Más problemas para Santilli por publicidad en la vía pública
A la causa judicial por el mobiliario urbano se le sumó la polémica en torno al cartel de Coca Cola de punto Obelisco y ahora una interna con la nación por la colocación de carteles en tierras ferroviarias. El funcionario macrista insiste en que es la ADIF la que incumple la normativa de la Ciudad, y desde la Asociación Ferroviaria aducen que la ley es "discriminatoria".
“Ojala ahora la justicia investigue y descubra cuando menos el engendro que el macrismo sancionó para legislar el ordenamiento de la publicidad porteña”. Tajantes y sin medias tientas, referentes de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) respondieron así a las acusaciones del ministro de espacio y Ambiente Público, Diego Santilli, quien los acusó de no respetar la normativa vigente.
Es que en las últimas semanas, desde el Gobierno porteños se intentó regularizar la situación de los carteles instalados en zonas prohibidas por la ley de publicidad en la vía pública de la ciudad y decidió intimar a las empresas que hubieran colocado carteles en áreas prohibidas. Esas empresas son las que habrían ganado la licitación realizada por la ADIF, que administra los terrenos ferroviarios, que como tales son administrados por la Nación y no por la Ciudad.
Desde la ADIF se criticó duramente la ley Nº 2396 que regula la publicidad en la Capital Federal y se la tachó de “inconsistente” y “altamente discriminatoria”. Pese a als declaraciones de Santilli respectto de la intimación a las empress, desde la Asociación se apuntó que hasta el momento no recibieron ninguna orden judicial en lo que refiere a espacios ferroviarios bajo su órbita, tendiente a remover carteles publicitarios.
Como argumento para sostener su afirmación de que la normativa vigente sobre publicidad es “discriminatoria”, desde la Asociación apuntaron al polémico cartel de Coca Cola. Sostienen que al mismo tiempo que el Gobierno busca intimar a las empresas a retirar los carteles de las zonas ferroviarias, “autoriza a una de las firmas más grandes de Publicidad en la Vía Pública a que, con una inversión cercana a los 7 millones de dólares, publicite justamente en Av. Corrientes y 9 de Julio con uno de los sistemas más distractivos y polucionantes visuales que hasta ahora se conoce, justamente en uno de los lugares de mayor circulación vial”.
Sobre el amparo presentado por una Fundación, la autoridades de la Sociedad no se mostraron preocupados, por cuanto dijeron que Y afirmaron que “les guste o no a la gestión Macri a poco que se analice se verá que la ley contiene excesos, contradicciones y/o equivocaciones que la hacen inaplicable y por su falta de equidad y transparencia la tiñen de dudosa constitucionalidad”.
Con respecto a la gestión Macri, aseguraron que “entre las cuestiones mas graves se observa que pretende legislar en jurisdicción nacional excediendo de esta manera sus propias competencias. Además, la citada ley no contiene parámetros y consideraciones técnicas que justifiquen que en algunos casos se encuentre permitida la explotación de espacios de publicidad y en otros de similar riesgo polutivo, se encuentre prohibida (ej: terrenos linderos a ambas manos de la Av. Lugones)”.
Es que en las últimas semanas, desde el Gobierno porteños se intentó regularizar la situación de los carteles instalados en zonas prohibidas por la ley de publicidad en la vía pública de la ciudad y decidió intimar a las empresas que hubieran colocado carteles en áreas prohibidas. Esas empresas son las que habrían ganado la licitación realizada por la ADIF, que administra los terrenos ferroviarios, que como tales son administrados por la Nación y no por la Ciudad.
Desde la ADIF se criticó duramente la ley Nº 2396 que regula la publicidad en la Capital Federal y se la tachó de “inconsistente” y “altamente discriminatoria”. Pese a als declaraciones de Santilli respectto de la intimación a las empress, desde la Asociación se apuntó que hasta el momento no recibieron ninguna orden judicial en lo que refiere a espacios ferroviarios bajo su órbita, tendiente a remover carteles publicitarios.
Como argumento para sostener su afirmación de que la normativa vigente sobre publicidad es “discriminatoria”, desde la Asociación apuntaron al polémico cartel de Coca Cola. Sostienen que al mismo tiempo que el Gobierno busca intimar a las empresas a retirar los carteles de las zonas ferroviarias, “autoriza a una de las firmas más grandes de Publicidad en la Vía Pública a que, con una inversión cercana a los 7 millones de dólares, publicite justamente en Av. Corrientes y 9 de Julio con uno de los sistemas más distractivos y polucionantes visuales que hasta ahora se conoce, justamente en uno de los lugares de mayor circulación vial”.
Sobre el amparo presentado por una Fundación, la autoridades de la Sociedad no se mostraron preocupados, por cuanto dijeron que Y afirmaron que “les guste o no a la gestión Macri a poco que se analice se verá que la ley contiene excesos, contradicciones y/o equivocaciones que la hacen inaplicable y por su falta de equidad y transparencia la tiñen de dudosa constitucionalidad”.
Con respecto a la gestión Macri, aseguraron que “entre las cuestiones mas graves se observa que pretende legislar en jurisdicción nacional excediendo de esta manera sus propias competencias. Además, la citada ley no contiene parámetros y consideraciones técnicas que justifiquen que en algunos casos se encuentre permitida la explotación de espacios de publicidad y en otros de similar riesgo polutivo, se encuentre prohibida (ej: terrenos linderos a ambas manos de la Av. Lugones)”.