Mafia de los medicamentos: Más datos vinculan a Zanola con los remedios truchos
El juez Oyarbide recibirá un informe que indica que entre septiembre de 2007 y junio de 2008 La Bancaria compró insumos por más de $ 640.000 a Fharmaz Group, de Damián Ferrón, uno de los asesinados en el triple crimen. Además le entregarán una copia de la resolución por la que Zanola le cedió en 2004 a la droguería San Javier el "derecho de cobro" sobre los subsidios otorgados por APE. Se espera que el Gobierno intervenga la OSBA.
En pocas horas el titular del sindicato de bancarios, Juan José Zanola, podría estar más complicado en la investigación sobre la mafia de los medicamentos truchos.
Mientras se espera que el Gobierno intervena la OSBA, el juez federal, Norberto Oyarbide, recibirá dos pruebas importantes que vinculan a Zanola con la venta de remedios adulterados a la obra social bancaria.
Según el diario La Nación, le entregarán al magistrado un informe que indica que entre septiembre de 2007 y junio de 2008 La Bancaria compró insumos por más de $ 640.000 a una empresa que pertenecía a uno de los tres empresarios asesinados en agosto del año pasado.
Se trata de Fharmaz Group, propiedad de Damián Ferrón. Su viuda, Mariela Izquierdo, reveló la semana pasada que entre su esposo y Juan José Zanola, jefe sindical de La Bancaria, existían vínculos comerciales y que ambos se habían reunido un tiempo antes del crimen. Pero el gremialista siempre negó relación con las víctimas de ese caso.
Pero eso no es todo. El secretario gremial de la comisión interna del Banco Nación, Hugo Dessal, le entregará al juez Oyarbide documentación que prueba la relación estrecha que existía entre Zanola y Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier y principal imputado en el causa de la mafia de los medicamentos.
Además, el magistrado recibirá la copia de una resolución, de enero de 2004, por medio de la cual La Bancaria le cedió a San Javier el "derecho de cobro" sobre los subsidios otorgados por la Administración de Programas Especiales (APE).
Es un fondo que se nutre de aportes de los trabajadores y las empresas, y que el Estado les entrega a las obras sociales para la atención de enfermedades de alta complejidad. Ayer, La Nación informó que los gremios adeudaban rendir cuentas por más de $ 200 millones que habían recibido del APE durante 2005 y en años anteriores.
Los datos se conocen días después de que Oyarbide allanara la sede de La Bancaria, que adelantara que citaría a declarar a Zanola y que aconsejara al Gobierno dictar la intervención de esa obra social. En ese operativo, el magistrado constató los vínculos comerciales entre La Bancaria y San Javier. "El cerco judicial se cierra sobre Zanola", dijo entonces Oyarbide.
La información sobre Fharmaz Group parece saldar la discusión sobre si Zanola conocía a Ferrón. Es un listado con el detalle de más de 30 operaciones de compra de La Bancaria, de insumos de farmacia y medicamentos oncológicos, por un total de $ 643.303. La empresa la habían creado en 2003 Ferrón y José Luis Salerno, un ex policía bonaerense. La obra social de los bancarios, según coinciden fuentes sindicales, la controlaba Paula Aballay, mujer de Zanola.
Poder y política
El listado que aportará Dessal se agrega a datos que figuran en el expediente en que se investiga el tráfico de efedrina y que también vinculan a La Bancaria con el triple crimen de General Rodríguez.
Según consta en esa causa, la obra social de los bancarios giró 139 cheques a la droguería de Sebastián Forza, otra de las víctimas, por una suma de $ 2 millones. "No sé por qué niega este hombre que los conocía", dijo la viuda de Ferrón sobre Zanola.
El sindicalista quedó envuelto en la causa de la mafia de los medicamentos cuando se incorporaron a la investigación de Oyarbide las constancias de un fideicomiso conformado por la obra social y la droguería San Javier. De ese fondo se cobraba Lorenzo los medicamentos que le proveía a La Bancaria.
Las vinculaciones de este caso con el poder no terminan allí. En un allanamiento que se hizo el año pasado en la casa de Lorenzo, se encontraron recibos por casi $ 1 millón, correspondientes a aportes a la campaña electoral de Cristina Kirchner. Uno de los recaudadores que tuvo el Frente para la Victoria, el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, también podría ser citado a declarar en la causa de los medicamentos, por pedido del fiscal federal Luis Comparatore.
Entre los documentos encontrados en la casa de Lorenzo, estaba el recibo de un aporte a la campaña de $ 376.000, hecho por Multipharma SA, empresa que pertenece a Juan Carlos Torres, socio de Lorenzo. Por Multipharma pasó un cheque de $ 100.000 que La Bancaria le entregó a San Javier en 2008.
