La Corte Suprema frena los desmontes en Salta
Extendió por 90 días la suspensión de talar árboles en cuatro departamentos de la provincia y le ordenó al gobernador Urtubey que realice un estudio de impacto ambiental acumulado.
La Corte Suprema de Justicia extendió hoy por 90 días la suspensión de la tala de bosques en cuatro departamentos de Salta y ordenó al gobierno provincial que realice un estudio de "impacto ambiental acumulado", antes de seguir adelante con los desmontes.
El máximo tribunal amplió la medida cautelar que en diciembre pasado suspendió la tala de un millón de hectáreas en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados en el último trimestre de 2007, también a todos los permisos posteriores a esa fecha.
De este modo, la Corte Suprema paralizó virtualmente todos los desmontes, argumentando que "se otorgaron autorizaciones para la tala y desmonte tomando en consideración el impacto ambiental de cada una de ellas, pero no se ha efectuado ningún estudio relativo al efecto acumulativo de todas las autorizaciones".
"La tala y desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar y que, en palabras expresadas por el representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en la audiencia pública del 18 de febrero del corriente año, seguramente será negativo", insistieron los jueces.
El estudio de impacto ambiental acumulativo será elaborado en un plazo máximo de 90 días por el gobierno salteño "en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación" y con "amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada".
El fallo alude así a las comunidades wichí, pueblos originarios de la región, que presentaron la acción de amparo contra la tala indiscriminada de los bosques nativos.
La medida trasluce el interés del tribunal en que los estudios con basamento científico que ordenó procuren un equilibrio entre el desarrollo económico de la región y el respeto por la calidad de vida y la ecología.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni dictaron el fallo, tras advertir que existe "una situación clara de peligro de daño grave".
Los magistrados alertaron que, de continuar con la tala se "podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras".
"Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible, porque no habría manera alguna de volver las cosas a su estado anterior", sostiene el fallo, que aplica un "principio precautorio" en materia ambiental.
En la audiencia que se realizó el mes pasado, los representantes de la comunidad wichí y el gobierno provincial polemizaron sobre las razones del alud que causó gravísimos daños en la ciudad de Tartagal, a raíz de las inclemencias climáticas.
El abogado de los aborígenes, Raúl Ferreyra, denunció que "no hay posibilidad de desligar el desmonte del desastre ocurrido en Tartagal", pero los letrados de la administración provincial intentaron desmentirlo.
Al día siguiente, Lorenzetti advirtió que en la zona hubo "una larga historia de ineficiencia del Estado" y puso como ejemplo que, aunque "es lógico promover el agro, hubo una cantidad enorme de autorizaciones para el desmonte, que se incrementaron abruptamente a fines de 2007".
Finalmente, y después de los antecedentes y lo escuchado a las partes en la audiencia, la Corte Suprema dispuso paralizar todos los desmontes y avanzar con un estudio científico que pueda determinar el daño efectivo que recibe el ambiente por esa práctica.
El máximo tribunal amplió la medida cautelar que en diciembre pasado suspendió la tala de un millón de hectáreas en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados en el último trimestre de 2007, también a todos los permisos posteriores a esa fecha.
De este modo, la Corte Suprema paralizó virtualmente todos los desmontes, argumentando que "se otorgaron autorizaciones para la tala y desmonte tomando en consideración el impacto ambiental de cada una de ellas, pero no se ha efectuado ningún estudio relativo al efecto acumulativo de todas las autorizaciones".
"La tala y desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar y que, en palabras expresadas por el representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en la audiencia pública del 18 de febrero del corriente año, seguramente será negativo", insistieron los jueces.
El estudio de impacto ambiental acumulativo será elaborado en un plazo máximo de 90 días por el gobierno salteño "en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación" y con "amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada".
El fallo alude así a las comunidades wichí, pueblos originarios de la región, que presentaron la acción de amparo contra la tala indiscriminada de los bosques nativos.
La medida trasluce el interés del tribunal en que los estudios con basamento científico que ordenó procuren un equilibrio entre el desarrollo económico de la región y el respeto por la calidad de vida y la ecología.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni dictaron el fallo, tras advertir que existe "una situación clara de peligro de daño grave".
Los magistrados alertaron que, de continuar con la tala se "podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras".
"Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible, porque no habría manera alguna de volver las cosas a su estado anterior", sostiene el fallo, que aplica un "principio precautorio" en materia ambiental.
En la audiencia que se realizó el mes pasado, los representantes de la comunidad wichí y el gobierno provincial polemizaron sobre las razones del alud que causó gravísimos daños en la ciudad de Tartagal, a raíz de las inclemencias climáticas.
El abogado de los aborígenes, Raúl Ferreyra, denunció que "no hay posibilidad de desligar el desmonte del desastre ocurrido en Tartagal", pero los letrados de la administración provincial intentaron desmentirlo.
Al día siguiente, Lorenzetti advirtió que en la zona hubo "una larga historia de ineficiencia del Estado" y puso como ejemplo que, aunque "es lógico promover el agro, hubo una cantidad enorme de autorizaciones para el desmonte, que se incrementaron abruptamente a fines de 2007".
Finalmente, y después de los antecedentes y lo escuchado a las partes en la audiencia, la Corte Suprema dispuso paralizar todos los desmontes y avanzar con un estudio científico que pueda determinar el daño efectivo que recibe el ambiente por esa práctica.