La Corte le abrió la puerta a Macri para que le cobre impuestos a Cristóbal López
Un fallo del Máximo Tribunal le devolvió a la Ciudad las facultades de control sobre uno de los casinos flotantes de Puerto Madero. Si el Gobierno toma la decisión de cobrarle Ingresos Brutos al zar kirchnerista del juego, recaudaría más de 200 millones de pesos anuales, por lo que el jefe de gobierno podría reducir en un 20 por ciento el aumento del ABL planeado en el Presupuesto 2012.
La Corte Suprema dictó un fallo histórico para la autonomía de la Ciudad, que le permite al gobierno de Mauricio Macri ejercer el poder de policía, es decir, de inspección, y le devuelve la potestad tributaria sobre uno de los casinos flotantes de Puerto Madero.
En 1999, una medida cautelar permitió que el Casino llamado “Estrella de la Fortuna” funcionara bajo jurisdicción federal, es decir, bajo la órbita de Lotería Nacional, Administración General de Puertos, Prefectura Naval Argentina y Dirección de Fronteras.
Desde ese entonces la Ciudad peleó para recuperar el control fiscal del casino, que en esa época era regenteado por la empresa española CIRSA. El propio Néstor Kirchner se encargó más tarde de quitarle el control a la empresa y dárselo al zar del juego, Cristóbal López junto a su socio Federico Achával, que maneja las tragamonedas del hipódromo de Palermo.
En 2003 el Gobierno nacional y el de Aníbal Ibarra firmaron un convenio con Lotería nacional para repartirse las ganancias del juego. Por ese convenio, los barcos se quedan con el 80 por ciento de la facturación y dan el 20 por ciento a Lotería Nacional, que lo reparte a los dos gobiernos.
Pero como la Ciudad hasta hoy no contaba con poder de policía, los inspectores de la Agip fueron expulsados de los barcos toda vez que quisieron ingresar para controlar cuánto en verdad se está facturando. La facturación la declaran contadores de una empresa asociada a Cristóbal López.
Y no existe un verdadero control online como sucede en los bingos de la provincia de Buenos Aires, que tienen sus tragamonedas conectadas con la Agencia de Recaudación (ARBA), que controla estrictamente lo que se juega en territorio bonaerense.
Lo que pierde la Ciudad
Más allá de la excelente relación entre López y Achával con Macri y su socio Nicolás “Nicky” Caputo, este último siempre protestó por la imposibilidad de cobrarle impuestos a los buques y a las tragamonedas de Palermo.
Es que el hipódromo tiene 4200 máquinas tragamonedas y entre los dos buques ostentan otras 1200. Cada máquina recauda 300 dólares diarios, por lo que las tragamonedas de estas tres salas de juego dejan una ganancia de 1.620.000 dólares diarios, es decir, 7 millones de pesos por día y más de 2500 millones de pesos por año. Esto no incluye a las consumiciones y el paño de los Casinos, que le aportan jugosos dividendos a López y Achával.
Como las medidas cautelares sacaron a estas salas de la jurisdicción de la Ciudad, el gobierno porteño se vio impedido de cobrarles el impuesto a Ingresos Brutos durante 12 años. Este gravamen tiene una tasa muy alta, según el cuadro tarifario del Código Fiscal porteño: es del 8 por ciento de la facturación para la explotación de casinos, un gravamen que recae también sobre las agencias de Lotería.
Es decir que la Ciudad se está perdiendo, sólo en materia de Ingresos Brutos, de recaudar 205 millones de pesos por año, por el sólo hecho de permitirle a Cristóbal López y Achával regentear las máquinas en Palermo y Puerto Madero.
En la provincia de Buenos Aires, los bingos pagan el 34 por ciento de su facturación en impuestos al Estado provincial, mientras que el casino Trillenium de Tigre paga el 50 por ciento.
Si el gobierno porteño avanzara en un cobro del canon a los valores que recauda la provincia, cobraría una suma cercana a los 870 millones de pesos por año. Pero como ya explicara LPO, en julio Macri dejó que una cláusula gatillo renovara automáticamente el convenio de Lotería Nacional que beneficia a Cristóbal López, por lo que el canon no se incrementó. El legislador porteño Fernando Sánchez, afirmó a LPO en esa oportunidad que "la Ciudad se perdió más de 700 millones de pesos".
La posibilidad del cambio
El fallo de la Corte Suprema patea el tablero y le devuelve la oportunidad a la Ciudad de retomar el control de inspección del buque casino.
La medida fue tomada con sorpresa en el macrismo. Los abogados del Ejecutivo están trabajando sobre el fallo y en la manera de comenzar a recaudar el impuesto.
Es que con esos 200 millones extra por año, el gobierno porteño hasta podría reducir el aumento de la tasa de ABL, que planeó para recaudar unos 924 millones más a partir del año que viene. Ese aumento, que estará incluido en el Presupuesto 2012, contempla un aumento generalizado del 66 por ciento para todos los porteños.
Con 200 millones del juego, ese aumento se podría reducir casi un 20 por ciento y no afectar el bolsillo de los porteños. Aunque la última palabra la tendrá Macri, que tiene una muy buena relación con Cristóbal a través de Caputo y Achával.
Ricardo Monner Sans, que fue uno de los abogados con mayor participación en la causa, dijo a LPO que el fallo de la Corte es una “reivindicación a la Constitución de la Ciudad”.
