía Daniel Cameron y al presidente de YPF Miguel Galuccio, que acudan al Parlamento a dar las explicaciones pertinentes sobre el tratado. Cano solicitó una explicación sobre la reducción de aranceles que deben pagar por la importación de máquinas para sondeo, que están gravadas en un 35%, que a partir de ahora pasará a ser de entre el 14 y el 0 por ciento para las empresas que inviertan más de U$S1.000 millones en el transcurso de los primeros cinco años del proyecto.
Por su parte, Jorge Triaca, diputado nacional por el PRO, cuestionó la “ventaja específica” que le da este nuevo marco normativo a las compañías que quieran invertir a partir de ahora en el rubro hidrocarburífero. “Cuando propusieron la expropiación de YPF denunciamos que no iba a resolver el problema del abastecimiento, y la evidencia está clara: se está recurriendo a la inversión externa”, sostuvo ante este portal el vocal de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.
Sin licitación
Lógicamente, las repercusiones del acuerdo también se hicieron sentir en la provincia en donde el proyecto quiere realizarse. Las críticas van dirigidas hacia la falta de licitación por el área geológica que va a explotarse, que viola la Ley de Hidrocarburos.
El precandidato a senador por la Lista A de Compromiso Cívico Neuquino, Marcelo Inaudi, habló de “las ilegalidades del acuerdo, como es el hecho de otorgar una nueva concesión por 35 años sin previa licitación pasando por encima de las potestades de la provincia, que es la propietaria del subsuelo”.
Rubén Etcheverry, precandidato a diputado nacional, sostuvo que “el acuerdo Chrevron-YPF viola claramente la Ley de Hidrocarburos, al plantear una concesión sin previa licitación y esta ilegalidad no se remedia con una aprobación de parte de la Legislatura”.
“El gobernador debería plantearle a Nación todas las cuestiones del acuerdo que están fuera de la ley o caso contrario tendría que revertirlo, que la provincia llame a licitación y ver si realmente la oferta de Chevron es la mejor”, dijo Etcheverry.
El impacto del marco jurídico
Otro punto que también generó resquemor en las filas opositoras es que el acuerdo se regirá por una ley francesa, según publicó hoy Clarín.
El matutino contó que desde YPF aclararon que los acuerdos de este tipo siempre funcionan de esta manera. Sin embargo, Giubergia advirtió que “no hay motivos para declinar de la jurisdicción nacional, menos en un tema estratégico como el de los hidrocarburos”.
Ahora bien, ¿podría impactar esta sujeción en los litigios internacionales que mantiene el país en el exterior, como por ejemplo en el Ciadi o en Nueva York con los Fondos buitre? Consultado por LPO, Eugenio Bruno, abogado del Estudio Garrido, sostuvo que “en principio no afectaría”.
“YPF es una Sociedad Anónima, separada del Estado Nacional y por lo tanto sus activos no son embargables”, argumentó. “Distinto es el caso de los ADRs, de los que el gobierno es tenedor”, amplió.
Daño ambiental y divisas
Desde Coalición Sur, la lista que presentaron en forma conjunta Pino Solanas y Elisa Carrió, dispararon contra la libre disponibilidad del 100% de las divisas resultantes de estas exportaciones, lo cual "viola la Ley Nacional 17139 de hidrocarburos y constituye un acto de neocolonialismo puro ya que esas divisas JAMAS volverán a la Argentina”, expresaron en un comunicado.
En el texto señalaron además que "abre en nuestro país la puerta al fracking, una técnica que ya fue prohibida en Francia por el daño ambiental que esta provoca (equivalente al de la minería a cielo abierto)". "El uso masivo del fracking condenará a las comunidades Mapuches residentes en el área de Vaca Muerta a abandonar sus tierras ancestrales o morir por el envenenamiento de la escasa agua de la región con hidrocarburos y metales pesados”, expresaron.
También se comprometieron a derogar el decreto 929, que representa a su juicio “la continuación de la entrega del patrimonio nacional iniciada por el menemismo a cambio de promesas de inversiones y del lavado de dinero de evasores y narcotraficantes".
Mientras tanto, las carpetas y biblioratos en donde está escrito el tratado sigue su curso y ya llegó a las manos del equipo del gobernador de Neuquén Jorge Sapag, conformado por 14 personas, entre abogados e ingenieros, y recién para la semana que viene estaría el análisis completo, tras lo cual si no hay modificaciones pasaría a tratarse en la legislatura neuquina.
En diálogo con LPO, el diputado radical por la provincia de Jujuy Miguel Giubergia dio sus impresiones sobre la nueva "Promoción de Inversión para Explotación de Hidrocarburos", tal como se reglamentó el decreto. “El gobierno desconoce totalmente la Constitución Nacional, porque este acuerdo debería pasar a través del Congreso con una ley”, consideró.
