EU profundiza la lucha contra el fentanilo y anuncia cargos contra Los Chapitos y China
Luego de la reunión de alto nivel que este jueves mantuvieron funcionarios de México con sus pares de Estados Unidos, este viernes Washington anunció nuevos cargos penales ante la Justicia del Distrito Sur de Nueva York, Distrito Norte de Illinois y de Columbia contra 28 líderes del Cártel de Sinaloa, entre los que aparecen los hijos de su histórico líder, Joaquín "El Chapo" Guzmán, y empresas oriundas de China.
En declaraciones a la prensa, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció "importantes acciones" contra "la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo" comandada por el Cártel del Sinaloa e "impulsada por compañías químicas y farmacéuticas precursoras de China". "La crisis del fentanilo en Estados Unidos amenaza nuestra salud pública, nuestra seguridad pública y nuestra seguridad nacional", agregó la fiscal adjunta Lisa Monaco, quien aseguró que en el pasado la Casa Blanca atacó a "terroristas y ciberdelincuentes en todo el mundo" y que ahora busca "interrumpir la producción y el tráfico" de esta droga sintética.
En EU, Rosa Icela aseguró que México no produce fentanilo y revivió las tensiones bilaterales
Según la acusación que se hizo pública, entre las 28 personas señaladas aparecen tres de los hijos de El Chapo Guzmán, Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán. El último de ellos ya se encuentra detenido y a la espera de ser extraditado hacia el país vecino, donde enfrenta una serie de acusaciones que lo podrían condenar a prisión perpetua. En total y hasta el momento, siete integrantes de este grupo esperan diferentes procesos de extradición.
La avanzada judicial llega apenas 24 horas después de una reunión de alto nivel que mantuvieron funcionarios mexicanos con sus pares norteamericanos. Entre ellos estuvieron presentes el canciller, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, quien volvió a desechar la posibilidad de que en México se produzca el fentanilo y a apuntar hacia China, país del que provienen las materias primas para conseguir las pastillas que en 2021 mataron a más de 70 mil personas en Estados Unidos.
Uno de los puntos sobresalientes de esta avanzada judicial es que recae sobre empresas chinas, país al que Estados Unidos denuncia por considerar que no persigue a los productores químicos que promueven el desarrollo de las diferentes drogas sintéticas. "Las acusaciones de hoy apuntan a todos los elementos de la red de tráfico desde las empresas químicas en China que generan precursores de fentanilo, hasta los laboratorios ilícitos que producen el veneno, las redes y lavadores de dinero y asesinos que facilitan su distribución", sostuvo la Lisa Monaco.
Por su parte, la directora de la DEA, Anne Milgram, afirmó que este viernes Washington le envío "un mensaje claro" a Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa para demostrar que su administración "no se detendrá ante nada para proteger la seguridad nacional y al pueblo de Estados Unidos". Además, detalló que a lo largo de estas investigaciones su organismo logró infiltrarse dentro de la organización criminal, lo que le permitió tener "un acceso sin precedentes" a la información interna de este grupo delictivo.
Dentro de los objetivos sancionados, la Casa Blanca detalló que se encuentran empresas proveedoras de precursores químicos con los que se produce el fentanilo, operadores ilegales en Guatemala y México, proveedores de armas y lavadores del dinero que se obtiene a partir de las ganancias de estas ventas.
El tráfico de fentanilo, que ya se convirtió en una crisis sanitaria en los Estados Unidos, es uno de los principales temas de la agenda bilateral. Las tensiones se profundizaron durante el último tiempo, luego de que figuras del Partido Republicano solicitaran declarar a los cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas" y promovieran el uso de la fuerza armada norteamericana para combatirlos. Estas nuevas acciones buscan rebajar las diferencias por parte de la Casa Blanca, que, al igual que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, rechaza dar este paso y afrontar un esquema de combate antinarcóticos diferente.