El gigante español de armas Maxam fabricó los proyectiles utilizados en la represión policial de Perú
Amnistía Internacional presentó este jueves las conclusiones de su misión en Perú por la represión estatal que en los últimos dos meses dejó un saldo de 48 víctimas mortales y centenares de personas heridas.
Entre las evidencias recabadas aparece la confirmación de una sospecha que este movimiento global alertó semanas atrás: que municiones fabricadas en España estaban siendo utilizadas por las fuerzas policiales para reprimir a los manifestantes, en su mayoría indígenas y campesinos.
El Laboratorio de Evidencia de esta organización concluyó que en la represión de las manifestaciones se usó proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados por la empresa española Maxam Outdoor.
Amnistía exige a España que deje de venderle armas a Perú, en medio de los muertos por la represión
Se trata de una firma líder mundial en el desarrollo, fabricación y comercialización de munición deportiva y pólvoras de caza, cuya compañía matriz es la multinacional Maxam, señalada públicamente por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por sus actividades en Rusia.
Tras esta confirmación, la sección española de Amnistía Internacional insiste en su petición al gobierno de Pedro Sánchez de suspender las exportaciones de armas y material antidisturbios a este país lationoamericano.
Según los datos oficiales recabados por la entidad, España es hoy el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los cuales cerca de 40 millones fueron de material antidisturbios.
Entre 2010 y 2019, Perú ocupó el puesto 36º de los 122 países clientes de la industria de armas española, con un valor de las exportaciones de material de defensa por valor de 103,8 millones de euros, un puesto similar al ocupado por Marruecos o Portugal.
Esta semana, el Ejecutivo español aclaró que el comercio de armas con Perú sigue abierto, sin ningún embargo o suspensión formal, pero "fiscalizado" de cerca ante las graves denuncias de represión policial y violación de los Derechos Humanos.
Familiares de las víctimas de la represión policial durante una marcha por las calles de Lima.
La junta interministerial -ente que controla la exportación de sistemas militares, equipos policiales y armas de caza de fabricación española- confirmó que, en el caso de Perú, cualquier solicitud de exportación de material policial se analiza "caso por caso" teniendo en cuenta que se considera un "destino sensible".
Según estos datos oficiales, la última autorización de venta de armamento se concedió entre marzo de 2022 y abril de 2022, antes del estallido social en el país latinoamericano.
Muertes arbitrarias y posibles ejecuciones extrajudiciales
Entre los hallazgos recopilados por Amnistía Internacional -entregados a la presidenta Dina Boluarte- se destaca el examen de 12 víctimas fatales. "Todas recibieron disparos en el pecho, el torso o la cabeza, lo que podría ser indicativo, en algunos casos, de un uso intencional de la fuerza letal", detalla el informe.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte.
"A pesar de que las normas internacionales de derechos humanos prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para el control de protestas, la información recopilada apunta a que en múltiples casos la Policía y el Ejército recurrieron a ésta como uno de los principales métodos para dispersar las manifestaciones, incluso cuando no existía riesgo aparente para la vida de otras personas", denuncia el movimiento global.
"Hay claros indicios de que la Policía ha cometido ejecuciones extrajudiciales", afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional durante la presentación de estos hallazgos.
"No solo existió un uso excesivo e indiscriminado de armas letales, sino ilegítimo. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz", agregó.
Entre sus recomendaciones finales de su misión en Perú, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional y los mecanismos de protección de derechos humanos tomar "todas las medidas oportunas y urgentes para garantizar el cese de la represión y la rendición de cuentas por parte de las autoridades peruanas".