La justicia confirmó embargo a Chevron y puso en crisis acuerdo con YPF
La Cámara Civil confirmó el embargo de todos los activos de la petrolera norteamericana en el país –valuados en unos u$s 2.000 millones-, por el caso de contaminación en el Amazonas ecuatoriano. La decisión pone en riesgo la asociación con YPF para explotar el yacimiento de Vaca Muerta, la gran apuesta de Cristina y Galuccio para reposicionar a la petrolera.
Para un gobierno al que se acusa de manejar la justicia, el fallo no pudo ser mas exculpatorio. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, ratificó el mebargo a todos los bienes de la petrolera Chevron en la Argentina, que se estiman en unos u$s 2.000 millones.
Es que la decisión de los tres camaristas pone en crisis una de las apuestas centrales de la administración kirchnerista: la asociación entre YPF y la petrolera norteamericana para explotar el megayacimiento de shale gas y petróleo de Vaca Muerta.
Hasta ahora el tenue acuerdo de promesa de inversión por u$s 1000 millones para la zona es lo único más o menos concreto que pudo mostrar el CEO de YPF, Miguel Galuccio. Se trata de una cifra ínfima en relación a lo que hace falta para poner en valor el yacimiento, que según comentan en el sector requiere inversiones reales por unos u$s 20 mil millones.
Galuccio exhibió el exploratorio acuerdo con Chevrón como una manera de romper el aislamiento internacional que sufre YPF luego de la expropiación a Repsol.
Es muy difícil para el CEO de YPF conseguir socios que estén dispuestos a invertir miles de millones de dólares en un país que acaba de expropiar a YPF y que además prohíbe de facto el giro de dividendos del exterior. Sin mencionar los problemas que suma una macroeconomía que no logra salir de la alta inflación.
En ese marco, el fallo de la Cámara Civil termina de poner en crisis la apuesta de Chevrón.
La causa
Se trata de una causa denunciada como “fraude judicial” por la petrolera norteamericana, originada en Ecuador, donde se acusa a Chevrón de realizar una mega contaminación en el Amazonas y se dispuso el embargo de sus activos globales por un total de u$s 19 mil millones.
No ayuda tampoco al gobierno argentino que uno de los grandes impulsores de este pleito sea un aliado muy cercano a Cristina Kirchner, como es su par ecuatoriano, el presidente Rafael Correa.
El abogado Enrique Brouchou que representa a los demandantes, anticipó que embargos similares se intentarán conseguir contra activos de la compañía en Canadá y Brazil en mayo y junio próximo. También hay planteados reclamos similares en Colombia y más adelante se accionará en Asia, Oceanía y Europa.
El juicio fue iniciado por comunidades indígenas ecuatorianas que acusaron a la petrolera Texaco de verter aguas contaminadas en su territorio y provocar daños en la salud de sus habitantes en las décadas de 1970 y 1980. Esa compañía fue adquirida posteriormente por Chevron.
El embargo confirmado en la Argentina afecta la totalidad de las acciones de Chevron Argentina, sus dividendos, una participación minoritaria en un oleoducto y el 40% de sus ventas de petróleo.
El fallo había sido apelado por dos unidades de la petrolera en el país, Chevron Argentina e Ing. Norberto Priú, que argumentaron que Chevron Corp, la demandada en Ecuador, no es dueña directa de activos en Argentina. La Justicia argentina rechazó ese argumento y sentó un precedente que los abogados de los demandantes usarán cuando accionen contra los activos de la petrolera en otras partes del mundo.
Bruchou dijo que esperan que el fallo ayude a la empresa, y en particular a su Comité Auditor y sus auditores, a enfocarse en la necesidad de reconocer y provisionar la pérdida en sus resultados financieros del 2012, en cumplimiento de las reglas de la SEC y las prácticas contables generalmente aceptadas en los Estados Unidos.
Agregó que según las normas de los reguladores norteamericanos, cuando una pérdida es probable y el monto puede ser razonablemente estimado la empresa debe reconocerla y contabilizarla en sus estados financieros. Vemos aquí mucho más que un mero probable resultado negativo de un litigio pendiente, dijo Bruchou.
