Tras el desastre en Tartagal, Cristina reglamenta la Ley de Bosques
LPO denunció la fuerte influencia del desmonte en la catástrofe salteña. Hoy, la presidenta hará el anuncio en Olivos, aunque el proyecto se sancionó el 28 de noviembre pasado. Rápidamente, voceros oficiales salieron a desvincular el alud de la decisión presidencial.
Una especialista de Greenpeace detalló hace días a La Política Online la influencia del grosero desmonte salteño en el violento alud que devastó la localidad salteña de Tartagal. Tras esto, y 76 días después de sancionada en el Congreso, la presidenta Cristina Kirchner reglamentará hoy Ley de Bosques.
Lo que normalmente hubiese sido apenas un cable de agencia o una noticia al pasar, el desastre en Salta determinó que la reglamentación de la ley sellada en el Parlamento el pasado 29 de noviembre se haga hoy en conferencia de prensa oficial. Así, la presidenta convocó a un acto este mediodía en la residencia de Olivos, donde hará realidad la reclamada y demorada firma del proyecto.
En sus aspectos fundamentales, el decreto de reglamentación otorga financiamiento a las provincias para concretar el mapeo de las áreas forestales y simplifica el procedimiento para la aprobación de sus planes de manejo, además de brindarles soporte técnico para su ejecución. Esto es clave en Salta ya que, como denunció este medio, el gobernador Juan Manuel Urtubey desestimó el mapeo realizado por técnicos y especialistas y especulaba con la posibilidad de ampliar las zonas para el desmonte.
La norma fijaba un año de plazo para que las provincias concretaran el ordenamiento territorial que categorizara las áreas forestales según su valor de conservación. Las demoras en el mapeo y, sobre todo, la falta de reglamentación, fueron criticadas desde diversas organizaciones ambientalistas, de campesinos e indígenas. Las quejas se hicieron más notorias esta semana, después del alud en Tartagal, adjudicado por esas mismas entidades a los desmontes y la tala.
Rápidamente, voceros oficiales salieron a desestimar lo que aparece en evidencia. Esta mañana, fue el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien aprovechó sus apariciones radiales habituales para despegar el desastre de Tartagal de la medida oficial. Otro fue el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni.
“Este es un proceso que comenzó el 15 de diciembre, cuando yo me presenté en el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y expuse la voluntad política de resolver esta situación –detalló–. De allí en más hubo una serie de reuniones y se llegó a un consenso entre las 24 provincias. En la segunda quincena de enero terminó de madurar el acuerdo. El 13 de febrero estaba fijado con Jefatura de Gabinete y la Presidencia desde principios de mes”, afirmó Bibiloni.
Bibiloni criticó el proyecto de reglamentación elaborado en la gestión de su antecesora, Romina Picolotti, al que calificó de “unitario”. “Con el aporte de todas las provincias hemos elaborado un proyecto federal que haga viable el cumplimiento de la norma”, señaló.
El punto principal de la reglamentación dispone que la Secretaría de Ambiente, como autoridad de aplicación, estará obligada a brindar, a solicitud de las autoridades de cada provincia, “la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes en sus jurisdicciones”. Esto es, fundamentalmente, que habrá plata para que las provincias hagan el mapeo que les ordena la ley. “Si no, se les impone a las provincias una carga de tareas pero no su financiación”, explicó Bibiloni a Página/12.
Lo que normalmente hubiese sido apenas un cable de agencia o una noticia al pasar, el desastre en Salta determinó que la reglamentación de la ley sellada en el Parlamento el pasado 29 de noviembre se haga hoy en conferencia de prensa oficial. Así, la presidenta convocó a un acto este mediodía en la residencia de Olivos, donde hará realidad la reclamada y demorada firma del proyecto.
En sus aspectos fundamentales, el decreto de reglamentación otorga financiamiento a las provincias para concretar el mapeo de las áreas forestales y simplifica el procedimiento para la aprobación de sus planes de manejo, además de brindarles soporte técnico para su ejecución. Esto es clave en Salta ya que, como denunció este medio, el gobernador Juan Manuel Urtubey desestimó el mapeo realizado por técnicos y especialistas y especulaba con la posibilidad de ampliar las zonas para el desmonte.
La norma fijaba un año de plazo para que las provincias concretaran el ordenamiento territorial que categorizara las áreas forestales según su valor de conservación. Las demoras en el mapeo y, sobre todo, la falta de reglamentación, fueron criticadas desde diversas organizaciones ambientalistas, de campesinos e indígenas. Las quejas se hicieron más notorias esta semana, después del alud en Tartagal, adjudicado por esas mismas entidades a los desmontes y la tala.
Rápidamente, voceros oficiales salieron a desestimar lo que aparece en evidencia. Esta mañana, fue el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien aprovechó sus apariciones radiales habituales para despegar el desastre de Tartagal de la medida oficial. Otro fue el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni.
“Este es un proceso que comenzó el 15 de diciembre, cuando yo me presenté en el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y expuse la voluntad política de resolver esta situación –detalló–. De allí en más hubo una serie de reuniones y se llegó a un consenso entre las 24 provincias. En la segunda quincena de enero terminó de madurar el acuerdo. El 13 de febrero estaba fijado con Jefatura de Gabinete y la Presidencia desde principios de mes”, afirmó Bibiloni.
Bibiloni criticó el proyecto de reglamentación elaborado en la gestión de su antecesora, Romina Picolotti, al que calificó de “unitario”. “Con el aporte de todas las provincias hemos elaborado un proyecto federal que haga viable el cumplimiento de la norma”, señaló.
El punto principal de la reglamentación dispone que la Secretaría de Ambiente, como autoridad de aplicación, estará obligada a brindar, a solicitud de las autoridades de cada provincia, “la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes en sus jurisdicciones”. Esto es, fundamentalmente, que habrá plata para que las provincias hagan el mapeo que les ordena la ley. “Si no, se les impone a las provincias una carga de tareas pero no su financiación”, explicó Bibiloni a Página/12.