Planas quiere prohibir las renovables en el 23% de la superficie agraria para proteger el regadío y abre un frente con Ribera
Son cada vez más las fuerzas políticas -sobre todo autonómicas- y los colectivos sociales que le exigen al Gobierno una "implantación ordenada" de los grandes proyectos de energía renovable ante la enorme transformación territorial y productiva que demanda la transición energética.
El pedido, que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico se califica de "retardista", surge ahora desde dentro del propio Ejecutivo.
El Ministerio de Agricultura quiere prohibir la instalación de proyectos de energía renovable en suelo de regadío, superficie que ocupa nada menos que el 23% de toda la superficie agraria útil (SAU).
Por el momento, el departamento que dirige Luis Planas publicó un borrador de la medida bajo el título "Proyecto de Ley de Protección de los usos del suelo de las zonas regables declaradas de interés general o de utilidad pública" y abrió una consulta pública para recabar las opiniones de las partes afectadas.
La intención es poner el proyecto de ley a consideración del Consejo de Ministro en las próximas semanas, lo que generará, con seguridad, un fuerte choque con Teresa Ribera, defensora de un despliegue acelerado y masivo de las renovables ante la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles y atenuar los efectos de la crisis climática.
En su disposición, Agricultura explica que el regadío en España es "uno de los pilares del desarrollo rural y la seguridad alimentaria y un elemento básico del sistema agroalimentario", contribuyendo en algo más de 65% a la Producción final vegetal y al 2,4 % del PIB.
"El regadío -aclara el texto- es un motor para el desarrollo económico de las zonas rurales, impulsando una agricultura productiva, sostenible, generadora de empleo y de valor añadido, que mejora su eficiencia y responde a una planificación sostenible desde el punto de vista social, territorial y ambiental. Por ese motivo, se considera una medida eficaz en la lucha contra la despoblación en el medio rural".
Ante la "demanda, cada vez más intensa, de la instalación de parques o plantas de energías renovables en suelos agrícolas", Planas entiende que el mercado energético compite con la actividad agraria por el uso del suelo, lo que puede "implicar afecciones negativas para un suelo de calidad, con alto valor ecológico para el cultivo, que conllevaría una disminución notable de su potencial productivo".
"Esta pérdida se traduce así mismo en una pérdida de renta que conllevaría, irremediablemente, a una despoblación en el medio rural", alerta Agricultura, que pide una "ordenada implantación" de las renovables para evitar "la retirada de tierras aptas para el cultivo de regadío, perdiendo así capacidad de desarrollo rural y agrario".
La vicepresidenta tercera y ministra de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
En el aspecto técnico, la disposición afirma que las instalaciones de energías renovables a gran escala son "incompatibles con el regadío", debido a que las infraestructuras necesarias a implantar sobre los terrenos en los que se ubican pueden "impedir o limitar el adecuado y óptimo aprovechamiento de estos con cultivos de regadío, lo que implica un menor aprovechamiento agrícola y ganadero".
"No obstante, esto no significa que en algunas zonas no se puedan instalar placas fotovoltaicas, otras energías renovables u otros usos industriales con el fin de que la infraestructura de riego sea más eficiente energéticamente, pero dentro de la lógica de que la actividad principal siga siendo la del regadío con el fin de ponderar de modo adecuado ambos bienes jurídicos y asegurar el equilibrio entre los intereses que concurren en este supuesto", aclara el borrador.
Planas explica que la posible "retirada de tierras agrícolas" por la implementación de las renovables "ha llevado a que administraciones y organizaciones agrarias de todo tipo soliciten la aparición de una normativa que regule toda esta actividad".
Según especifica el borrador, su ministerio -responsable de la política de regadíos en el ámbito de la Administración General del Estado- consultó a la Abogacía del Estado sobre qué mecanismo legal aplicar para que se pueda cumplir "la obligación de no variar el uso del suelo mediante su ocupación con parques solares"
La respuesta fue que "una limitación de esta naturaleza debe efectuarse mediante normas con rango de Ley". El decreto que impulsa Agricultura pretende prohibir las plantas solares en suelo rústico en dos supuestos.