En el mismo sentido se refirió Claudio Lozano. El legislador porteño por Buenos Aires Para Todos afirmó que el Ejecutivo “no tiene facultades para bajar las retenciones a cero a ninguna empresa; el único que puede hacerlo es el Congreso Nacional".
El camino del acuerdoSi el gobierno provincial da el visto bueno al acuerdo, será enviado a la Legislatura de Neuquén, donde el oficialismo no tendría mayores inconvenientes para aprobarlo. De todos modos, cabe la posibilidad que Sapag exija algún cambio en los términos del acuerdo. En ese caso, la propuesta volverá a YPF y Chevron, que la analizarán, y si los aceptan, se enviará para su aprobación al poder Legislativo.
“No se conoce la letra chica de lo que dice este contrato, no se conocen los términos”, acotó Giubergia, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.El bloque radical en el Senado, que conduce José Cano, pidieron al Secretario de Energía Daniel Cameron y al presidente de YPF Miguel Galuccio, que acudan al Parlamento a dar las explicaciones pertinentes sobre el tratado. Cano solicitó una explicación sobre la reducción de aranceles que deben pagar por la importación de máquinas para sondeo, que están gravadas en un 35%, que a partir de ahora pasará a ser de entre el 14 y el 0 por ciento para las empresas que inviertan más de U$S1.000 millones en el transcurso de los primeros cinco años del proyecto.
Por su parte, Jorge Triaca, diputado nacional por el PRO, cuestionó la “ventaja específica” que le da este nuevo marco normativo a las compañías que quieran invertir a partir de ahora en el rubro hidrocarburífero. “Cuando propusieron la expropiación de YPF denunciamos que no iba a resolver el problema del abastecimiento, y la evidencia está clara: se está recurriendo a la inversión externa”, sostuvo ante este portal el vocal de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.
Sin licitación
Lógicamente, las repercusiones del acuerdo también se hicieron sentir en la provincia en donde el proyecto quiere realizarse. Las críticas van dirigidas hacia la falta de licitación por el área geológica que va a explotarse, que viola la Ley de Hidrocarburos.
El precandidato a senador por la Lista A de Compromiso Cívico Neuquino, Marcelo Inaudi, habló de “las ilegalidades del acuerdo, como es el hecho de otorgar una nueva concesión por 35 años sin previa licitación pasando por encima de las potestades de la provincia, que es la propietaria del subsuelo”.
Rubén Etcheverry, precandidato a diputado nacional, sostuvo que “el acuerdo Chrevron-YPF viola claramente la Ley de Hidrocarburos, al plantear una concesión sin previa licitación y esta ilegalidad no se remedia con una aprobación de parte de la Legislatura”.
“El gobernador debería plantearle a Nación todas las cuestiones del acuerdo que están fuera de la ley o caso contrario tendría que revertirlo, que la provincia llame a licitación y ver si realmente la oferta de Chevron es la mejor”, dijo Etcheverry.
El impacto del marco jurídico
Otro punto que también generó resquemor en las filas opositoras es que el acuerdo se regirá por una ley francesa, según publicó hoy Clarín.
El matutino contó que desde YPF aclararon que los acuerdos de este tipo siempre funcionan de esta manera. Sin embargo, Giubergia advirtió que “no hay motivos para declinar de la jurisdicción nacional, menos en un tema estratégico como el de los hidrocarburos”.
Ahora bien, ¿podría impactar esta sujeción en los litigios internacionales que mantiene el país en el exterior, como por ejemplo en el Ciadi o en Nueva York con los Fondos buitre? Consultado por LPO, Eugenio Bruno, abogado del Estudio Garrido, sostuvo que “en principio no afectaría”.
“YPF es una Sociedad Anónima, separada del Estado Nacional y por lo tanto sus activos no son embargables”, argumentó. “Distinto es el caso de los ADRs, de los que el gobierno es tenedor”, amplió.
Daño ambiental y divisas
Desde Coalición Sur, la lista que presentaron en forma conjunta Pino Solanas y Elisa Carrió, dispararon contra la libre disponibilidad del 100% de las divisas resultantes de estas exportaciones, lo cual "viola la Ley Nacional 17139 de hidrocarburos y constituye un acto de neocolonialismo puro ya que esas divisas JAMAS volverán a la Argentina”, expresaron en un comunicado.
En el texto señalaron además que "abre en nuestro país la puerta al fracking, una técnica que ya fue prohibida en Francia por el daño ambiental que esta provoca (equivalente al de la minería a cielo abierto)". "El uso masivo del fracking condenará a las comunidades Mapuches residentes en el área de Vaca Muerta a abandonar sus tierras ancestrales o morir por el envenenamiento de la escasa agua de la región con hidrocarburos y metales pesados”, expresaron.
También se comprometieron a derogar el decreto 929, que representa a su juicio “la continuación de la entrega del patrimonio nacional iniciada por el menemismo a cambio de promesas de inversiones y del lavado de dinero de evasores y narcotraficantes".