Lidia Papaleo declaró que estaba en libertad, pero fue presionada para vender Papel Prensa
Aseguran que la viuda del empresario David Graiver negó ante los tribunales de La Plata que haya sido torturada para ceder las acciones de la compañía a Clarín, La Nación y La Razón, y desmintió que la hayan sacado de un centro clandestino de detención para firmar el traspaso. Sin embargo, no hay ninguna cita textual de su indagatoria. Las modificaciones en el discurso oficial.
La viuda del empresario David Graiver, Lidia Papaleo, confirmó ayer ante la Justicia platense su relato sobre la venta de Papel Prensa SA, en el marco de la denuncia que presentó el Gobierno por la supuesta venta compulsiva de esta empresa durante el último Gobierno militar.
Según informó el diario Ambito Financiero, en una declaración de cinco horas, Papaleo ratificó que estaba en libertad cuando se firmó la venta en noviembre de 1976, pero que desde hacía meses sufría supuestas presiones e intimidaciones del gobierno militar y de los diarios interesados en comprar la compañía del Grupo Graiver.
La declaración fue tomada por los fiscales federales de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de La Plata, Hernán Schapiro y Marcelo Molina. Ellos deberán definir ahora si impulsan el caso ante el juez federal platense Arnaldo Corazza, a cargo de la pesquisa por supuestos delitos de lesa humanidad en el llamado "Circuito Camps".
Esta causa se inició en los tribunales de Comodoro Py con el número 44.636 a partir de una denuncia radicada por el juez en lo civil y comercial Eduardo Malde, a cargo de un expediente sobre Papel Prensa, luego de notificarse de los testimonios de Lidia Papaleo y Rafael Ianover, viuda y ex testaferro de David Graiver, en una asamblea de accionistas de Papel Prensa.
Ello ocurrió antes de que la Presidenta Cristina Fernández presentara en la Casa Rosada el informe "Papel Prensa-La Verdad" que elaboró el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre la compañía, y anunciara el propósito gubernamental de dárselo a la Justicia a través del Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha.
El relato
La viuda de Graiver se presentó a los tribunales a primera hora de la tarde junto a su hermano, Osvaldo Papaleo, quien no declaró ante la Justicia. Este último y Rafael Ianover, entonces vicepresidente de Papel Prensa y testaferro de los Graiver, ya habían sido indagados en el marco de esta causa.
Al testificar, Lidia Papaleo contradijo la primera versión que dio el Gobierno: las acciones habían sido transferidas bajo torturas y amenazas a sus dueños en la última dictadura militar. Así se los transmitió la propia Papaleo a los directores de Papel Prensa el 20 de mayo en una reunión a la que la llevó el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y así la difundió también el canciller Héctor Timerman. El funcionario había dicho que "la familia Graiver fue secuestrada y liberada, secuestrada y liberada, y en esos momentos de liberación la hacían negociar por Papel Prensa".
Timerman también afirmó que la familia Graiver "perdió la propiedad" de Papel Prensa "en una mesa de tortura". Pero como un día antes lo clarificó su antiguo cuñado, Isidoro Graiver, Lidia Papaleo dijo que eso también es falso. La venta, recordó, se negoció y concretó mientras se encontraba en libertad.
Papaleo fue más allá en sus rectificaciones. Al exponer en los tribunales federales de La Plata, se retractó de lo que ella misma había relatado cuando asistió junto al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a una asamblea de Papel Prensa del 20 de mayo último, informó el diario La Nación.
Ante los accionistas de la empresa, la viuda de Graiver dijo que había vendido activos del Grupo ?que también incluía bancos, fábricas y un porcentaje del diario La Opinión de Jacobo Timerman? "estando desaparecida", ya que dijo que llegó a firmar traspasos "antes de estar detenida y durante".
Ayer, sin embargo, acompañada por su hermano Osvaldo Papaleo, enlace con el Gobierno a través del diputado kirchnerista Carlos Kunkel, Lidia Papaleo retomó el relato que expuso en sus declaraciones judiciales desde el retorno de la democracia.
Lidia Papaleo también reafirmó las dificultades que afrontó desde que su marido falleció en un accidente, en agosto de 1976, con presiones crecientes de sus acreedores y, al año siguiente, el congelamiento de su patrimonio por la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (Conarepa), lo que impidió que recibiera el dinero por la venta de activos.
Las presiones eran múltiples, según testimonios de los Graiver y de investigaciones hechas desde 1983. En particular, las ejercidas por Montoneros, que en al menos dos ocasiones exigieron la devolución de US$ 17 millones que le habían entregado a David Graiver, fondos que provenían del pago del rescate por US$ 60 millones del empresario Jorge Born.
