Denuncian que la Corporación Sur contrató al polémico “Comandante” Rodríguez
Se trata de un puntero villero del macrismo, que se reivindica militante revolucionario de los 70, y enfrenta causas judiciales. Estuvo preso por vender licencias truchas de taxis. Denuncian que la Corporación Sur de Humberto Schiavoni lo contaró pese a que Macri lo había echado.
Miguel Angel Rodríguez fue director de Tránsito de Carlos Grosso y en 1991 fue preso por vender licencias truchas de taxis desde ese cargo. “Lamentablemente, el macrismo en la ciudad acordó con los peores punteros de todas las villas, coordinados por El Comandante Rodríguez, que imparte miedo a muchas personas de muchos barrios carenciados”, denunció Di Filippo a Página/12.
“Es quien coordina la relación de la UGIS con las cooperativas, con trabajos que muchas veces no se hacen o se hacen a medias y se cobran íntegros. Por esto, seguramente vamos a estar avanzando con una denuncia penal cuando encontremos los elementos suficientes”, advirtió el legislador sobre la relación de Rodríguez con cooperativas, a las que no sería ajena la empresa Aparo Construcciones, que viene recibiendo una buena cantidad de contrataciones directas del Gobierno porteño para obras en escuelas y villas.
Robo para el taxi
En los primeros años de la intendencia de Grosso, Rodríguez se convirtió en un personaje conocido: llegó a ir al programa A la cama con Moria, donde le prometió a la vedette que iba a luchar contra las mafias de los taxis. Entre los suyos, se hacía llamar “El Comandante” y sostenía que había tenido militancia en el peronismo revolucionario en los setenta.
Hasta que la Policía Federal recibió una denuncia sobre la venta de licencias truchas y allanaron la dirección de Tránsito, de donde secuestraron documentación y “un maletín con dinero”. Cuando lo fueron a detener, Rodríguez se abroqueló en sus oficinas y, con un megáfono, les decía a sus empleados: “Compañeros, esto es una emboscada de las fuerzas represivas contra las de la liberación”. “Bueno, acá el compañero abogado me está diciendo que me entregue”, cedió finalmente. Estuvo preso un año, tres meses y un día, hasta que pagó una caución.
En 2006 fue condenado a tres años de prisión en suspenso. El juez Facundo Cubas dio por probada la venta de licencias truchas de taxis “por un precio que oscilaba entre los 1500 y los 2000 dólares, superando en algunos casos los cuatro mil, cuando los interesados sólo debían abonar un sellado cuyo valor era muy inferior”. Advirtió que el grupo que vendía las licencias “se conformó a raíz del nombramiento de Rodríguez como interventor”. El sucesor de Rodríguez encontró 500 licencias irregulares.
De Chávez a Recrear
Rodríguez se recicló primero como representante de Pdvsa en 2004 y fue el encargado de abrir estaciones de servicio de la petrolera venezolana. Un peronista porteño lo recuerda al frente de una lujosa oficina en la Avenida Libertador.
En 2006, durante el gobierno de Jorge Telerman, llegó al IVC de la mano de una funcionaria de esa entidad, Karina Leguizamón, esposa del legislador de Recrear Enzo Pagani, con el que Rodríguez mantiene su principal contacto.
Su intervención en las políticas sociales de PRO se hizo notar enseguida. Al comienzo de la gestión PRO, los habitantes de Villa Cartón estaban en un “centro de evacuados” en Parque Roca. Allí vivieron por más de un año sin agua, sin cloacas, sin luz y sin asistencia médica, por lo que falleció un bebé. Una de sus delegadas, Miriam Aquino, dijo a Radio Gráfica: “Queremos denunciar que a un vecino lo sacaron a punta de pistola, lo echaron y el señor Miguel Angel Rodríguez, funcionario del IVC, les decía a los vecinos de cada una de las casitas de la transitoria que ya sacamos a uno que boconeaba más que las delegadas, ahora siguen las delegadas”.
En una entrevista con un medio de la comunidad boliviana, Rodríguez dejó otros conceptos: “Defiendo al villero, pero llora mucho para mi gusto. Deben reconocer que hicieron algo ilegal en su momento, tomar tierras que no les corresponden. En otros países, van presos. Derechos, no tiene ninguno”, sostuvo a Renacer. “Hay quienes son pobres realmente y quienes se disfrazan de pobres. Sus compatriotas tienen casas en Bolivia y solicitan departamentos. ¿Usted sabe cuánta plata sale al año de la Argentina para sus países de origen? Aquellos que no pagan, que no cumplen con sus compromisos, hay que echarlos”, aseguró.
Di Filippo confrontó al jefe de Gabinete porteño en una sesión de la Legislatura de diciembre del año pasado y le preguntó por qué seguía siendo coordinador de la UGIS, dado que por tener una condena penal estaba inhabilitado para trabajar para el Gobierno porteño. “El señor Miguel Angel Rodríguez es personal del IVC, era contratado con la modalidad Locación de Servicios y fue incorporado por decreto 948, en el 2006. A la fecha se encuentra en comisión en la UGIS”, se defendió Larreta.
A fin de mes, le rescindieron el contrato. “Fue por orden estricta de Macri”, aseguró el director de la UGIS, Federico Angelini, quien también milita en Recrear.