Es que la Constitución establece en su artículo 8° que “el Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas”.
Y por otro lado, en su artículo 50, determina que “la Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio”.
Sugestivamente, las medidas cautelares, permanecieron en vigencia durante doce años y durante el mandato del juez Raúl Zaffaroni, que fue uno de los redactores de la Constitución de la Ciudad.
En 1999, una medida cautelar permitió que el Casino llamado “Estrella de la Fortuna” funcionara bajo jurisdicción federal, es decir, bajo la órbita de Lotería Nacional, Administración General de Puertos, Prefectura Naval Argentina y Dirección de Fronteras.
Desde ese entonces la Ciudad peleó para recuperar el control fiscal del casino, que en esa época era regenteado por la empresa española CIRSA. El propio Néstor Kirchner se encargó más tarde de quitarle el control a la empresa y dárselo al zar del juego, Cristóbal López junto a su socio Federico Achával, que maneja las tragamonedas del hipódromo de Palermo.
En 2003 el Gobierno nacional y el de Aníbal Ibarra firmaron un convenio con Lotería nacional para repartirse las ganancias del juego. Por ese convenio, los barcos se quedan con el 80 por ciento de la facturación y dan el 20 por ciento a Lotería Nacional, que lo reparte a los dos gobiernos.
Pero como la Ciudad hasta hoy no contaba con poder de policía, los inspectores de la Agip fueron expulsados de los barcos toda vez que quisieron ingresar para controlar cuánto en verdad se está facturando. La facturación la declaran contadores de una empresa asociada a Cristóbal López.
Y no existe un verdadero control online como sucede en los bingos de la provincia de Buenos Aires, que tienen sus tragamonedas conectadas con la Agencia de Recaudación (ARBA), que controla estrictamente lo que se juega en territorio bonaerense.
Lo que pierde la Ciudad
Más allá de la excelente relación entre López y Achával con Macri y su socio Nicolás “Nicky” Caputo, este último siempre protestó por la imposibilidad de cobrarle impuestos a los buques y a las tragamonedas de Palermo.
Es que el hipódromo tiene 4200 máquinas tragamonedas y entre los dos buques ostentan otras 1200. Cada máquina recauda 300 dólares diarios, por lo que las tragamonedas de estas tres salas de juego dejan una ganancia de 1.620.000 dólares diarios, es decir, 7 millones de pesos por día y más de 2500 millones de pesos por año. Esto no incluye a las consumiciones y el paño de los Casinos, que le aportan jugosos dividendos a López y Achával.
Como las medidas cautelares sacaron a estas salas de la jurisdicción de la Ciudad, el gobierno porteño se vio impedido de cobrarles el impuesto a Ingresos Brutos durante 12 años. Este gravamen tiene una tasa muy alta, según el cuadro tarifario del Código Fiscal porteño: es del 8 por ciento de la facturación para la explotación de casinos, un gravamen que recae también sobre las agencias de Lotería.
Es decir que la Ciudad se está perdiendo, sólo en materia de Ingresos Brutos, de recaudar 205 millones de pesos por año, por el sólo hecho de permitirle a Cristóbal López y Achával regentear las máquinas en Palermo y Puerto Madero.
En la provincia de Buenos Aires, los bingos pagan el 34 por ciento de su facturación en impuestos al Estado provincial, mientras que el casino Trillenium de Tigre paga el 50 por ciento.
Si el gobierno porteño avanzara en un cobro del canon a los valores que recauda la provincia, cobraría una suma cercana a los 870 millones de pesos por año. Pero como ya explicara LPO, en julio Macri dejó que una cláusula gatillo renovara automáticamente el convenio de Lotería Nacional que beneficia a Cristóbal López, por lo que el canon no se incrementó. El legislador porteño Fernando Sánchez, afirmó a LPO en esa oportunidad que "la Ciudad se perdió más de 700 millones de pesos".
La posibilidad del cambio
El fallo de la Corte Suprema patea el tablero y le devuelve la oportunidad a la Ciudad de retomar el control de inspección del buque casino.
La medida fue tomada con sorpresa en el macrismo. Los abogados del Ejecutivo están trabajando sobre el fallo y en la manera de comenzar a recaudar el impuesto.
Es que con esos 200 millones extra por año, el gobierno porteño hasta podría reducir el aumento de la tasa de ABL, que planeó para recaudar unos 924 millones más a partir del año que viene. Ese aumento, que estará incluido en el Presupuesto 2012, contempla un aumento generalizado del 66 por ciento para todos los porteños.
Con 200 millones del juego, ese aumento se podría reducir casi un 20 por ciento y no afectar el bolsillo de los porteños. Aunque la última palabra la tendrá Macri, que tiene una muy buena relación con Cristóbal a través de Caputo y Achával.
Ricardo Monner Sans, que fue uno de los abogados con mayor participación en la causa, dijo a LPO que el fallo de la Corte es una “reivindicación a la Constitución de la Ciudad”.
Es que la Constitución establece en su artículo 8° que “el Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas”.
Y por otro lado, en su artículo 50, determina que “la Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio”.
Sugestivamente, las medidas cautelares, permanecieron en vigencia durante doce años y durante el mandato del juez Raúl Zaffaroni, que fue uno de los redactores de la Constitución de la Ciudad.