Uno de los jefes de policía ascendido por Garré esta acusado de espionaje
El comisario General de la Policía Federal Raúl Timossi fue denunciado en 2008 por espiar ilegalmente a un agente que había denunciado a sus superiores. La presentación la hizo el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido y la causa la maneja el juez Julián Ercolini. El CELS de Horacio Verbitsky también había condenado el caso.
Casi como un émulo del ex titular de la Metropolitana Jorge “El Fino” Palacios y del ex empleado porteño Ciro James, el recientemente ascendido a comisario General de la Policía Federal Raúl Timossi está siendo investigado por un supuesto espionaje en 2008 a un agente en disponibilidad que había denunciado a 20 superiores por casos de corrupción.
El hecho se remonta a 2001 cuando el cabo Fernando Sousa Helguera (ahora concejal de Esteban Echeverría) denunció que no percibía sus horas extras pero que sus superiores lo obligaban a firmar los recibos. El caso comenzó a ser investigado por quienes entonces eran secretario de Seguridad y del ministro de Justicia, Norberto Quantin y Gustavo Beliz, respectivamente. Al mismo tiempo, comenzó a actuar de oficio el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido.
A los 20 comisarios la Federal les mantuvo su situación de revista a pesar de fueron procesados por la jueza María Servini de Cubría, que luego elevó la causa a juicio. Sousa, en cambio, fue pasado a disponibilidad en base a un cinco denuncias en las que, por ejemplo, se lo acusaba de “tráfico de influencias” por “acercar” policías enfermos a un estudio jurídico o cobrar para agilizar trámites de ingreso a la fuerza. Sin embargo, la Justicia comprobó que las acusaciones fueron infundadas y que los hechos investigados “no se cometieron”, con lo cual su defensa pidió en su momento la reincorporación. De todos modos, esa reincorporación nunca se hizo efectiva porque Asuntos Internos de la Federal recomendó que Sousa no debía volver.
Con ese panorama, el fiscal Garrido investigó en 2008 cómo Asuntos Internos llegó a esa conclusión. Uno de los puntos que tomó el área en la cual Timossi se desempeñaba como Jefe de Investigaciones Administrativas fue un llamado anónimo de 2005 que implicaba a Sousa. A raíz de esa comunicación se ordenaron “actuaciones internas” que luego pasaron a ser tareas “técnico específicas”: en otras palabras, acciones para espiar y escuchar ilegalmente las conversaciones de Sousa, sin orden judicial y violando la Ley de Inteligencia nacional.
Así, en el informe presentado por Garrido se detalla cómo “el 18 de agosto de 2005 se realizaron averiguaciones telefónicas con la debida cobertura” o cómo agentes de inteligencia fotografiaron a Sousa en actividades cotidianas.
El fiscal, además, hizo hincapié en la nota que Timossi le elevó al jefe de la Federal Néstor Valleca en el que rechaza los escritos presentados por Sousa para su reincorporación y avala los hechos surgidos a partir del llamado anónimo. O sea, le dio el visto bueno al espionaje.
Con todos estos elementos, Garrido, además de pedir la nulidad del proceso interno contra Sousa, presentó una denuncia penal por una supuesta violación de las leyes 25.520 y la 24.059 (de Seguridad Interior) y violación de los deberes de funcionario público. La misma recayó en el juzgado del juez Julián Ercolini, luego de que su par Sergio Torres se declarara incompetente. Ercolini recibió la documentación en septiembre del año pasado pero todavía no llamó a indagatoria a ninguno de los jefes implicados. Entre ellos se encuentra Timossi, que con Nilda Garré estará a cargo de la Superintendencia de Asuntos Internos.
El papel de Verbitsky
Lo llamativo del caso es que una de las ONGs que más intervino por la situación de Sousa es el CELS de Horacio Verbitsky. Por caso, junto con la APDH, el CELS se valió del caso Sousa para impulsar el proyecto “Grandes Manifestaciones” que prevé reformas en las fuerzas policiales y la Justicia. Hoy la influencia de “El Perro” en el ministerio de Garré es insoslayable.
