La crisis de inseguridad

Stornelli quiere echar a los policías que protesten

Un grupo de uniformados se movilizó en La Plata el pasado 23 de marzo para reclamar aumentos salariales y protestar por las condiciones de trabajo. En el Ministerio de Seguridad que encabeza Carlos Stornelli están tratando de identificar a quienes organizaron la protesta para acusarlos de insubordinación y echarlos de la fuerza. La polémica resolución que exige denunciar a quienes reciban mensajes o mails convocando a una movilización.
La Plata se convirtió en las últimas semanas en el escenario de numerosas movilizaciones: hubo reclamos de los docentes, de los médicos, de los trabajadores del Estado y de los judiciales, todos nucleados en gremios que marcaron así su posición antes de asistir a las paritarias con los funcionarios de Daniel Scioli.

En este marco, la novedad de este año la dieron los policías bonaerenses que el pasado 23 de marzo realizaron una marcha para reclamar por mejor equipamiento y mayor cantidad de efectivos, luego que la fuerza sumara una nueva víctima y acumulara cinco caídos en las últimas semanas. El reclamo, enmascarado en una movilización de una agrupación que defiende a los policías heridos, despertó luces de alarma en el Ministerio de Seguridad.

Inmediatamente se dispuso una investigación por parte de la Auditoría General de Asuntos Internos, que podría derivar en despidos por “insubordinación”, ya que en la Argentina no están autorizadas las protestas de policías ni su sindicalización, como si ocurre en otras partes del mundo.

En la movilización del pasado 23 de marzo, los uniformados reclamaron una recomposición salarial además de una mejora en las condiciones de trabajo, como por ejemplo chalecos antibalas que no estén vencidos y móviles blindados.

A raíz de esta movilización, que fue organizada mediante cadenas de mails y mensajes de texto de celulares, en el ministerio que enbabeza Stornelli se emitió una circular que según personal de esa cartera tiene rasgos “intimidatorios”.

El texto, al que pudo acceder La Política Online, “invita” a “todo el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a que denuncien formalmente cualquier tipo de comunicación que reciban de iguales o subalternos: vía e-mail, vía mensaje de texto, o en forma personal –o cualquiera sea la vía¬- que lleguen a su conocimiento y donde se promuevan opiniones, observaciones, quejas, o reproches, por vías no autorizadas respecto de actos u órdenes de un superior, o relacionadas con condiciones o situaciones laborales”.

Personal del Ministerio de Seguridad confirmó a La Política Online que la intención de la autoridades es encontrar a quienes enviaron mensajes informando de la fecha y el lugar de la protesta para echarlos de la fuerza, en base al artículo 12 de la Ley 13.201 (de Personal Policial), que exhorta a los uniformados a “cumplir con el régimen disciplinario previsto en la presente Ley y su reglamentación, cualesquiera fuere su situación de revista” y el artículo 106 de la misma norma, que establece que es una “falta grave” la de “cometer insubordinación, provocarla o instigar a otros a cometerla”.

El debate legal

Es aquí donde se abre el debate sobre las condiciones laborales de los policías, que pese a ser trabajadores no gozan en parte de los atributos comprendidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que, entre otras cosas, establece que un trabajador tendrá asegurada la organización sindical libre y democrática y que a su vez los gremios tienen garantizado el derecho a huelga.

Los policías, al no poder organizarse gremialmente, no pueden reclamar por aumentos salariales y cuando lo hacen pueden llegar a perder el trabajo. De acuerdo a la circular, es una “falta gravísima” agruparse para reclamar.

Hasta el cierre de esta nota La Política Online intentó comunicarse con funcionarios del Ministerio de Seguridad, pero no logró una respuesta oficial ante esa situación.