A fines de octubre y de diciembre de 1976, emisarios de Montoneros que se identificaron como los doctores "Paz" y "Peñaloza" se reunieron en Buenos Aires con Isidoro Graiver y Lidia Papaleo, a la que amenazaron con hacerle ingerir una "pastilla roja" o lanzarla por la ventana de un edificio si no les pagaba.
A Montoneros se sumaban otros acreedores. Como el ex ministro de Economía peronista José Ber Gelbard, que encomendó al abogado Gustavo Caraballo que intentara cobrarles US$ 6 millones que le había confiado a David Graiver.
A principios de 1977, según relató Caraballo, se reunió con Lidia Graiver en unas oficinas del Grupo, cerca de la plaza San Martín: "Ella me dijo que me podía ofrecer empresas de una lista de activos. Y me ofreció una empresa de ollas a presión, una fábrica que hacía jeringas y el 50% que tenía en La Opinión, el diario".
Según el recuerdo de Caraballo, los asesores norteamericanos de los Graiver también les recomendaban achicar su pasivo: "Graiver tenía una planta enorme en el Olimpic Tower, en la Quinta Avenida de Nueva York, y allí trabajaba la gente que lo había asesorado para comprar. Ellos le aconsejaron a la familia Graiver que vendiera todo, que estaban en un despelote tras la muerte de David".
A Montoneros y Ber Gelbard, se sumó un tercer frente de presión, según relató Isidoro Graiver ante el juez Corazza, el martes. El entonces ministro de Economía José Martínez de Hoz dijo que quería "sacarlos del circuito comercial" local por su extenso enfrentamiento con Ber Gelbard.
Durante su declaración ante el fiscal Molina, Papaleo de Graiver se refirió al testimonio de su cuñado Isidoro, quien fue a declarar el martes y aseguró que “nadie le indicó quiénes debían ser los compradores de los bienes puestos a la venta” y que los que adquirieron la empresa (Clarín, La Nación y La Razón) eran “el mejor oferente para la compra”. El miércoles, los diarios Clarín y La Nación publicaron una solicitada firmada por Isidoro Graiver con similares términos
Lidia ratificó que la venta de acciones se hizo bajo presiones y atribuyó los dichos de Isidoro Graiver a que tenía mala relación con la familia porque había sido dejado de lado del manejo de los bienes y que por ese motivo tenía cierto resentimiento. Según fuentes judiciales, durante su testimonio reconoció que tenían que vender Papel Prensa (la situación económica del grupo no era buena) y que los militares no querían que ellos mantuvieran sus negocios.
El expediente en el que declaró Papaleo de Graiver es una derivación de la causa Camps que está a cargo del juez Arnaldo Corazza. El magistrado delegó la investigación en los fiscales Molina, Hernán Schapiro y Carlos Dulau Dumm. De acuerdo con el anuncio realizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el martes, el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, están elaborando un escrito para presentar en esta causa.
Según informó el diario Ambito Financiero, en una declaración de cinco horas, Papaleo ratificó que estaba en libertad cuando se firmó la venta en noviembre de 1976, pero que desde hacía meses sufría supuestas presiones e intimidaciones del gobierno militar y de los diarios interesados en comprar la compañía del Grupo Graiver.
La declaración fue tomada por los fiscales federales de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de La Plata, Hernán Schapiro y Marcelo Molina. Ellos deberán definir ahora si impulsan el caso ante el juez federal platense Arnaldo Corazza, a cargo de la pesquisa por supuestos delitos de lesa humanidad en el llamado "Circuito Camps".
Esta causa se inició en los tribunales de Comodoro Py con el número 44.636 a partir de una denuncia radicada por el juez en lo civil y comercial Eduardo Malde, a cargo de un expediente sobre Papel Prensa, luego de notificarse de los testimonios de Lidia Papaleo y Rafael Ianover, viuda y ex testaferro de David Graiver, en una asamblea de accionistas de Papel Prensa.
Ello ocurrió antes de que la Presidenta Cristina Fernández presentara en la Casa Rosada el informe "Papel Prensa-La Verdad" que elaboró el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre la compañía, y anunciara el propósito gubernamental de dárselo a la Justicia a través del Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha.
El relato
La viuda de Graiver se presentó a los tribunales a primera hora de la tarde junto a su hermano, Osvaldo Papaleo, quien no declaró ante la Justicia. Este último y Rafael Ianover, entonces vicepresidente de Papel Prensa y testaferro de los Graiver, ya habían sido indagados en el marco de esta causa.
Al testificar, Lidia Papaleo contradijo la primera versión que dio el Gobierno: las acciones habían sido transferidas bajo torturas y amenazas a sus dueños en la última dictadura militar. Así se los transmitió la propia Papaleo a los directores de Papel Prensa el 20 de mayo en una reunión a la que la llevó el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y así la difundió también el canciller Héctor Timerman. El funcionario había dicho que "la familia Graiver fue secuestrada y liberada, secuestrada y liberada, y en esos momentos de liberación la hacían negociar por Papel Prensa".