–¿No sigue coordinando el trabajo de las cooperativas?
–El ha tenido trabajos en la Corporación del Sur. Tiene relaciones con algunas cooperativas: trabajó en la UGIS, en la Corporación Sur y en Desarrollo Social, pero ya no como empleado. Colaboró con algunos desalojos de viviendas de la manzana 7, en la Villa 1-11-14.
“Es quien coordina la relación de la UGIS con las cooperativas, con trabajos que muchas veces no se hacen o se hacen a medias y se cobran íntegros. Por esto, seguramente vamos a estar avanzando con una denuncia penal cuando encontremos los elementos suficientes”, advirtió el legislador sobre la relación de Rodríguez con cooperativas, a las que no sería ajena la empresa Aparo Construcciones, que viene recibiendo una buena cantidad de contrataciones directas del Gobierno porteño para obras en escuelas y villas.
Robo para el taxi
En los primeros años de la intendencia de Grosso, Rodríguez se convirtió en un personaje conocido: llegó a ir al programa A la cama con Moria, donde le prometió a la vedette que iba a luchar contra las mafias de los taxis. Entre los suyos, se hacía llamar “El Comandante” y sostenía que había tenido militancia en el peronismo revolucionario en los setenta.
Hasta que la Policía Federal recibió una denuncia sobre la venta de licencias truchas y allanaron la dirección de Tránsito, de donde secuestraron documentación y “un maletín con dinero”. Cuando lo fueron a detener, Rodríguez se abroqueló en sus oficinas y, con un megáfono, les decía a sus empleados: “Compañeros, esto es una emboscada de las fuerzas represivas contra las de la liberación”. “Bueno, acá el compañero abogado me está diciendo que me entregue”, cedió finalmente. Estuvo preso un año, tres meses y un día, hasta que pagó una caución.
En 2006 fue condenado a tres años de prisión en suspenso. El juez Facundo Cubas dio por probada la venta de licencias truchas de taxis “por un precio que oscilaba entre los 1500 y los 2000 dólares, superando en algunos casos los cuatro mil, cuando los interesados sólo debían abonar un sellado cuyo valor era muy inferior”. Advirtió que el grupo que vendía las licencias “se conformó a raíz del nombramiento de Rodríguez como interventor”. El sucesor de Rodríguez encontró 500 licencias irregulares.
De Chávez a Recrear
Rodríguez se recicló primero como representante de Pdvsa en 2004 y fue el encargado de abrir estaciones de servicio de la petrolera venezolana. Un peronista porteño lo recuerda al frente de una lujosa oficina en la Avenida Libertador.
En 2006, durante el gobierno de Jorge Telerman, llegó al IVC de la mano de una funcionaria de esa entidad, Karina Leguizamón, esposa del legislador de Recrear Enzo Pagani, con el que Rodríguez mantiene su principal contacto.
Su intervención en las políticas sociales de PRO se hizo notar enseguida. Al comienzo de la gestión PRO, los habitantes de Villa Cartón estaban en un “centro de evacuados” en Parque Roca. Allí vivieron por más de un año sin agua, sin cloacas, sin luz y sin asistencia médica, por lo que falleció un bebé. Una de sus delegadas, Miriam Aquino, dijo a Radio Gráfica: “Queremos denunciar que a un vecino lo sacaron a punta de pistola, lo echaron y el señor Miguel Angel Rodríguez, funcionario del IVC, les decía a los vecinos de cada una de las casitas de la transitoria que ya sacamos a uno que boconeaba más que las delegadas, ahora siguen las delegadas”.
En una entrevista con un medio de la comunidad boliviana, Rodríguez dejó otros conceptos: “Defiendo al villero, pero llora mucho para mi gusto. Deben reconocer que hicieron algo ilegal en su momento, tomar tierras que no les corresponden. En otros países, van presos. Derechos, no tiene ninguno”, sostuvo a Renacer. “Hay quienes son pobres realmente y quienes se disfrazan de pobres. Sus compatriotas tienen casas en Bolivia y solicitan departamentos. ¿Usted sabe cuánta plata sale al año de la Argentina para sus países de origen? Aquellos que no pagan, que no cumplen con sus compromisos, hay que echarlos”, aseguró.
Di Filippo confrontó al jefe de Gabinete porteño en una sesión de la Legislatura de diciembre del año pasado y le preguntó por qué seguía siendo coordinador de la UGIS, dado que por tener una condena penal estaba inhabilitado para trabajar para el Gobierno porteño. “El señor Miguel Angel Rodríguez es personal del IVC, era contratado con la modalidad Locación de Servicios y fue incorporado por decreto 948, en el 2006. A la fecha se encuentra en comisión en la UGIS”, se defendió Larreta.
A fin de mes, le rescindieron el contrato. “Fue por orden estricta de Macri”, aseguró el director de la UGIS, Federico Angelini, quien también milita en Recrear.
–¿No sigue coordinando el trabajo de las cooperativas?
–El ha tenido trabajos en la Corporación del Sur. Tiene relaciones con algunas cooperativas: trabajó en la UGIS, en la Corporación Sur y en Desarrollo Social, pero ya no como empleado. Colaboró con algunos desalojos de viviendas de la manzana 7, en la Villa 1-11-14.