El escándalo narco generó un terremoto político en el gobierno de Lacalle Pou
La crisis que forzó la renuncia del canciller Francisco Bustillo y el ministro del Interior Luis Heber, por haber protegido a un capo narco Sebastián Marset, desató una rebelión interna entre dirigentes del Partido Nacional de Lacalle Pou y sus aliados colorados y de Cabildo Abierto.
El primero de los malestares expresados es por la decisión del presidente uruguayo de no adelantar su vuelta de Estados Unidos (donde se reunió con Joe Biden) y pensar que con las renuncias de los funcionarios el conflicto finalizaba.
Ahora el reclamo de propios y aliados es que Lacalle Pou brinde explicaciones y saque del gobierno a Roberto Lafluf, su principal asesor de imagen. Lo que hace ruido es que todos los escándalos que atravesó su gobierno son denuncias pesadas que involucran a su anillo más cercano de confianza, como fu del caso del ex jefe de seguridad Alejandro Astesiano.
Otra de la cabeza que piden los blancos es la de Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior y Carlos Mata, de Asuntos Jurídicos de la cancillería, ya que en uno de los audios Bustillo le dijo a Ache que iba a tratar de hablar con él con el fin de evitar entregar los chats en la investigación administrativa y sortear la indagatoria de la funcionaria Karina Antelo: "Que por lo menos no guaranguee con las preguntas, que mande a un tercero y que no sea tan incisivo", dice el audio.
La bancada colorada, partido al que pertenece la ex vicecanciller que destapó el escándalo pertenece a ese partido. Tras la reunión, emitieron un comunicado en donde dicen: "Las declaraciones y evidencias" aportadas por Ache a la Fiscalía por el caso Marset "ponen en cuestión la actuación de integrantes del Poder Ejecutivo y de un asesor presidencial en ese asunto y sus derivaciones".
"Que a la luz de los hechos revelados era indispensable el inmediato apartamiento de su cargo del excanciller Bustillo, tal como ayer [por el miércoles] mismo se produjo. Que está pendiente que el Sr. Presidente de la República, cuando regrese al país, dé a la ciudadanía las explicaciones pertinentes. Oído el Sr. Presidente, Ciudadanos fijará su posición ante estos lamentables sucesos de manifiesta gravedad", finaliza el comunicado.
El Partido Independiente es otro de las fuerzas aliadas de Lacalle Pou. Su líder, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo en una rueda de prensa que "estamos en presencia de una situación grave, de afectación política importante". "Uruguay tiene plena vigencia de sus instituciones y porque funcionan las instituciones es que ocurren situaciones como las que estamos viendo y se conocen", aclaró.
El funcionario planteó que "en un país donde la institucionalidad estuviera en crisis, probablemente estas cosas quedarían ocultas o incluso tapadas. Acá hubo comportamientos que cruzaron la línea, y de parte del PI está la total convicción de que hay que ir hasta el hueso; que aquellas jerarquías o personas que hayan cruzado la línea de la legalidad deben ser responsabilizadas y, por lo tanto, tendrá que avanzar en ese sentido el gobierno con sus decisiones".
"También quiero decir que no hay que perder el foco principal de este tema, que no es solamente lo vinculado a si hubo conductas que buscaron obstaculizar o esconder declaraciones, sino que hubo un proceso en el otorgamiento del pasaporte a Marset, que fue más acelerado de lo que debió haber sido, y, en función de ello, más allá de que las investigaciones administrativas que se realizaron en los dos ministerios no arrojaron luz sobre este tema, ahora está en manos de la Justicia", culminó.
En el Frente Amplio insisten en que "es solo la punta del iceberg" y sugieren que podrían impulsarse un juicio político contra Lacalle Pou. "Si se sigue investigando. Es claro que el Presidente está involucrado. Marset era uno de los que además de traficar cocaína por la Hidrovía, estaba en el esquema de lavado de dinero para el clan Cartes (ex presidente de Paraguay). Y esta gente lo estaba protegiendo. Es gravísimo", apuntan.