Timerman también afirmó que la familia Graiver "perdió la propiedad" de Papel Prensa "en una mesa de tortura". Pero como un día antes lo clarificó su antiguo cuñado, Isidoro Graiver, Lidia Papaleo dijo que eso también es falso. La venta, recordó, se negoció y concretó mientras se encontraba en libertad.
Papaleo fue más allá en sus rectificaciones. Al exponer en los tribunales federales de La Plata, se retractó de lo que ella misma había relatado cuando asistió junto al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a una asamblea de Papel Prensa del 20 de mayo último, informó el diario La Nación.
Ante los accionistas de la empresa, la viuda de Graiver dijo que había vendido activos del Grupo ?que también incluía bancos, fábricas y un porcentaje del diario La Opinión de Jacobo Timerman? "estando desaparecida", ya que dijo que llegó a firmar traspasos "antes de estar detenida y durante".
Ayer, sin embargo, acompañada por su hermano Osvaldo Papaleo, enlace con el Gobierno a través del diputado kirchnerista Carlos Kunkel, Lidia Papaleo retomó el relato que expuso en sus declaraciones judiciales desde el retorno de la democracia.
Lidia Papaleo también reafirmó las dificultades que afrontó desde que su marido falleció en un accidente, en agosto de 1976, con presiones crecientes de sus acreedores y, al año siguiente, el congelamiento de su patrimonio por la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (Conarepa), lo que impidió que recibiera el dinero por la venta de activos.
Las presiones eran múltiples, según testimonios de los Graiver y de investigaciones hechas desde 1983. En particular, las ejercidas por Montoneros, que en al menos dos ocasiones exigieron la devolución de US$ 17 millones que le habían entregado a David Graiver, fondos que provenían del pago del rescate por US$ 60 millones del empresario Jorge Born.
A fines de octubre y de diciembre de 1976, emisarios de Montoneros que se identificaron como los doctores "Paz" y "Peñaloza" se reunieron en Buenos Aires con Isidoro Graiver y Lidia Papaleo, a la que amenazaron con hacerle ingerir una "pastilla roja" o lanzarla por la ventana de un edificio si no les pagaba.
A Montoneros se sumaban otros acreedores. Como el ex ministro de Economía peronista José Ber Gelbard, que encomendó al abogado Gustavo Caraballo que intentara cobrarles US$ 6 millones que le había confiado a David Graiver.
A principios de 1977, según relató Caraballo, se reunió con Lidia Graiver en unas oficinas del Grupo, cerca de la plaza San Martín: "Ella me dijo que me podía ofrecer empresas de una lista de activos. Y me ofreció una empresa de ollas a presión, una fábrica que hacía jeringas y el 50% que tenía en La Opinión, el diario".
Según el recuerdo de Caraballo, los asesores norteamericanos de los Graiver también les recomendaban achicar su pasivo: "Graiver tenía una planta enorme en el Olimpic Tower, en la Quinta Avenida de Nueva York, y allí trabajaba la gente que lo había asesorado para comprar. Ellos le aconsejaron a la familia Graiver que vendiera todo, que estaban en un despelote tras la muerte de David".
A Montoneros y Ber Gelbard, se sumó un tercer frente de presión, según relató Isidoro Graiver ante el juez Corazza, el martes. El entonces ministro de Economía José Martínez de Hoz dijo que quería "sacarlos del circuito comercial" local por su extenso enfrentamiento con Ber Gelbard.
Durante su declaración ante el fiscal Molina, Papaleo de Graiver se refirió al testimonio de su cuñado Isidoro, quien fue a declarar el martes y aseguró que “nadie le indicó quiénes debían ser los compradores de los bienes puestos a la venta” y que los que adquirieron la empresa (Clarín, La Nación y La Razón) eran “el mejor oferente para la compra”. El miércoles, los diarios Clarín y La Nación publicaron una solicitada firmada por Isidoro Graiver con similares términos
Lidia ratificó que la venta de acciones se hizo bajo presiones y atribuyó los dichos de Isidoro Graiver a que tenía mala relación con la familia porque había sido dejado de lado del manejo de los bienes y que por ese motivo tenía cierto resentimiento. Según fuentes judiciales, durante su testimonio reconoció que tenían que vender Papel Prensa (la situación económica del grupo no era buena) y que los militares no querían que ellos mantuvieran sus negocios.
El expediente en el que declaró Papaleo de Graiver es una derivación de la causa Camps que está a cargo del juez Arnaldo Corazza. El magistrado delegó la investigación en los fiscales Molina, Hernán Schapiro y Carlos Dulau Dumm. De acuerdo con el anuncio realizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el martes, el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, están elaborando un escrito para presentar en esta causa.