En el gobierno de Lula creen que Bolsonaro puede ir preso y presionan para que sea inhabilitado
La toma de los tres poderes en Brasil en manos de militantes bolsonaristas disparó una fuerte ofensiva judicial comandada, en principio, por el presidente del Tribunal Superior Electoral y juez de la Corte Suprema Alexander De Moraes y ahora por el Ministerio Público Fiscal liderado por Augusto Aras, hasta hace poco aliado a Bolsonaro, y pidió el inicio de la investigación.
La investigación apunta a los que participaron de los actos de vandalismo pero también a sus organizadores y financistas de acto. Las conexiones que estudian las diferentes instancias judiciales llegan a Jair Bolsonaro, a quien apuntan como uno de los instigadores de un supuesto intento de golpe de estado.
Un fuente de mucho conocimiento en el universo judicial brasileño reconoció que la posibilidad de abrir un proceso que terminar con una condena se hizo real luego de lo ocurrido el domingo 7 de enero. Una de las razones está relacionado con el alineamiento que tendrá la Corte con el nuevo gobierno de Lula.
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"Desde un punto de vista táctico, los partidarios de Bolsonaro cometieron un gran error. Básicamente decidieron ir por el "todo o nada", pero no tuvieron fuerzas para sacar al gobierno (el ejército, por ejemplo, no se unió) y fueron derrotados. Más que eso, ahora la posición del nuevo gobierno y también del STF terminó reforzándose", asegura esta hombre de la justicia a LPO.
A su vez, plantea que "hasta antes del 7 de enero, las cosas parecían ir hacia la "normalidad": el nuevo gobierno incluso fue criticado por decisiones en el área económica y no parecía tener fuerzas para desmovilizar los campamentos en los cuarteles. Sus ministros diferían en esto, señal de relativa debilidad. Y el STF también había sido presionado para retroceder, especialmente en las investigaciones de "fake news".
"Por todo eso ha cambiado dramáticamente desde el domingo. La invasión obligó y al mismo tiempo legitimó al gobierno a reaccionar con una intensidad nunca antes vista. De hecho, ni siquiera parecía tener la "voluntad" de actuar con más fuerza, aparentemente esperando que la desmovilización del bolsonarismo ocurriera naturalmente (un gran error al evaluar al nuevo gobierno, creo)", agrega.
En el Partido de los Trabajadores hacen una lectura de la situación que ubica a Lula y al Gobierno en una posición inmejorable para avanzar contra el bolsonarismo y debilitarlo tanto en el Congreso como en futuros escenarios electorales.
"Tenemos legitimidad como nunca para hacer rendir cuentas a todos los que estuvieron detrás de esto, no solo militantes sino políticos, militares y miembros de las fuerzas de seguridad", reconoce a LPO la mano derecha de un importante funcionario del gobierno. Esta fuente asegura en paralelo que "no creo que (todavía) sea probable que Bolsonaro sea arrestado en el corto plazo".
Otra posibilidad que puede darse en el mediano plazo es la inhabilitación de Bolsonaro para ejercer cargos públicos en los próximos 6 meses. El funcionario que empuja esto es Flavio Dino, ministro de Justicia y Seguridad que quedó en el ojo de la tormenta por no haber anticipado la posibilidad de una invasión como la que se vio ese domingo.
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"Flavio tiene el apoyo de Lula, es uno de sus protegidos y elegidos para la sucesión con Haddad, pero necesita reivindicarse en la opinión pública", afirma allegados al ministro y ex gobernador de Marañao.
Otro que quedó mal parado es el ministro de Defensa, José Mucio, uno de los defensores de no desalojar los campamentos bolsonaristas. Ahora tiene que liderar con grupos cercanos a Lula que presiona para su salida.
La oportunidad que ven en el lulismo es la de centralizar la agenda con la investigación mientras se avanza con el plan económico y forzar a la ruptura de sectores de la derecha que quieren a Bolsonaro fuera del juego.
El ex presidente está complicado también por un documento -considerado inconstitucional- vinculado a la reunión convocada por Bolsonaro ante de las elecciones con más de 30 embajadores donde cuestionó el sistema electoral y sugirió la posibilidad de un fraude. que fue encontrado por la Policía Federal durante un allanamiento en la casa de Anderson Torres, exsecretario de Seguridad Pública de Brasilia detenido por la Justicia.
La inclusión del documento fue solicitada por el PDT (partido de Ciro Gomes que integra el gobierno) en una acción que ya estaba abierta en el Tribunal Electoral debido a la reunión sostenida con embajadores en el Palácio da Alvorada, en julio. La Fiscalía le dio un plazo de tres días al ex jefe de estado para que explique el contenido del documento.
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Según informó Globo, Lula se enteró del intento de golpe de estado gracias a la información suministrada por la CIA que presuntamente iba a incluir a algunos militares activos en una segunda etapa. Por eso, decidió la intervención federal de la seguridad de Brasilia en lugar de activar el mecanismo de GLO (Garantía de Ley y Orden) que le da a las Fuerzas Armadas poderes especiales en un contexto de conmoción nacional y estado de excepeción. Los uniformados habían prometido restablecer el orden pero la desconfianza primó y sigue siendo uno de los factores de tensión del nuevo gobierno, como anticipó en exclusivo LPO en octubre.
En ese marco, Lula decidió echar a 40 militares de la residencia presidencial miembros del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, quienes sin embargo no fueron dados de baja como militares y deberán hacer actividades en otros destinos. También, cambió los mandos de jefes de la Policía Federal en 18 estados.