El Gobierno promulgó la reforma de la Magistratura y ya presentan impugnaciones
Cristina Kirchner publicó un decreto en el que convoca a la elección de consejeros junto a las legislativas. La boleta estará encabezada por los académicos, donde el kirchnerismo busca colocar a figuras políticas. La oposición prepara una avalancha de amparos. El Colegio de Abogados presentó la primera impugnación.
Un día antes de que la reforma del Consejo de la Magistratura se promulgue de hecho, el Gobierno lo hizo hoy a través del Boletín Oficial y dispuso que las elecciones de consejeros se realicen conjuntamente con las legislativas del 27 de octubre, luego de votar a los candidatos en las primarias del 11 de agosto.
A través del decreto 576, la presidenta promulgó la ley 26.855, sancionada el 8 de mayo, que entre otras medidas dispone la ampliación del número de miembros del organismo y establece la elección por voto popular de los representantes de abogados, jueces y académicos. Y mediante el decreto 577, publicado en el Boletín Oficial, la Presidenta convocó a las elecciones de consejeros, en conjunto con los comicios legislativos.
Este último establece en su artículo 5 la aplicación del cupo femenino que rige para toda elección y en el 6 que la boleta de consejeros irá adherida “a la derecha de las candidaturas de diputados nacionales de la agrupación por la que son postulados”.
En las intenciones del Gobierno de nacionalizar y convertir esta elección casi en un plebiscito, será clave el artículo 8, que establece que serán los académicos y científicos quienes encabecen esta parte de la boleta. Luego irán los jueces y abogados.
Como explicó LPO cuando todavía no se había aprobado la ley, el kirchnerismo flexibilizó al máximo los requisitos para los "académicos" y "científicos" de modo tal de poder incluir a políticos en esa lista. A partir de ahora los representantes de esos ámbitos podrán ser quienes tengan "amplia y reconocida trayectoria en alguna de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente”.
Hasta ahora el requisito era ser “representante del ámbito académico y científico que deberá ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual será elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional”.
De esta forma, el Gobierno terminó de concretar su intención de cambiar el eje de los próximos comicios. De una elección distrital en la que se elegían legisladores, ahora se le agrega una parte de la boleta que estará en todo el país y con figuras que podrán ser políticos con cualquier título universitario, es decir la gran mayoría.
Para terminar la maniobra, el oficialismo dispuso dos medidas para complicar las alianzas opositoras. En principio se estableció que los candidatos al Consejo no podrán presentarse en más de una boleta. Luego se le agregó a la norma la exigencia de que sólo podrán presentar candidatos las alianzas o partidos con representación en al menos 18 distritos.
Avalancha de impugnaciones
Como se había anunciado desde la aprobación legislativa de la ley, la reforma del Consejo de la Magistratura vendrá acompañada de una avalancha de impugnaciones judiciales en todo el país.
La primera presentación fue realizada apenas unas horas después de la publicación en el Boletín Oficial y la realizó el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo. El abogado explicó que está en Tribunales a la espera de que lo autoricen a presenciar el sorteo de su amparo. "El pedido no es sobre todo el proyecto, sino sobre los artículos que afectan a los abogados", explicó Rizzo en declaraciones radiales. Además, indicó que si la impugnación no avanza, presentaría un pedido de inconstitucionalidad.
En tanto, titular de la Asociación de Magistrados anticipó que hará lo mismo en las próximas horas. "Si no se nos concede la cautelar, vamos a reclamar ante las otras vías la aplicación. No se puede llevar adelante un proceso que la Constitución no prevé. La única que puede prever la elección de autoridades es la Constitución misma", aseguró en radio La Red. "La medida cautelar que vamos a solicitar hoy mismo no es lo sustancial. Acá lo sustancial es el fondo del asunto y debe ser resuelto inmediatamente", completó.
Mientras tanto, la oposición ya prepara sus propios amparos. Como adelantó LPO semanas atrás, opositores realizarán presentaciones simultáneas en todo el país. “Tenemos calculado que el 28 será ley así que ese día la UCR hará presentaciones en los tribunales federales de las 24 provincias. El resto de los partidos, los colegios de abogados y de magistrados intentarán lo mismo”, había dicho a este medio el diputado radical Juan Tunessi.
Esta mañana, la legisladora de Unión Por Todos Patricia Bullrich anunció que mañana a las 10 realizará la presentación de un pedido de incostitucionalidad. Tunessi y Bullrich eran junto a Enrique Thomas (Peronismo Federal) y el denarvaísta Gustavo Ferrari los encargados de articular la estrategia de la oposición.
Cerca del mediodía, el presidente del Comité Nacional de la UCR, Mario Barletta, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma del Consejo y una medida cautelar para que se suspenda la convocatoria a elecciones de sus miembros. El planteo quedó radicado en el Juzgado con competencia electoral de la Capital Federal, a cargo de la Jueza María Servini de Cubría.
La estrategia oficial de esperar hasta último momento para promulgar la norma tuvo como objetivo tratar de acortar los tiempos judiciales y juntarlos con las fechas límites para la presentación de alianzas (el 12 de junio) y de candidatos (el 22 de junio).
Si algún juez de primera instancia impugna la norma, el oficialismo tendrá la alternativa de recurrir a los tribunales intermedios o directamente a la Corte Suprema a través de un per saltum. Algunas voces del kirchnerismo sostienen que esta última será la alternativa elegida y hay confianza en que el máximo tribunal la avale.
La confianza surge luego de un acuerdo sellado entre Cristina Kirchner y Ricardo Lorenzetti para modificar varios puntos de la denominada "Reforma de la Justicia". El principal cambio al proyecto original fue que la Corte logró asegurarse el manejo del presupuesto judicial, algo que iba a pasar a manos del Consejo de la Magistratura.
A través del decreto 576, la presidenta promulgó la ley 26.855, sancionada el 8 de mayo, que entre otras medidas dispone la ampliación del número de miembros del organismo y establece la elección por voto popular de los representantes de abogados, jueces y académicos. Y mediante el decreto 577, publicado en el Boletín Oficial, la Presidenta convocó a las elecciones de consejeros, en conjunto con los comicios legislativos.
Este último establece en su artículo 5 la aplicación del cupo femenino que rige para toda elección y en el 6 que la boleta de consejeros irá adherida “a la derecha de las candidaturas de diputados nacionales de la agrupación por la que son postulados”.
En las intenciones del Gobierno de nacionalizar y convertir esta elección casi en un plebiscito, será clave el artículo 8, que establece que serán los académicos y científicos quienes encabecen esta parte de la boleta. Luego irán los jueces y abogados.
Como explicó LPO cuando todavía no se había aprobado la ley, el kirchnerismo flexibilizó al máximo los requisitos para los "académicos" y "científicos" de modo tal de poder incluir a políticos en esa lista. A partir de ahora los representantes de esos ámbitos podrán ser quienes tengan "amplia y reconocida trayectoria en alguna de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente”.
Hasta ahora el requisito era ser “representante del ámbito académico y científico que deberá ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual será elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional”.
De esta forma, el Gobierno terminó de concretar su intención de cambiar el eje de los próximos comicios. De una elección distrital en la que se elegían legisladores, ahora se le agrega una parte de la boleta que estará en todo el país y con figuras que podrán ser políticos con cualquier título universitario, es decir la gran mayoría.
Para terminar la maniobra, el oficialismo dispuso dos medidas para complicar las alianzas opositoras. En principio se estableció que los candidatos al Consejo no podrán presentarse en más de una boleta. Luego se le agregó a la norma la exigencia de que sólo podrán presentar candidatos las alianzas o partidos con representación en al menos 18 distritos.
Avalancha de impugnaciones
Como se había anunciado desde la aprobación legislativa de la ley, la reforma del Consejo de la Magistratura vendrá acompañada de una avalancha de impugnaciones judiciales en todo el país.
La primera presentación fue realizada apenas unas horas después de la publicación en el Boletín Oficial y la realizó el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo. El abogado explicó que está en Tribunales a la espera de que lo autoricen a presenciar el sorteo de su amparo. "El pedido no es sobre todo el proyecto, sino sobre los artículos que afectan a los abogados", explicó Rizzo en declaraciones radiales. Además, indicó que si la impugnación no avanza, presentaría un pedido de inconstitucionalidad.
En tanto, titular de la Asociación de Magistrados anticipó que hará lo mismo en las próximas horas. "Si no se nos concede la cautelar, vamos a reclamar ante las otras vías la aplicación. No se puede llevar adelante un proceso que la Constitución no prevé. La única que puede prever la elección de autoridades es la Constitución misma", aseguró en radio La Red. "La medida cautelar que vamos a solicitar hoy mismo no es lo sustancial. Acá lo sustancial es el fondo del asunto y debe ser resuelto inmediatamente", completó.
Mientras tanto, la oposición ya prepara sus propios amparos. Como adelantó LPO semanas atrás, opositores realizarán presentaciones simultáneas en todo el país. “Tenemos calculado que el 28 será ley así que ese día la UCR hará presentaciones en los tribunales federales de las 24 provincias. El resto de los partidos, los colegios de abogados y de magistrados intentarán lo mismo”, había dicho a este medio el diputado radical Juan Tunessi.
Esta mañana, la legisladora de Unión Por Todos Patricia Bullrich anunció que mañana a las 10 realizará la presentación de un pedido de incostitucionalidad. Tunessi y Bullrich eran junto a Enrique Thomas (Peronismo Federal) y el denarvaísta Gustavo Ferrari los encargados de articular la estrategia de la oposición.
Cerca del mediodía, el presidente del Comité Nacional de la UCR, Mario Barletta, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma del Consejo y una medida cautelar para que se suspenda la convocatoria a elecciones de sus miembros. El planteo quedó radicado en el Juzgado con competencia electoral de la Capital Federal, a cargo de la Jueza María Servini de Cubría.
La estrategia oficial de esperar hasta último momento para promulgar la norma tuvo como objetivo tratar de acortar los tiempos judiciales y juntarlos con las fechas límites para la presentación de alianzas (el 12 de junio) y de candidatos (el 22 de junio).
Si algún juez de primera instancia impugna la norma, el oficialismo tendrá la alternativa de recurrir a los tribunales intermedios o directamente a la Corte Suprema a través de un per saltum. Algunas voces del kirchnerismo sostienen que esta última será la alternativa elegida y hay confianza en que el máximo tribunal la avale.
La confianza surge luego de un acuerdo sellado entre Cristina Kirchner y Ricardo Lorenzetti para modificar varios puntos de la denominada "Reforma de la Justicia". El principal cambio al proyecto original fue que la Corte logró asegurarse el manejo del presupuesto judicial, algo que iba a pasar a manos del Consejo de la Magistratura.