Santa Fe: la legislatura trata los vínculos de un asesor de Binner con los narcos
La Comisión de Seguridad recibirá al periodista Carlos Del Frade, quien reveló escuchas que involucran con las redes del narcotráfico a Marcos Escajadillo, cercano a Binner. Las sospechas surge porque una acusada de encubrimiento sería pariente cercana.
El periodista e investigador Carlos del Frade, quien señaló a un funcionario íntimo de Binner, Marcos Escajadillo, de tener presuntas vinculaciones con las redes de narcotráfico, será interpelado por Diputados provinciales.
Carlos del Frade se presentará mañana ante la Comisión de Seguridad de la Legislatura Provincial, sede Rosario, para exponer todas sus investigaciones en torno al narcotráfico en la Provincia de Santa Fe y sus supuestas vinculaciones con la Policía santafecina y funcionarios del gobierno.
Del Frade, quien investiga desde la década del 90 las rutas del narcotráfico en el sur santafecino, acaba de publicar en la revista El Guardián, junto a Mauro Federico, un avance del trabajo periodístico que vienen desarrollando juntos y que mañana, del Frade ampliará frente a los legisladores.
En el informe, los periodistas precisan datos estremecedores sobre la inserción del tráfico de drogas en la región y afirman que en Rosario operan 400 “kioscos” que recaudan, anualmente, cerca de 2 mil millones de pesos.
El complejo entramado está dejando al descubierto vínculos con la policía, el poder político, sectores del poder judicial, empresarios y estudios jurídicos y contables.
Tal como informó en su oportunidad LPO, los nexos comienzan a salpicar a importantes funcionarios provinciales como en el caso de Marcos Escajadillo y la presunción de que Sofía Laffatigue, novia de Maximiliano “Quemadito” Rodriguez, (ver El "Quemadito" y el triple crimen de Moreno) acusada de encubrimiento, sea una pariente cercana a otro funcionario provincial.
Los crímenes cotidianos que conmocionan a Rosario y que en el fin de semana último se cobró cuatro víctimas, dan cuenta de la lucha territorial desatada entre bandas por el control del narcotráfico.
La criminalidad ha posicionando a Santa Fe en un incómodo primer lugar de homicidios con índices que triplican la media nacional y que van en aumento, según se afirma en el informe publicado.
La investigación federal, que se está tramitando en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12 a cargo del Dr. Sergio Torres, fue iniciada por dos funcionarios del gobierno nacional quienes pidieron no ser mencionados.
En la causa, se relata una trama donde se describe no solo la ruta del narcotráfico sino también la venta ilegal de armas de guerra y la relación entre el clan Cantero, asentado en barrio Las Flores, con el conocido grupo brasileño “Comando Vermelho” que opera en favelas de Río de Janeiro.
La suerte de Escajadillo
Desde la explosión mediática del caso Tognolli, el único funcionario separado de su cargo fue Marcos Escajadillo. Hoy, cumple funciones en Defensa Civil. Desde allí tejió vínculos con la cúpula de Bomberos Voluntarios de la provincia: los policías Víctor Hugo Vargas y Sebastián Méndez.
“Todos sabemos que están vinculados a Escajadillo y, lamentablemente, hay que decir que existen denuncias que hablan de la utilización de las instalaciones y algunos bienes de la institución (Bomberos Voluntarios) a favor de negocios ilegales como el tráfico de armas y hasta se habla de narcotráfico” se animó a decir el comisario Rubén Criscenti a los periodistas del Frade y Federico.
Por otro lado, testigos de la causa seguida por el juez Torres, afirman haber visto, varias veces en los últimos cinco años, a Escajadillo en una cueva financiera ubicada en el subsuelo de San Martín 783 cambiando grandes cantidades de pesos por dólares. En la misma se menciona hasta seis millones de pesos.
En el expediente también constan los celulares y nombres de las personas que presuntamente el funcionario contactó para realizar las operaciones financieras.
