Discapacidad: con el aval del Gobierno, las obras sociales ya cortan servicios
A pesar de que la Superintendencia de Salud suspendió la resolución que recortaba las prestaciones para las personas con discapacidad, las obras sociales ya comunicaron la baja de varios beneficios como tratamientos médicos o transporte. "Eso pasa porque hay un manejo discrecional con las obras sociales amigas", dijeron desde las entidades del sector, que quieren una nueva medida "en 15 días".
A pesar de que la Superintendencia de Salud decidió suspender hasta el 30 de noviembre la polémica resolución 1200 que modifica aspectos esenciales de la ley que asiste a personas con discapacidad, las obra sociales comenzaron a cortar prestaciones básicas.
Desde las entidades señalaron que “las obras sociales aprovechan cualquier eventualidad para no prestar servicios” y pidieron que en 15 días el Gobierno emita una nueva medida que deje afuera al sector.
El conflicto comenzó a principios de mes cuando la Superintendencia emitió la resolución 1200/12 que crea el Sistema Único de Reintegros (SUR) que viene a reemplazar a la cuestionada APE que fue disuelta en medio de sospechas de corrupción.
Este nuevo escenario dejó prácticamente sin prestaciones a los discapacitados ya que la resolución 1200 modifica aspectos esenciales de la ley 24.901 de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
Esto motivó una airada respuesta de las dos CGT tanto la que lidera Hugo Moyano como la oficialista de Antonio Caló y el gobierno "suspendió" por 30 días la aplicación de la norma.
Ante la amenaza que esta resolución vuelva a cobrar vigencia, organizaciones que trabajan con chicos discapacitados marcharon a la Superintendencia de Salud y al Pami, donde denunciaron además que se cortaron los pagos a los prestadores.
La medida había sido firmada por la titular del organismo, Lilina Korenfeld, aunque el cerebro de la reforma es el titular del PAMI, Luciano Di Cesare, que avanza en el plan de quitarle fondos de obras sociales a los sindicatos.
En ese marco, los representantes de AIEPESA, CAIDIS y Obra Don Orione se reunieron el lunes con la titular de la Superintendencia de Salud, Beatriz Korenfeld y la presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Raquel Tiramonti, para llegar a un entendimiento. Allí, la titular de la Superintendencia prometió una nueva resolución que dejará afuera al sector de discapacidad.
Conflicto en pie
Pero mientras tanto, los beneficiarios ven cómo se recortan las prestaciones, como por ejemplo, la cobertura en colegios privados, el transporte a las instituciones educativas o la cobertura total de tratamientos médicos. A algunos transportistas ya les comunicaron que no se les pagará más el subsidio. A eso se le suma que en algunos casos las obras sociales avisaron que ya no cubrirán el total de los tratamientos médicos sino que los reintegros pasarán a ser del 60 o el 30 por ciento. Además, el Pami viene retrasando el pago a sus proveedores.
Por ejemplo, una mamá de un chico discapacitado contó al diario La Nación que “hace unos días, de la obra social llamaron al colegio de mi hijo para avisar que a partir del mes que viene no tendríamos más la cobertura de educación y transporte”.
Según las organizaciones, esto sucede porque “la resolución tiró por la borda esto y cada obra social interpreta como quiere”.
“Esto depende de la obra social, que están obligadas por las leyes 23.660 y 23.661 a prestar servicios. Lo que pasa que las obras sociales se refugian en la disposición. Antes reintegraban el cien por ciento de las prestaciones pero se hacía de forma discrecional, a las obra sociales amigas. De todos modos, con esto cumplían con sus obligaciones básicas, más allá de que algunos afiliados tenían que recurrir a la Justicia”, le dijo a La Política Online Eduardo Perazzo, del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Según Perazzo, “al haber un sistema tan discrecional que una obra social le puede decir al afiliado que el año que viene cortan las prestaciones”.
“Algunos aprovechan cualquier oportunidad para confundir al beneficiario, a algunos les molesta cubrir las prestaciones a pesar de que la 1200 fue dada de baja”, indicó Perazzo.
Por eso, las organizaciones quieren que en 15 días se dicte una nueva resolución “para que haya una señal clara y contundente de que esto se destrabó”.
“Al menos, las obras sociales lo pensarían dos veces. No es una bomba atómica, tiene que salir rápido, para que se solucione el problema. El viernes se firmó un acta, el lunes y martes hubo una reunión con nuestros representantes y fue un gesto que se sostiene a lo largo del tiempo, lo que nos daría una esperanza de que es probable que se resuelva el tema de la Superintendencia. La gente está bastante indignada”, relató Perazzo.
Sin embargo, las entidades son pesimistas a la hora de evaluar una salida al conflicto con el Pami. ES que el organismo sacó ayer un comunicado señalando que no había situación de riesgo para los discapcitados.