Otro de los recibos hallados en el domicilio de Lorenzo fue el del aporte de Gabriel Brito, dueño de Global Pharmacy Service. El empresario afirmó anteayer, en una entrevista con LA NACION, que no él había puesto el dinero, pero que había aceptado figurar por pedido de Lorenzo.
Mientras se espera que el Gobierno intervena la OSBA, el juez federal, Norberto Oyarbide, recibirá dos pruebas importantes que vinculan a Zanola con la venta de remedios adulterados a la obra social bancaria.
Según el diario La Nación, le entregarán al magistrado un informe que indica que entre septiembre de 2007 y junio de 2008 La Bancaria compró insumos por más de $ 640.000 a una empresa que pertenecía a uno de los tres empresarios asesinados en agosto del año pasado.
Se trata de Fharmaz Group, propiedad de Damián Ferrón. Su viuda, Mariela Izquierdo, reveló la semana pasada que entre su esposo y Juan José Zanola, jefe sindical de La Bancaria, existían vínculos comerciales y que ambos se habían reunido un tiempo antes del crimen. Pero el gremialista siempre negó relación con las víctimas de ese caso.
Pero eso no es todo. El secretario gremial de la comisión interna del Banco Nación, Hugo Dessal, le entregará al juez Oyarbide documentación que prueba la relación estrecha que existía entre Zanola y Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier y principal imputado en el causa de la mafia de los medicamentos.
Además, el magistrado recibirá la copia de una resolución, de enero de 2004, por medio de la cual La Bancaria le cedió a San Javier el "derecho de cobro" sobre los subsidios otorgados por la Administración de Programas Especiales (APE).
Es un fondo que se nutre de aportes de los trabajadores y las empresas, y que el Estado les entrega a las obras sociales para la atención de enfermedades de alta complejidad. Ayer, La Nación informó que los gremios adeudaban rendir cuentas por más de $ 200 millones que habían recibido del APE durante 2005 y en años anteriores.
Los datos se conocen días después de que Oyarbide allanara la sede de La Bancaria, que adelantara que citaría a declarar a Zanola y que aconsejara al Gobierno dictar la intervención de esa obra social. En ese operativo, el magistrado constató los vínculos comerciales entre La Bancaria y San Javier. "El cerco judicial se cierra sobre Zanola", dijo entonces Oyarbide.
La información sobre Fharmaz Group parece saldar la discusión sobre si Zanola conocía a Ferrón. Es un listado con el detalle de más de 30 operaciones de compra de La Bancaria, de insumos de farmacia y medicamentos oncológicos, por un total de $ 643.303. La empresa la habían creado en 2003 Ferrón y José Luis Salerno, un ex policía bonaerense. La obra social de los bancarios, según coinciden fuentes sindicales, la controlaba Paula Aballay, mujer de Zanola.
Poder y política
El listado que aportará Dessal se agrega a datos que figuran en el expediente en que se investiga el tráfico de efedrina y que también vinculan a La Bancaria con el triple crimen de General Rodríguez.
Según consta en esa causa, la obra social de los bancarios giró 139 cheques a la droguería de Sebastián Forza, otra de las víctimas, por una suma de $ 2 millones. "No sé por qué niega este hombre que los conocía", dijo la viuda de Ferrón sobre Zanola.
El sindicalista quedó envuelto en la causa de la mafia de los medicamentos cuando se incorporaron a la investigación de Oyarbide las constancias de un fideicomiso conformado por la obra social y la droguería San Javier. De ese fondo se cobraba Lorenzo los medicamentos que le proveía a La Bancaria.
Las vinculaciones de este caso con el poder no terminan allí. En un allanamiento que se hizo el año pasado en la casa de Lorenzo, se encontraron recibos por casi $ 1 millón, correspondientes a aportes a la campaña electoral de Cristina Kirchner. Uno de los recaudadores que tuvo el Frente para la Victoria, el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, también podría ser citado a declarar en la causa de los medicamentos, por pedido del fiscal federal Luis Comparatore.
Entre los documentos encontrados en la casa de Lorenzo, estaba el recibo de un aporte a la campaña de $ 376.000, hecho por Multipharma SA, empresa que pertenece a Juan Carlos Torres, socio de Lorenzo. Por Multipharma pasó un cheque de $ 100.000 que La Bancaria le entregó a San Javier en 2008.
Otro de los recibos hallados en el domicilio de Lorenzo fue el del aporte de Gabriel Brito, dueño de Global Pharmacy Service. El empresario afirmó anteayer, en una entrevista con LA NACION, que no él había puesto el dinero, pero que había aceptado figurar por pedido de Lorenzo.