La petrolera se limitó a responder en una nota enviada a Reuters que Chevron Argentina tiene la intención de perseguir todos los remedios legales disponibles para revertir la medidade la cámara, que consideró de carácter cautelar.
Es que la decisión de los tres camaristas pone en crisis una de las apuestas centrales de la administración kirchnerista: la asociación entre YPF y la petrolera norteamericana para explotar el megayacimiento de shale gas y petróleo de Vaca Muerta.
Hasta ahora el tenue acuerdo de promesa de inversión por u$s 1000 millones para la zona es lo único más o menos concreto que pudo mostrar el CEO de YPF, Miguel Galuccio. Se trata de una cifra ínfima en relación a lo que hace falta para poner en valor el yacimiento, que según comentan en el sector requiere inversiones reales por unos u$s 20 mil millones.
Galuccio exhibió el exploratorio acuerdo con Chevrón como una manera de romper el aislamiento internacional que sufre YPF luego de la expropiación a Repsol.
Es muy difícil para el CEO de YPF conseguir socios que estén dispuestos a invertir miles de millones de dólares en un país que acaba de expropiar a YPF y que además prohíbe de facto el giro de dividendos del exterior. Sin mencionar los problemas que suma una macroeconomía que no logra salir de la alta inflación.
En ese marco, el fallo de la Cámara Civil termina de poner en crisis la apuesta de Chevrón.
La causa
Se trata de una causa denunciada como “fraude judicial” por la petrolera norteamericana, originada en Ecuador, donde se acusa a Chevrón de realizar una mega contaminación en el Amazonas y se dispuso el embargo de sus activos globales por un total de u$s 19 mil millones.
No ayuda tampoco al gobierno argentino que uno de los grandes impulsores de este pleito sea un aliado muy cercano a Cristina Kirchner, como es su par ecuatoriano, el presidente Rafael Correa.
El abogado Enrique Brouchou que representa a los demandantes, anticipó que embargos similares se intentarán conseguir contra activos de la compañía en Canadá y Brazil en mayo y junio próximo. También hay planteados reclamos similares en Colombia y más adelante se accionará en Asia, Oceanía y Europa.
El juicio fue iniciado por comunidades indígenas ecuatorianas que acusaron a la petrolera Texaco de verter aguas contaminadas en su territorio y provocar daños en la salud de sus habitantes en las décadas de 1970 y 1980. Esa compañía fue adquirida posteriormente por Chevron.
El embargo confirmado en la Argentina afecta la totalidad de las acciones de Chevron Argentina, sus dividendos, una participación minoritaria en un oleoducto y el 40% de sus ventas de petróleo.
El fallo había sido apelado por dos unidades de la petrolera en el país, Chevron Argentina e Ing. Norberto Priú, que argumentaron que Chevron Corp, la demandada en Ecuador, no es dueña directa de activos en Argentina. La Justicia argentina rechazó ese argumento y sentó un precedente que los abogados de los demandantes usarán cuando accionen contra los activos de la petrolera en otras partes del mundo.
Bruchou dijo que esperan que el fallo ayude a la empresa, y en particular a su Comité Auditor y sus auditores, a enfocarse en la necesidad de reconocer y provisionar la pérdida en sus resultados financieros del 2012, en cumplimiento de las reglas de la SEC y las prácticas contables generalmente aceptadas en los Estados Unidos.
Agregó que según las normas de los reguladores norteamericanos, cuando una pérdida es probable y el monto puede ser razonablemente estimado la empresa debe reconocerla y contabilizarla en sus estados financieros. Vemos aquí mucho más que un mero probable resultado negativo de un litigio pendiente, dijo Bruchou.
La petrolera se limitó a responder en una nota enviada a Reuters que Chevron Argentina tiene la intención de perseguir todos los remedios legales disponibles para revertir la medidade la cámara, que consideró de carácter cautelar.