“Se ve que la conducción del Pami vive en Disney y las personas que marcharon, en otro planeta. La falta de comprensión de la necesidad genera mucha preocupación.
Para Di Césare pareciera que no hay ninguna necesidad por eso no quiere charlar. Por suerte, hay una mesa de trabajo forzada que es la del Directorio de Sistema Único, y ahí nos veremos las caras para chequear realidades”, cerró Perazzo.
Desde las entidades señalaron que “las obras sociales aprovechan cualquier eventualidad para no prestar servicios” y pidieron que en 15 días el Gobierno emita una nueva medida que deje afuera al sector.
El conflicto comenzó a principios de mes cuando la Superintendencia emitió la resolución 1200/12 que crea el Sistema Único de Reintegros (SUR) que viene a reemplazar a la cuestionada APE que fue disuelta en medio de sospechas de corrupción.
Este nuevo escenario dejó prácticamente sin prestaciones a los discapacitados ya que la resolución 1200 modifica aspectos esenciales de la ley 24.901 de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
Esto motivó una airada respuesta de las dos CGT tanto la que lidera Hugo Moyano como la oficialista de Antonio Caló y el gobierno "suspendió" por 30 días la aplicación de la norma.
Ante la amenaza que esta resolución vuelva a cobrar vigencia, organizaciones que trabajan con chicos discapacitados marcharon a la Superintendencia de Salud y al Pami, donde denunciaron además que se cortaron los pagos a los prestadores.
La medida había sido firmada por la titular del organismo, Lilina Korenfeld, aunque el cerebro de la reforma es el titular del PAMI, Luciano Di Cesare, que avanza en el plan de quitarle fondos de obras sociales a los sindicatos.
En ese marco, los representantes de AIEPESA, CAIDIS y Obra Don Orione se reunieron el lunes con la titular de la Superintendencia de Salud, Beatriz Korenfeld y la presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Raquel Tiramonti, para llegar a un entendimiento. Allí, la titular de la Superintendencia prometió una nueva resolución que dejará afuera al sector de discapacidad.
Conflicto en pie
Pero mientras tanto, los beneficiarios ven cómo se recortan las prestaciones, como por ejemplo, la cobertura en colegios privados, el transporte a las instituciones educativas o la cobertura total de tratamientos médicos. A algunos transportistas ya les comunicaron que no se les pagará más el subsidio. A eso se le suma que en algunos casos las obras sociales avisaron que ya no cubrirán el total de los tratamientos médicos sino que los reintegros pasarán a ser del 60 o el 30 por ciento. Además, el Pami viene retrasando el pago a sus proveedores.
Por ejemplo, una mamá de un chico discapacitado contó al diario La Nación que “hace unos días, de la obra social llamaron al colegio de mi hijo para avisar que a partir del mes que viene no tendríamos más la cobertura de educación y transporte”.
Según las organizaciones, esto sucede porque “la resolución tiró por la borda esto y cada obra social interpreta como quiere”.
“Esto depende de la obra social, que están obligadas por las leyes 23.660 y 23.661 a prestar servicios. Lo que pasa que las obras sociales se refugian en la disposición. Antes reintegraban el cien por ciento de las prestaciones pero se hacía de forma discrecional, a las obra sociales amigas. De todos modos, con esto cumplían con sus obligaciones básicas, más allá de que algunos afiliados tenían que recurrir a la Justicia”, le dijo a La Política Online Eduardo Perazzo, del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Según Perazzo, “al haber un sistema tan discrecional que una obra social le puede decir al afiliado que el año que viene cortan las prestaciones”.
“Algunos aprovechan cualquier oportunidad para confundir al beneficiario, a algunos les molesta cubrir las prestaciones a pesar de que la 1200 fue dada de baja”, indicó Perazzo.
Por eso, las organizaciones quieren que en 15 días se dicte una nueva resolución “para que haya una señal clara y contundente de que esto se destrabó”.
“Al menos, las obras sociales lo pensarían dos veces. No es una bomba atómica, tiene que salir rápido, para que se solucione el problema. El viernes se firmó un acta, el lunes y martes hubo una reunión con nuestros representantes y fue un gesto que se sostiene a lo largo del tiempo, lo que nos daría una esperanza de que es probable que se resuelva el tema de la Superintendencia. La gente está bastante indignada”, relató Perazzo.
Sin embargo, las entidades son pesimistas a la hora de evaluar una salida al conflicto con el Pami. ES que el organismo sacó ayer un comunicado señalando que no había situación de riesgo para los discapcitados.
“Se ve que la conducción del Pami vive en Disney y las personas que marcharon, en otro planeta. La falta de comprensión de la necesidad genera mucha preocupación.
Para Di Césare pareciera que no hay ninguna necesidad por eso no quiere charlar. Por suerte, hay una mesa de trabajo forzada que es la del Directorio de Sistema Único, y ahí nos veremos las caras para chequear realidades”, cerró Perazzo.