Esperanto
Por el lado de los negocios, uno de los emprendimientos que figura en la causa, es la cuestionada instalación del boliche Esperanto en Rosario que según el expediente, en la inversión se habrían utilizado fondos provenientes de actividades ilícitas.
Luis Alberto Medina junto a Germán Tobo y Hernán Capucci fueron quienes adquirieron la franquicia para instalar Esperanto en Rosario. Por la misma abonaron 250 mil dólares al dueño de la firma: Leo Battaglia. Según el informe de del Frade y Federico, la sociedad habría abonado 50 mil dólares más a Battaglia como gesto de gratificación.
A Medina se le atribuyen las propiedades de varios vehículos de lujo, presuntamente adquiridos con fondos provenientes de actividades no declaradas.
Luego, el artículo amplía los negocios de Medina: En varios de sus emprendimientos registrados, como las sociedades Lumed y Yazmin, el nombre de Medina aparece junto al de su compañera Daniela Natalia Ungaro, integrante de una conocida familia rosarina ligada al delito. Además de haber estado ella misma detenida en varias oportunidades acusada de distintos ilícitos, Daniela es hermana de Lelio “Chapita” Ungaro a quien se vinculó con el asesinato del ex líder de la barra brava de Ñuls, Roberto “Pimpi” Camino, en marzo de 2010.
La contundencia de los números
Los investigadores han tomado un caso testigo: un búnker de Boulevard Avellaneda al 4.000 de la ciudad de Rosario, para analizar las cifras que implican el tráfico de drogas en la región:
“La protección de la comisaría asciende a 1500 pesos por día. Un soldadito armado cuesta 300 pesos diarios. Uno desarmado, 150 pesos diarios. Un cuidador y vendedor adentro del búnker cuesta 400 pesos diarios. Si es menor cuesta 200 pesos” describe la nota.
Respecto de la comercialización de la droga, explica que un kilo de cocaína de buena calidad cuesta 6.500 pesos y se suele cortar en cuartos. Cada “kiosko” o búnker deja 25 mil pesos por día. Uno intermedio, 12 mil por día.
El informe termina indicando que a pesar que haya 132 kioscos geoposicionados, con el nombre del soldadito a cargo y a la banda a la que pertenece, se calculan que en Rosario operan unos 400 puestos de ventas de drogas. La cifra rondaría entre los 1800 y 2000 millones de pesos por año.
Carlos del Frade se presentará mañana ante la Comisión de Seguridad de la Legislatura Provincial, sede Rosario, para exponer todas sus investigaciones en torno al narcotráfico en la Provincia de Santa Fe y sus supuestas vinculaciones con la Policía santafecina y funcionarios del gobierno.
Del Frade, quien investiga desde la década del 90 las rutas del narcotráfico en el sur santafecino, acaba de publicar en la revista El Guardián, junto a Mauro Federico, un avance del trabajo periodístico que vienen desarrollando juntos y que mañana, del Frade ampliará frente a los legisladores.
En el informe, los periodistas precisan datos estremecedores sobre la inserción del tráfico de drogas en la región y afirman que en Rosario operan 400 “kioscos” que recaudan, anualmente, cerca de 2 mil millones de pesos.
El complejo entramado está dejando al descubierto vínculos con la policía, el poder político, sectores del poder judicial, empresarios y estudios jurídicos y contables.
Tal como informó en su oportunidad LPO, los nexos comienzan a salpicar a importantes funcionarios provinciales como en el caso de Marcos Escajadillo y la presunción de que Sofía Laffatigue, novia de Maximiliano “Quemadito” Rodriguez, (ver El "Quemadito" y el triple crimen de Moreno) acusada de encubrimiento, sea una pariente cercana a otro funcionario provincial.
Los crímenes cotidianos que conmocionan a Rosario y que en el fin de semana último se cobró cuatro víctimas, dan cuenta de la lucha territorial desatada entre bandas por el control del narcotráfico.
La criminalidad ha posicionando a Santa Fe en un incómodo primer lugar de homicidios con índices que triplican la media nacional y que van en aumento, según se afirma en el informe publicado.
La investigación federal, que se está tramitando en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12 a cargo del Dr. Sergio Torres, fue iniciada por dos funcionarios del gobierno nacional quienes pidieron no ser mencionados.
En la causa, se relata una trama donde se describe no solo la ruta del narcotráfico sino también la venta ilegal de armas de guerra y la relación entre el clan Cantero, asentado en barrio Las Flores, con el conocido grupo brasileño “Comando Vermelho” que opera en favelas de Río de Janeiro.
La suerte de Escajadillo
Desde la explosión mediática del caso Tognolli, el único funcionario separado de su cargo fue Marcos Escajadillo. Hoy, cumple funciones en Defensa Civil. Desde allí tejió vínculos con la cúpula de Bomberos Voluntarios de la provincia: los policías Víctor Hugo Vargas y Sebastián Méndez.
“Todos sabemos que están vinculados a Escajadillo y, lamentablemente, hay que decir que existen denuncias que hablan de la utilización de las instalaciones y algunos bienes de la institución (Bomberos Voluntarios) a favor de negocios ilegales como el tráfico de armas y hasta se habla de narcotráfico” se animó a decir el comisario Rubén Criscenti a los periodistas del Frade y Federico.
Por otro lado, testigos de la causa seguida por el juez Torres, afirman haber visto, varias veces en los últimos cinco años, a Escajadillo en una cueva financiera ubicada en el subsuelo de San Martín 783 cambiando grandes cantidades de pesos por dólares. En la misma se menciona hasta seis millones de pesos.
En el expediente también constan los celulares y nombres de las personas que presuntamente el funcionario contactó para realizar las operaciones financieras.
Esperanto
Por el lado de los negocios, uno de los emprendimientos que figura en la causa, es la cuestionada instalación del boliche Esperanto en Rosario que según el expediente, en la inversión se habrían utilizado fondos provenientes de actividades ilícitas.
Luis Alberto Medina junto a Germán Tobo y Hernán Capucci fueron quienes adquirieron la franquicia para instalar Esperanto en Rosario. Por la misma abonaron 250 mil dólares al dueño de la firma: Leo Battaglia. Según el informe de del Frade y Federico, la sociedad habría abonado 50 mil dólares más a Battaglia como gesto de gratificación.
A Medina se le atribuyen las propiedades de varios vehículos de lujo, presuntamente adquiridos con fondos provenientes de actividades no declaradas.
Luego, el artículo amplía los negocios de Medina: En varios de sus emprendimientos registrados, como las sociedades Lumed y Yazmin, el nombre de Medina aparece junto al de su compañera Daniela Natalia Ungaro, integrante de una conocida familia rosarina ligada al delito. Además de haber estado ella misma detenida en varias oportunidades acusada de distintos ilícitos, Daniela es hermana de Lelio “Chapita” Ungaro a quien se vinculó con el asesinato del ex líder de la barra brava de Ñuls, Roberto “Pimpi” Camino, en marzo de 2010.
La contundencia de los números
Los investigadores han tomado un caso testigo: un búnker de Boulevard Avellaneda al 4.000 de la ciudad de Rosario, para analizar las cifras que implican el tráfico de drogas en la región:
“La protección de la comisaría asciende a 1500 pesos por día. Un soldadito armado cuesta 300 pesos diarios. Uno desarmado, 150 pesos diarios. Un cuidador y vendedor adentro del búnker cuesta 400 pesos diarios. Si es menor cuesta 200 pesos” describe la nota.
Respecto de la comercialización de la droga, explica que un kilo de cocaína de buena calidad cuesta 6.500 pesos y se suele cortar en cuartos. Cada “kiosko” o búnker deja 25 mil pesos por día. Uno intermedio, 12 mil por día.
El informe termina indicando que a pesar que haya 132 kioscos geoposicionados, con el nombre del soldadito a cargo y a la banda a la que pertenece, se calculan que en Rosario operan unos 400 puestos de ventas de drogas. La cifra rondaría entre los 1800 y 2000 millones de pesos por año.