Reforma al consejo de la Magistratura: en América Latina no se elige por voto popular
La Fundación Bicentenario realizó un análisis luego del anuncio de Cristina Kirchner. Ocho países tienen organismos similares al Consejo de la Magistratura argentino, pero en ninguno se elige mediante el voto. Sólo en Bolivia se vota a los jueces.
El estudio de la Fundación Bicentenario se basa en el análisis de 21 países de América Latina y el Caribe. En ocho de esas naciones existen organismos independientes del Poder Ejecutivo que tienen por función específica la designación de jueces: Ecuador, Colombia, El Salvador, México, Venezuela, Paraguay, Perú y Argentina.
Estos Consejos de la Magistratura o similares tienen conformaciones variadas, pero un elemento en común: ninguno prevé la elección de sus miembros a través de voto popular. O participa el poder político o son electos por sus pares, sostiene el trabajo.
En el resto de los casos, las designaciones de los jueces son variadas. Solo en Bolivia son electos por voto popular, aunque los candidatos deben ser previamente aprobados por la Asamblea Legislativa. "El \'filtro\' al que deben someterse los candidatos pone en duda la imparcialidad de los nominados y su independencia del Poder Ejecutivo, toda vez que el partido gobernante tiene también mayoría en el Legislativo, y por lo tanto, poder de veto sobre eventuales postulantes no afines", afirma el trabajo.
En Chile, Uruguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá los jueces de instancias inferiores son designados a propuesta de la Corte Suprema. Mientras que en Cuba, Haití, Puerto Rico y Costa Rica la elección recae en el Poder Legislativo. En Brasil, los jueces son nombrados por el Presidente.
"Esta realidad latinoamericana contrasta hoy con la voluntad presidencial de impulsar este cambio en nuestro sistema de selección de jueces. Sorprende que una iniciativa de esta naturaleza no tengo un solo estado integrante del Unasur para citar como antecedente", concluye el trabajo.
Finalmente, otra de las posiciones que marca el estudio es que "de la actual composición del Consejo de la Magistratura surge inmediatamente como conclusión que 10 de sus 13 miembros, directa o indirectamente, representan la voluntad popular. En el caso de los 6 legisladores y en el único representante del Poder Ejecutivo, no hay dudas. Los 3 jueces federales son miembros del Poder Judicial y por lo tanto en su elección han intervenido tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo".
Estos Consejos de la Magistratura o similares tienen conformaciones variadas, pero un elemento en común: ninguno prevé la elección de sus miembros a través de voto popular. O participa el poder político o son electos por sus pares, sostiene el trabajo.
En el resto de los casos, las designaciones de los jueces son variadas. Solo en Bolivia son electos por voto popular, aunque los candidatos deben ser previamente aprobados por la Asamblea Legislativa. "El \'filtro\' al que deben someterse los candidatos pone en duda la imparcialidad de los nominados y su independencia del Poder Ejecutivo, toda vez que el partido gobernante tiene también mayoría en el Legislativo, y por lo tanto, poder de veto sobre eventuales postulantes no afines", afirma el trabajo.
En Chile, Uruguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá los jueces de instancias inferiores son designados a propuesta de la Corte Suprema. Mientras que en Cuba, Haití, Puerto Rico y Costa Rica la elección recae en el Poder Legislativo. En Brasil, los jueces son nombrados por el Presidente.
"Esta realidad latinoamericana contrasta hoy con la voluntad presidencial de impulsar este cambio en nuestro sistema de selección de jueces. Sorprende que una iniciativa de esta naturaleza no tengo un solo estado integrante del Unasur para citar como antecedente", concluye el trabajo.
Finalmente, otra de las posiciones que marca el estudio es que "de la actual composición del Consejo de la Magistratura surge inmediatamente como conclusión que 10 de sus 13 miembros, directa o indirectamente, representan la voluntad popular. En el caso de los 6 legisladores y en el único representante del Poder Ejecutivo, no hay dudas. Los 3 jueces federales son miembros del Poder Judicial y por lo tanto en su elección han intervenido tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo".