La Justicia no frenó el tarifazo del gas
La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Cecilia de Negre, rechazó la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo contra los aumentos en las facturas del servicio que en algunos casos alcanzaron los tres dígitos.
La Justicia rechazó una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo de la Nación para frenar el cobro del cargo tarifario que comenzó a figurar en las últimas facturas de gas, que para los usuarios residenciales mostraron aumentos que alcanzaron los tres dígitos.
Según el diario La Nación, el fallo pertenece a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Cecilia de Negre. La magistrada rechazó el pedido de la Defensoría para frenar los aumentos por considerar que "no se ha acreditado ni denunciado la inminencia del corte del suministro con motivo de las cuestiones planteadas" en la demanda, con lo cual los usuarios pueden seguir utilizando el servicio. Luego, agrega que ello no implica que en caso de prosperar la demanda "cada usuario pueda exigir por las vías pertinentes la restitución de los montos oblados".
Aún resta que la magistrada dicte sentencia definitiva en el caso, es decir que resuelva la cuestión de fondo: la constitucionalidad del nuevo cargo tarifario.
Al presentar la demanda, en febrero último, la Defensoría argumentó que el cargo tarifario es "arbitrario e ilegal", ya que en realidad se trata de un impuesto y como tal debería haber sido aprobado por el Congreso. El argumento detrás de este postulado es que el cargo no se vincula con ninguno de los costos que componen la tarifa. "Cuando alguien no recibe una contraprestación en un servicio público, es un impuesto, y como todo impuesto tiene que pasar por el Congreso", argumentó en ese momento el defensor del pueblo, Eduardo Mondino.
El reemplazante del ahora candidato a senador nacional por Córdoba y adjunto primero de la Defensoría, Anselmo Sella, dijo a LA NACION que ya se presentó la apelación ante el juzgado. Sella estimó que probablemente dentro de un mes se conocerá la decisión de la jueza sobre la cuestión de fondo de la demanda. "La jueza de eso no dijo nada. Primero resuelve la medida cautelar. Para hacerlo, no tiene que tener la certeza sobre la cuestión de fondo", señaló. De hecho, si bien la jueza De Negre rechazó la medida cautelar solicitada, aclaró que esa decisión fue tomada sin perjuicio de lo que se decida en el momento de dictar sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
Ahorro fiscal
El cargo tarifario, implementado a fines del año pasado, fue diseñado para aumentar los ingresos de la petrolera estatal Enarsa a través de un fondo fiduciario. Enarsa tiene a su cargo las importaciones de gas, tanto las provenientes de Bolivia como las de gas licuado (GLP) que llegan a la Argentina en barco. Con ese cargo, el Gobierno reducirá los subsidios que otorga a la petrolera estatal y los compensará con fondos aportados directamente por los consumidores.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció una modificación en el esquema del cargo, que exceptúa del aumento a 330.000 clientes del interior de la provincia de Buenos Aires y las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén. Según el Gobierno, con el nuevo esquema, la medida regirá para el 31% de los clientes de todo el país, es decir, unos 2,07 millones.
Además del cargo tarifario, el Gobierno implementó subas en el precio de gas en boca de pozo -para subsidiar el precio de la garrafa social y alentar inversiones en exploración- y un aumento en la tarifa que cobran las distribuidoras, que en algunos casos estaban congeladas para los usuarios residenciales desde 2001. Algunos de estos aumentos aún no se terminaron de implementar.
El Gobierno nunca reveló el porcentaje final de aumento para los usuarios residenciales. Los incrementos anunciados por el Gobierno implicaron subas de hasta el 260% en los componentes tarifarios de la factura, sin considerar el impacto sobre los impuestos ni las penalizaciones del programa de uso racional de la energía. Pero la Defensoría del Pueblo de la Nación registró quejas de usuarios que recibieron facturas con subas de hasta el 400%, según indicó Sella.
Según el diario La Nación, el fallo pertenece a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Cecilia de Negre. La magistrada rechazó el pedido de la Defensoría para frenar los aumentos por considerar que "no se ha acreditado ni denunciado la inminencia del corte del suministro con motivo de las cuestiones planteadas" en la demanda, con lo cual los usuarios pueden seguir utilizando el servicio. Luego, agrega que ello no implica que en caso de prosperar la demanda "cada usuario pueda exigir por las vías pertinentes la restitución de los montos oblados".
Aún resta que la magistrada dicte sentencia definitiva en el caso, es decir que resuelva la cuestión de fondo: la constitucionalidad del nuevo cargo tarifario.
Al presentar la demanda, en febrero último, la Defensoría argumentó que el cargo tarifario es "arbitrario e ilegal", ya que en realidad se trata de un impuesto y como tal debería haber sido aprobado por el Congreso. El argumento detrás de este postulado es que el cargo no se vincula con ninguno de los costos que componen la tarifa. "Cuando alguien no recibe una contraprestación en un servicio público, es un impuesto, y como todo impuesto tiene que pasar por el Congreso", argumentó en ese momento el defensor del pueblo, Eduardo Mondino.
El reemplazante del ahora candidato a senador nacional por Córdoba y adjunto primero de la Defensoría, Anselmo Sella, dijo a LA NACION que ya se presentó la apelación ante el juzgado. Sella estimó que probablemente dentro de un mes se conocerá la decisión de la jueza sobre la cuestión de fondo de la demanda. "La jueza de eso no dijo nada. Primero resuelve la medida cautelar. Para hacerlo, no tiene que tener la certeza sobre la cuestión de fondo", señaló. De hecho, si bien la jueza De Negre rechazó la medida cautelar solicitada, aclaró que esa decisión fue tomada sin perjuicio de lo que se decida en el momento de dictar sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
Ahorro fiscal
El cargo tarifario, implementado a fines del año pasado, fue diseñado para aumentar los ingresos de la petrolera estatal Enarsa a través de un fondo fiduciario. Enarsa tiene a su cargo las importaciones de gas, tanto las provenientes de Bolivia como las de gas licuado (GLP) que llegan a la Argentina en barco. Con ese cargo, el Gobierno reducirá los subsidios que otorga a la petrolera estatal y los compensará con fondos aportados directamente por los consumidores.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció una modificación en el esquema del cargo, que exceptúa del aumento a 330.000 clientes del interior de la provincia de Buenos Aires y las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén. Según el Gobierno, con el nuevo esquema, la medida regirá para el 31% de los clientes de todo el país, es decir, unos 2,07 millones.
Además del cargo tarifario, el Gobierno implementó subas en el precio de gas en boca de pozo -para subsidiar el precio de la garrafa social y alentar inversiones en exploración- y un aumento en la tarifa que cobran las distribuidoras, que en algunos casos estaban congeladas para los usuarios residenciales desde 2001. Algunos de estos aumentos aún no se terminaron de implementar.
El Gobierno nunca reveló el porcentaje final de aumento para los usuarios residenciales. Los incrementos anunciados por el Gobierno implicaron subas de hasta el 260% en los componentes tarifarios de la factura, sin considerar el impacto sobre los impuestos ni las penalizaciones del programa de uso racional de la energía. Pero la Defensoría del Pueblo de la Nación registró quejas de usuarios que recibieron facturas con subas de hasta el 400%, según indicó Sella.