Por el robo de salarios, aumenta en Nueva York la presión latina sobre la gobernadora demócrata
En Nueva York se calcula que más de $2 mil millones de dólares son robados a los trabajadores cada año, un hecho que afecta a los más vulnerables, especialmente los indocumentados o de bajos ingresos, en su mayoría hispanos.
Se trata de un delito de los empleadores que retienen ganancias de los trabajadores y sucede de manera constante en industrias de bajos salarios y no sindicalizadas, como la construcción, la hospitalidad o en el cuidado del hogar. Según la senadora estatal Jessica Ramos, la situación es "simplemente insostenible".
"Desafortunadamente, en este mundo posterior a la pandemia donde el robo de salarios es más rampante que nunca y realmente necesitamos que el Departamento de Trabajo luche contra el robo de salarios a diario", comentó la senadora latina.
Ramos es hija de inmigrantes colombianos, preside el Comité de Trabajo en el Senado de Nueva York y lidera un proyecto que pretende asegurar los salarios devengados contra el robo. El proyecto de ley SWEAT (Asegurando los Salarios Ganados contra el Robo) permitirá a los empleados de todas las industrias congelar los activos del empleador mientras su caso de robo de salarios está pendiente, y así asegurar que el dinero esté allí cuando termine el caso.
El conflicto no es nuevo. SWEAT fue vetado en su día por el ex gobernador Andrew Cuomo y lleva más de una década en los cajones de Albany. En 2010, antes de que Nueva York promulgara una ley que aumentaba las sanciones y fortalecía la aplicación contra el robo de salarios, el Proyecto de Ley Nacional de Empleo, una organización sin fines de lucro dijo que los trabajadores de la ciudad de Nueva York perdieron alrededor de mil millones de dólares al año.
Con la gobernadora Kathy Hochul sigue sin verse ningún avance y el Departamento de Trabajo, la agencia estatal que maneja principalmente las denuncias de robo de salarios, no asistió a la última audiencia al respecto. Los representantes de los grupos empresariales de la ciudad de Nueva York se han opuesto a la medida y ejercido presión sobre la mesa de Hochul.
La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul.
Andrew Rigie, director ejecutivo de New York City Hospitality Alliance, una asociación sin fines de lucro que representa a unos 4,000 propietarios de bares, restaurantes y casas nocturnas, calificó la legislación SWEAT como "bien intencionada pero equivocada".
"No creemos que intentes abordar una injusticia reemplazándola con otra injusticia", dijo. Además de perjudicar a los buenos empleadores, consideró, los malos empleadores encontrarán otras formas de eludir esta ley y quedará como una herramienta que tendrá consecuencias negativas.
La aprobación de esta medida serviría para terminar una práctica muy extendida en el estado de Nueva York, donde -según la ley actual- si un empleador le debe dinero a un trabajador es realmente difícil cobrarlo dadas las facilidades para ocultar los activos empresarios. Es común que cuando los jefes descubren que los empleados están tomando medidas para recuperar sus salarios robados transfieran sus negocios, casas y otras propiedades, oculten sus activos y cierren lugares de trabajo para después ponerlos otra vez en funcionamiento con un nuevo nombre.
El pasado 25 de mayo trabajadores testificaron en la audiencia pública del Senado estatal sobre el robo de salario para demostrar por qué necesitan con urgencia sean aprobadas las disposiciones del proyecto de ley SWEAT y así poner fin al abuso de los empleadores de negocios e industrias.
El controvertido fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, también ha tomado partida en esta cuestión y anunció que su oficina se asoció con el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York y la policía local para crear la "Unidad de Protección del Trabajador" y el "Fondo de Salarios Robados". La Unidad recién creada se centrará en presentar cargos penales contra empresas y ejecutivos que priven (o "roben") los salarios de sus trabajadores. El Fondo de Salarios Robados buscará compensar a las presuntas víctimas de robo de salarios que no puedan ser compensadas adecuadamente a través de acciones civiles o penales contra el empleador.