Repsol inicia su batalla judicial por YPF en el CIADI
Las autoridades de la petrolera de origen español darán los primeros pasos en su plan de elevar el caso a la corte internacional del CIADI, donde denunciarán la violación de los acuerdos suscriptos entre España y Argentina. Reclamarán el pago de 10.500 millones de dólares.
Repsol comenzará hoy, formalmente, su batalla judicial contra el Estado nacional en reclamo del pago de 10.500 millones de dólares "más los gastos ocasionados por los daños causados" por la estatización de YPF, según publicó el diario La Nación.
Las autoridades de la petrolera multinacional de origen español tienen previsto dar hoy los primeros pasos en su plan de elevar el caso a la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) , donde denunciarán la violación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) suscripto entre España y la Argentina hace 21 años.
La corporación dirigida por Antonio Brufau debió esperar hasta la oficialización de la ley de expropiación, que fue promulgada el viernes pasado -hoy se publica en el Boletín Oficial-, para iniciar acciones legales.
Este curso de acción, que había sido adelantado por el propio Brufau horas después de que la participación del 51% del paquete accionario que Repsol tenía en YPF fuera confiscado, sería atendido por el Ciadi en Washington en un plazo inferior a 6 meses.
La demora en el comienzo de este proceso obedece a que la compañía con sede central en Madrid tiene que cumplir antes con la obligación de enviar una misiva al gobierno argentino, en la que se notifiquen tanto los reclamos como la intención de la petrolera de recurrir al organismo de arbitraje para denunciar el despojo de sus títulos.
Si bien la denuncia ante el Ciadi será la principal medida judicial que asumirá Repsol, la prensa española destacó ayer que la petrolera persistirá en su anuncio inicial de llevar la batalla legal a los tribunales tanto argentinos como internacionales.
Ante la justicia, la empresa, que cuenta con el apoyo pleno y explícito del gobierno de Mariano Rajoy, exigirá no sólo el pago del "precio justo" que reclama desde el 17 de abril, sino también una suma, aún no determinada, por los daños causados a la compañía desde que se inició el conflicto con el gobierno argentino, en noviembre pasado.
Contra la intervención
Pero, además, la estrategia jurídica de Repsol incluirá una denuncia por la ocupación compulsiva de las oficinas de YPF en Puerto Madero, que se llevó a cabo en forma simultánea al anuncio oficial de la expropiación, el 16 de abril pasado.
Este hecho será tenido en cuenta especialmente en el tratamiento mediático de las maniobras judiciales contra el gobierno argentino, ya que el desalojo de los ejecutivos españoles del edificio porteño fue uno de los hechos más recordados y repudiados por la opinión pública española.
El ataque a través del Ciadi y de los tribunales ordinarios tendrá, además, su complemento en los recursos que presentarán los accionistas minoritarios de YPF, que ya habían adelantado su voluntad de exigir una compensación económica adecuada por parte del Estado argentino.
Los pequeños tenedores de títulos denunciarán el "pase forzoso" e inconsulto de sus acciones desde una empresa privada a una pública, y, también, las operaciones realizadas por el gobierno nacional que terminaron por derrumbar el valor de la acción.
En este sentido, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), anunció que empezará su reclamo judicial ante los tribunales argentinos, aunque no descarta presentarse más tarde ante la justicia internacional.
Las autoridades de la petrolera multinacional de origen español tienen previsto dar hoy los primeros pasos en su plan de elevar el caso a la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) , donde denunciarán la violación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) suscripto entre España y la Argentina hace 21 años.
La corporación dirigida por Antonio Brufau debió esperar hasta la oficialización de la ley de expropiación, que fue promulgada el viernes pasado -hoy se publica en el Boletín Oficial-, para iniciar acciones legales.
Este curso de acción, que había sido adelantado por el propio Brufau horas después de que la participación del 51% del paquete accionario que Repsol tenía en YPF fuera confiscado, sería atendido por el Ciadi en Washington en un plazo inferior a 6 meses.
La demora en el comienzo de este proceso obedece a que la compañía con sede central en Madrid tiene que cumplir antes con la obligación de enviar una misiva al gobierno argentino, en la que se notifiquen tanto los reclamos como la intención de la petrolera de recurrir al organismo de arbitraje para denunciar el despojo de sus títulos.
Si bien la denuncia ante el Ciadi será la principal medida judicial que asumirá Repsol, la prensa española destacó ayer que la petrolera persistirá en su anuncio inicial de llevar la batalla legal a los tribunales tanto argentinos como internacionales.
Ante la justicia, la empresa, que cuenta con el apoyo pleno y explícito del gobierno de Mariano Rajoy, exigirá no sólo el pago del "precio justo" que reclama desde el 17 de abril, sino también una suma, aún no determinada, por los daños causados a la compañía desde que se inició el conflicto con el gobierno argentino, en noviembre pasado.
Contra la intervención
Pero, además, la estrategia jurídica de Repsol incluirá una denuncia por la ocupación compulsiva de las oficinas de YPF en Puerto Madero, que se llevó a cabo en forma simultánea al anuncio oficial de la expropiación, el 16 de abril pasado.
Este hecho será tenido en cuenta especialmente en el tratamiento mediático de las maniobras judiciales contra el gobierno argentino, ya que el desalojo de los ejecutivos españoles del edificio porteño fue uno de los hechos más recordados y repudiados por la opinión pública española.
El ataque a través del Ciadi y de los tribunales ordinarios tendrá, además, su complemento en los recursos que presentarán los accionistas minoritarios de YPF, que ya habían adelantado su voluntad de exigir una compensación económica adecuada por parte del Estado argentino.
Los pequeños tenedores de títulos denunciarán el "pase forzoso" e inconsulto de sus acciones desde una empresa privada a una pública, y, también, las operaciones realizadas por el gobierno nacional que terminaron por derrumbar el valor de la acción.
En este sentido, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), anunció que empezará su reclamo judicial ante los tribunales argentinos, aunque no descarta presentarse más tarde ante la justicia internacional.