A) Sobre los que se hayan desarrollado zonas regables, bien mediante la transformación de secano a regadío, o bien mediante la modernización de regadíos ya existentes, declaradas de interés general del Estado y que hayan contado con inversiones públicas. Dicha prohibición tendrá una vigencia de cincuenta años a contar desde la entrega de la obra o la puesta en explotación de las infraestructuras.
B) situados en zonas regables declaradas de interés general del Estado donde no se hayan realizado inversiones públicas, pero estén previstas a través de un Plan General de Transformación.
La prohibición exceptúa a las instalaciones de generación de energía renovable vinculadas al funcionamiento y operatividad de las instalaciones de regadío.
La propuesta de Agricultura encendió alarmas en el ecologismo, en las principales asociaciones del sector de las renovables y, también, en algunas fuerzas políticas. Las críticas apuntan a que la medida omite la crisis climática y su incidencia en los recursos hídricos del país, y en la excesiva protección del regadío, una de las principales causas de la "destrucción ambiental" de España.
"Si España tiene un problema frente al cambio climático es, precisamente, por la escasez de recursos hídricos. La propuesta de Agricultura de proteger el regadío es absolutamente injustificable. España tiene hoy una exceso de casi un millón de hectáreas de regadío. La protección de terrenos debería apuntar a los de secanos y no a los de regadíos", sostiene en diálogo con LPO Javier Andaluz, responsable de cuestiones de Clima y Energía de Ecologistas en Acción.
"Esto no quiere decir -agrega- que la instalación de placas solares en los terrenos agrícolas no requiera un estudio muy detallado de los usos viables, tanto para la producción energética como alimentaria": "Lo que está claro es que los cultivos de regadío son una amenaza para la biodiversidad y que con esta medida Planas se posiciona al lado de los intereses de los grandes regantes".
Héctor Tejero, diputado de Más Madrid, uno de los máximos referentes de España del Green New Deal, es aún más crítico con este borrador de Moncloa.
"La propuesta del Ministerio de Agricultura es una barbaridad que pretende dejar fuera de la instalación de renovables a un 23% del territorio por el simple hecho de ser cultivos de regadío sin tener en cuenta el impacto ambiental o el destino de dichos cultivos", subraya.
Y agrega: "No existe un conflicto por el uso del suelo entre agricultura y renovables. España necesita menos de un 1% de su superficie agraria útil para el despliegue fotovoltaico considerado en el PNIEC hasta 2030, por eso, aunque hace falta más planificación renovable y un despliegue respetuoso con los territorios no se pueden poner líneas rojas genéricas y menos en base a criterios puramente arbitrarios".
Tejero recuerda que España es el país "más vulnerable" de la Unión Europea al cambio climático "en buena parte por su propensión a sufrir sequías, el 80% del consumo de agua de nuestro país se debe a la agricultura y mayoritariamente a los regadíos cuyo destino principalmente es la exportación".
"Además -concluye- prohibir los desarrollos renovables (incluso los eólicos que son altamente compatibles con la práctica agrícola) en las zonas de regadío puede aumentar el número de proyectos que se destinen a zonas donde hay más cultivo de secano, precisamente donde los riesgos de despoblación son mayores".
La Fundación Renovables, think tank muy representativo del sector, cree que el proyecto intenta calmar, con más equivocaciones que aciertos, la creciente "presión social" en muchas zonas agrarias por el despliegue de la energía verde.
Y si bien la organización -que hizo alegaciones formales a la propuesta- defiende "la necesidad del desarrollo de las renovables como un elemento de vertebración del medio rural y, por la tanto, la instalación prioritaria de las plantas de generación eléctrica en superficies agrarias no útiles y degradadas", aclara que el agua es "todavía un recurso más escaso que lo que puede ser la disponibilidad de fuentes de energía renovables, sol y viento, que tienen un carácter distribuido de forma amplia".
"Esta norma debe de ser una parte de una normativa previa que regule el despliegue y la ordenación territorial de las instalaciones de energía renovable mediante una zonificación socioeconómica que mejore su aceptación social", exige la fundación.