Opinión

El camino del "plan B" en la SCJN

El máximo tribunal del país determinará la validez de las modificaciones, pues en el Senado ya no hay mucho que la Oposición pueda hacer.

Actualmente, todo parece indicar que las modificaciones secundarias emanadas de la fallida reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador deberán ser avaladas o desechadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es así que el máximo tribunal del país tendrá bajo sus hombros el determinar la validez o no de las modificaciones, pues parece que en el Senado ya no hay mucho que la Oposición pueda hacer. Todo indica que será aprobado el denominado "plan B" y a su vez publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A partir de la publicación, los inconformes cuentan con 30 días para presentar ante la Corte, la acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional o un amparo, según sea el caso.

Cabe señalar que en el máximo tribunal están acumuladas ya seis controversias constitucionales y una docena de acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas propuestas por López Obrador aunque por ahora ninguna ha sido aceptada a trámite.

De acuerdo con un análisis del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, la "reforma electoral" de López Obrador será la más impugnada en el Poder Judicial, por la premura con la que fue aprobada por el Congreso, pero también por sus alcances y posibles repercusiones en el diseño institucional para organizar elecciones en el país.

La Constitución establece un sistema de mayoría calificada para invalidar una ley, es decir, se requieren 8 votos de 11 de los ministros para invalidarla.

Sin embargo, expertos en temas legales prevén que el gobierno pudiera establecer una estrategia que mande la aprobación en el Senado hasta el límite del periodo de sesiones, al final de mayo, y así dar poco o nulo margen de maniobra a las impugnaciones, pues el 1 de junio es el plazo máximo que se tiene para la modificación de las reglas electorales, pues la Constitución prohíbe realizar cambios a normas electorales 90 días antes del inicio de los procesos electorales federales. El proceso electoral federal de 2024 inicia el 1 de septiembre de 2023.

De esta manera, podemos ver que aunque parece que el final de esta "novela" está cerca, aún faltan capítulos por escribirse, aunque la mayoría calificada de los ministros que establece la ley para invalidar las reformas, y no una mayoría simple, puede ser lo que termine por inclinar la balanza, aunque la Corte definitivamente se sacó la rifa del tigre con este tema y estará por verse el sentido de la votación de cada uno de los ministros.

Twitter: @campudia