Derrota judicial de Cristóbal, la Cámara anuló un fallo de Oyarbide que lo favorecía
En un fallo muy duro en el que acusó a Norberto Oyarbide de "arbitrario" la Sala II de la Cámara Federal revocó un pronunciamiento del juez que favorecía a Cristóbal López en el juicio por la licitación del control de apuestas online que Lotería Nacional otorgó al empresario kirchnerista. Además, apartó al magistrado de la causa.
La Sala II de la Cámara Federal que integran Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocaron en durísimos términos un fallo del juez federal Norberto Oyarbide que favorecía a Cristóbal López en el juicio penal que se instruye para investigar si fue direccionada en su favor la licitación de Lotería Nacional que le permitió quedarse con el control online de todas las apuestas que administra.
Se trata de un negocio de unos 80 millones de pesos anuales que pueden ampliarse infinitamente si se incluye al más que redituable nicho de las apuestas deportivas online, como propiciaría el empresario.
El juez Oyarbide había desestimado una denuncia de la firma norteamericana Gtech que decidió no presentarse en la licitación aduciendo que los pliegos habían sido groseramente direccionados para favorecer a la UTE que encabezaba Cristóbal López.
En su denuncia esta firma cuestionó a dos funcionarios de Lotería Nacional que intervinieron en el expediente. Se trata de Guillermo Mahle, gerente de Asuntos Jurídicos del organismo, dependiente de la Casa Rosada, y de Adriana Deschamps, gerente de Compras y Contrataciones, a quienes pidió investigar por la posible comisión de los delitos de defraudación, malversación de caudales e incumplimiento de los deberes.
Es que en la denuncia se mencionó une escandaloso encuentro de Mahle con un ejecutivo de Cristóbal López en el bar Los 36 billares, en la que habrían avanzando en cuestiones vinculadas a la licitación.
La prestigiosa Sala II de la Cámara Federal venía manteniendo una disputa con Oyarbide por este tema ya que el juez estaba empecinado en desestimar la causa. De hecho, como recuerda en su reciente fallo del 23 de abril, ya en una anterior intervención le solicitaron que desarchive la causa en virtud de la nueva prueba presentada por Gtech.
Pero ahora directamente anuló el fallo de Oyarbide en el que cerró el expediente por “inexistencia de delito” y lo apartó de la causa, en una medida muy similar a una sanción.
En un fallo en el que dejan en evidencia su malestar, los camaristas señalan que Oyarbide “sin analizar ninguno de los argumentos referidos de la querella, afirmó que el cumplimiento de los cursos de acción señalados por esta Cámara no logró conmover el cuadro que los había llevado a afirmar la inexistencia de delito”.
Para luego calificar ese comportamiento del juez como una manifiesta “arbitrariedad” que justifica quitarle la causa. Y subrayar que el accionar del polémico juez “puede encuadrarse en ese estándar de ausencia de motivación”.
“En efecto, con sólo repasar la reseña realizada, puede advertirse que los resultados de las escasas diligencias producidas no han modificado en modo alguno el estado de cosas que justamente motivó la reapertura del sumario”, señalaron los camaristas, quien subrayaron que “se suma a ello que no se han siquiera analizado aspectos que claramente hacen al objeto de la controversia y cuya evaluación devenía ineludible”.
De manera que los jueces concluyeron que lo actuado por Oyarbide “no constituye una respuesta jurisdiccional válida” y tomaron la drástica medida de declarar nula su resolución y apartarlo de la causa.
Se trata de un negocio de unos 80 millones de pesos anuales que pueden ampliarse infinitamente si se incluye al más que redituable nicho de las apuestas deportivas online, como propiciaría el empresario.
El juez Oyarbide había desestimado una denuncia de la firma norteamericana Gtech que decidió no presentarse en la licitación aduciendo que los pliegos habían sido groseramente direccionados para favorecer a la UTE que encabezaba Cristóbal López.
En su denuncia esta firma cuestionó a dos funcionarios de Lotería Nacional que intervinieron en el expediente. Se trata de Guillermo Mahle, gerente de Asuntos Jurídicos del organismo, dependiente de la Casa Rosada, y de Adriana Deschamps, gerente de Compras y Contrataciones, a quienes pidió investigar por la posible comisión de los delitos de defraudación, malversación de caudales e incumplimiento de los deberes.
Es que en la denuncia se mencionó une escandaloso encuentro de Mahle con un ejecutivo de Cristóbal López en el bar Los 36 billares, en la que habrían avanzando en cuestiones vinculadas a la licitación.
La prestigiosa Sala II de la Cámara Federal venía manteniendo una disputa con Oyarbide por este tema ya que el juez estaba empecinado en desestimar la causa. De hecho, como recuerda en su reciente fallo del 23 de abril, ya en una anterior intervención le solicitaron que desarchive la causa en virtud de la nueva prueba presentada por Gtech.
Pero ahora directamente anuló el fallo de Oyarbide en el que cerró el expediente por “inexistencia de delito” y lo apartó de la causa, en una medida muy similar a una sanción.
En un fallo en el que dejan en evidencia su malestar, los camaristas señalan que Oyarbide “sin analizar ninguno de los argumentos referidos de la querella, afirmó que el cumplimiento de los cursos de acción señalados por esta Cámara no logró conmover el cuadro que los había llevado a afirmar la inexistencia de delito”.
Para luego calificar ese comportamiento del juez como una manifiesta “arbitrariedad” que justifica quitarle la causa. Y subrayar que el accionar del polémico juez “puede encuadrarse en ese estándar de ausencia de motivación”.
“En efecto, con sólo repasar la reseña realizada, puede advertirse que los resultados de las escasas diligencias producidas no han modificado en modo alguno el estado de cosas que justamente motivó la reapertura del sumario”, señalaron los camaristas, quien subrayaron que “se suma a ello que no se han siquiera analizado aspectos que claramente hacen al objeto de la controversia y cuya evaluación devenía ineludible”.
De manera que los jueces concluyeron que lo actuado por Oyarbide “no constituye una respuesta jurisdiccional válida” y tomaron la drástica medida de declarar nula su resolución y apartarlo de la causa.