La Corte de Brasil investiga a los militares bolsonaristas y apuntan a dos ex funcionarios claves
El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexander De Moraes, decidió que los militares investigados por participar de la toma de Brasilia del 8 de enero sean juzgados por la justicia ordinaria y no por tribunales militares. Se trata de una peleada que el magistrado le gana a los mismísima cúpula militar.
En su justificación, De Moraes dice que "el código militar no distingue personas de militar, pero si la dignidad de la propia institución de las Fuerzas Armadas, conforme pacíficamente decidido por esta Corte Suprema al definir que la Justicia Militar no juzga crímenes de militares, sino "crímenes militares".
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Moraes afirmó que en la investigacion de los hechos del 8 de enero, "no están presentes ninguna de las hipótesis que definen el caso como de responsabilidad de la Justicia Militar".
Según la investigación en llamada "Operación Lesa Patria" Moraes cree posible participación u omisión de los militares del ejército brasileño que operaban bajo las ordenes del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) y en la Guardia Presidencial.
La hipótesis que maneja la Corte Suprema y el Gobierno es que la decisión de no desalojar los campamentos bolsonaristas en Brasilia en el marco de la toma de posesión de Lula fue el comando del Ejército y por eso ponen la lupa es la cúpula, uno de ellos es el destituido Julio César Arruda, un abierto bolsonarista que sólo estuvo 24 día en el cargo. Otros de los citados por la justicia son el entonces comandante del Ejército, Marco Antonio Freire Gomes y el Jefe del Comando Militar del Palacio Planalto, Gustavo Henrique Dutra.
Pero la investigación no se detiene ahí. Además del propio Jair Bolsonaro y su entorno, las miradas están puestos en dos pesos pesados del gobierno anterior. El General Augusto Heleno, ex Jefe del Gabinete de Seguridad Institucional del Ministerio de Seguridad y Justicia y mano derecha de Bolsonaro y Walter Souza Braga Netto, ex Jefe de Gabinete, ex ministro de Defensa y candidato a vicepresidente en la última elección.
Augusto Heleno, General y ex ministro de Bolsonaro investigado por la justicia.
La relación de Lula con los militares es mala y está marcada por la desconfianza. Además de la purga que está iniciando desde que llegó al poder, como anticipó LPO, el bloque de diputados del Partido de los Trabajadores avanzó con un proyecto que limita el poder y las competencias de las Fueras Armadas.
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Se trata de una PEC (Propuesta de Reforma Constitucional) que modificaría el artículo 142 y pondría fin a las operaciones conocidas como GLO (Garantía de la Ley y el Orden).
Las GLO habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en situaciones de excepcionalidad dotándola de facultades extraordinarias, por ejemplo, para reprimir o realizar detenciones. Como anticipó LPO, una de las versiones que se barajan respecto del intento de golpe de estado tenía como objetivo que Lula decrete el GLO para que los militares intervengan ante los disturbios. La desconfianza de Lula con los uniformados hizo que decidiera la intervención federal de la seguridad de Brasilia.
El Gobierno y la Corte están trabajando juntos para "llegar al más alto nivel de responsabilidad" en lo que pasó el 8 de enero. Eso incluiría a Heleno, Braga Netto y Bolsonaro. Fuentes del Gobierno afirman que "no hay ningún temor a represalia" y desde el entorno de los militares aclaran que "nadie va a romper la jerarquía".