Otro dato curioso es que quien ahora revisa los legajos de los policías en su carácter de directora de Transparencia es Paula Honisch. La funcionaria se desempeñaba como subsecretaria letrada de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas cuando Garrido era su titular e investigaba el affaire Sousa.
El hecho se remonta a 2001 cuando el cabo Fernando Sousa Helguera (ahora concejal de Esteban Echeverría) denunció que no percibía sus horas extras pero que sus superiores lo obligaban a firmar los recibos. El caso comenzó a ser investigado por quienes entonces eran secretario de Seguridad y del ministro de Justicia, Norberto Quantin y Gustavo Beliz, respectivamente. Al mismo tiempo, comenzó a actuar de oficio el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido.
A los 20 comisarios la Federal les mantuvo su situación de revista a pesar de fueron procesados por la jueza María Servini de Cubría, que luego elevó la causa a juicio. Sousa, en cambio, fue pasado a disponibilidad en base a un cinco denuncias en las que, por ejemplo, se lo acusaba de “tráfico de influencias” por “acercar” policías enfermos a un estudio jurídico o cobrar para agilizar trámites de ingreso a la fuerza. Sin embargo, la Justicia comprobó que las acusaciones fueron infundadas y que los hechos investigados “no se cometieron”, con lo cual su defensa pidió en su momento la reincorporación. De todos modos, esa reincorporación nunca se hizo efectiva porque Asuntos Internos de la Federal recomendó que Sousa no debía volver.
Con ese panorama, el fiscal Garrido investigó en 2008 cómo Asuntos Internos llegó a esa conclusión. Uno de los puntos que tomó el área en la cual Timossi se desempeñaba como Jefe de Investigaciones Administrativas fue un llamado anónimo de 2005 que implicaba a Sousa. A raíz de esa comunicación se ordenaron “actuaciones internas” que luego pasaron a ser tareas “técnico específicas”: en otras palabras, acciones para espiar y escuchar ilegalmente las conversaciones de Sousa, sin orden judicial y violando la Ley de Inteligencia nacional.
Así, en el informe presentado por Garrido se detalla cómo “el 18 de agosto de 2005 se realizaron averiguaciones telefónicas con la debida cobertura” o cómo agentes de inteligencia fotografiaron a Sousa en actividades cotidianas.
El fiscal, además, hizo hincapié en la nota que Timossi le elevó al jefe de la Federal Néstor Valleca en el que rechaza los escritos presentados por Sousa para su reincorporación y avala los hechos surgidos a partir del llamado anónimo. O sea, le dio el visto bueno al espionaje.
Con todos estos elementos, Garrido, además de pedir la nulidad del proceso interno contra Sousa, presentó una denuncia penal por una supuesta violación de las leyes 25.520 y la 24.059 (de Seguridad Interior) y violación de los deberes de funcionario público. La misma recayó en el juzgado del juez Julián Ercolini, luego de que su par Sergio Torres se declarara incompetente. Ercolini recibió la documentación en septiembre del año pasado pero todavía no llamó a indagatoria a ninguno de los jefes implicados. Entre ellos se encuentra Timossi, que con Nilda Garré estará a cargo de la Superintendencia de Asuntos Internos.
El papel de Verbitsky
Lo llamativo del caso es que una de las ONGs que más intervino por la situación de Sousa es el CELS de Horacio Verbitsky. Por caso, junto con la APDH, el CELS se valió del caso Sousa para impulsar el proyecto “Grandes Manifestaciones” que prevé reformas en las fuerzas policiales y la Justicia. Hoy la influencia de “El Perro” en el ministerio de Garré es insoslayable.
Otro dato curioso es que quien ahora revisa los legajos de los policías en su carácter de directora de Transparencia es Paula Honisch. La funcionaria se desempeñaba como subsecretaria letrada de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas cuando Garrido era su titular e investigaba el affaire Sousa.