Randazzo rechazó una baja en la edad de imputabilidad

El ministro del Interior señaló que "los jueces tienen hoy todas las herramientas, como para que quienes sean peligrosos, estén entre rejas". En tanto, Francisco de Narváez pidió que Cristina llame a sesiones extraordinarias para tratar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Patricia Bullrich señaló que el Gobierno "no reconoce el problema".
En medio de una ola de nuevas críticas al Gobierno por la inseguridad, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, rechazó hoy la propuesta de bajar la edad de imputabilidad para los delincuentes menores, al señalar que "los jueces tienen hoy todas las herramientas, como para que quienes sean peligrosos, estén entre rejas".

"Que no sea imputable no implica que pueda estar en la calle, caminando como si no hubiera pasado nada", advirtió el ministro a la agencia DyN, en respuesta al reclamo formulado hoy por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.

Randazzo sostuvo que "lo importante es que hoy existen todas las herramientas legales para los jueces, para que, los que son peligrosos para la sociedad, estén entre rejas".

"Los jueces tienen las herramientas como para que, aquellos pibes que no sean imputables pero peligrosos, estén detenidos como corresponde", aseguró el funcionario, luego de un acto realizado este mediodía en el Ministerio.

Macri había asegurado que "hay mucha hipocresía" y "se compran propuestas ideológicas que suenan lindas pero que no han servido" para garantizar la seguridad.

También denunció una "enorme falla y ausencia en la legislación y en el rol del Estado" en materia penal juvenil, luego de que la Justicia considerara no imputable a un menor de 15 años acusado de matar a un hombre delante de su hijo, en la localidad bonaerense de Tolosa.

Por su parte, el diputado de Unión Celeste y Blanco Francisco de Narváez le reclamó a la presidenta Cristina Kirchner que convoque "a sesiones extraordinarias" para tratar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que, según el legislador opositor, tiene media sanción del Senado pero fue congelado por "el kirchnerismo" en la Cámara baja.

"La señora presidenta tiene que llamar a sesiones extraordinarias para tratar el tema de la justicia penal de menores. No hay otra prioridad hoy en la Argentina. Nosotros estamos más que dispuestos a hacerlo", aseveró.

En declaraciones a radio Diez, De Narváez indicó que, desde su espacio, están “de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad a 14 años, en un amplio marco de discusión de qué es un delito cometido por un menor de esta edad: hay que incluir violación, secuestro, narcotráfico con distintas penas, no solamente homicidios".

Consideró que la baja de la imputabilidad debe estar acompañada de "lugares para detenerlos, contenerlos, asistirlos psicológicamente, darles nuevamente educación y ayudar a reinsertarlos. Nada de eso hoy está funcionando en el Estado." "Tampoco podemos pensar que solamente por la magia de haber bajado de 16 a 14, resolvimos el problema. El Estado está actuando mal y tarde. Si no actuamos bien y enérgicamente, vamos a seguir contando muertos. Seguimos atrás del problema", opinó.

En tanto, la diputada nacional por la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, exigió hoy "la sanción e implementación inmediata de un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil" y acusó al gobierno nacional de "no reconocer" el problema.

"El Gobierno Nacional cree que al no reconocer la existencia del problema, el mismo desaparece. La estrategia oficial de negar y esconder, afirmar que todo es una sensación, dan como resultado que en los últimos tiempos aumente considerablemente la delincuencia juvenil y exija la implementación de medidas responsables por parte del Estado, que procuren solucionar aunque sea en parte la problemática", afirmó Bullrich en un comunicado.

La legisladora señaló que en la Cámara de Diputados "está esperando para ser votado un Proyecto de Ley” de su autoría para la creación de un Régimen de Responsabilidad Juvenil, que se aplica a toda persona que sea menor de dieciocho y mayor de catorce años al momento de atribuírsele un hecho tipificado como delito de acción pública en el Código Penal y leyes especiales.