La patronal minera y los ecologistas critican los planes del Gobierno para extraer minerales críticos
España está en las puertas de un boom minero ante la necesidad de extraer las materias primas que se necesitan para consumar la transición energética. Moncloa es consciente que la industria extractiva va a ser crucial en las próximas décadas y que los minerales críticos (cobre, litio, níquel, cobalto, etc.) van a ser un factor decisivo en las nuevas disputas geopolíticas.
Semanas atrás, el Gobierno aprobó la "Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales", un instructivo para empezar a delimitar cómo y de qué manera la península potenciará su industria extractiva. El desafío del Ejecutivo es generar en los próximos años una "actividad extractiva más sostenible, circular, segura y eficiente".
Según los números difundidos por el Ministerio para la Transición Ecológica, la industria extractiva en España cuenta con alrededor de 2.700 explotaciones activas, de las cuales 10 son de minería metálica, 165 de minerales industriales, 439 de canteras de roca ornamental y en torno a 2.100 de áridos. El sector pone en valor, anualmente, cerca de 210 millones de toneladas.
En lo que respecta a minerales críticos, España cuenta actualmente con producción de estroncio, espato flúor, tántalo, silicio, y wolframio, así como "depósitos identificados" de antimonio, barita, bismuto, cobalto, litio, tierras raras. La superficie ocupada por la industria extractiva se estima que es un 0,15% (750 km2 )92 del total del territorio de España.
Para lograr este estratégico objetivo, la ministra Teresa Ribera lanzó una consulta pública previa a la elaboración de una nueva Ley de Minas (la actual es de 1973) "para recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma". El Gobierno entiende que es imperioso actualizarla a los tiempos que corren.
Como ya adelantó LPO, la misión de Moncloa está plagada de conflictos y tensiones a nivel territorial y medioambiental. Lo llamativo es que tanto empresarios como ecologistas cuestionan los planes gubernamentales.
Las compañías y asociaciones que componen Primigea, la Confederación de industrias dedicadas a la explotación de materias primas minerales, sostienen que la actual ley de minas "acredita validez", por lo que no es necesario actualizarla.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, con los empresarios del sector en la cuarta edición del Salón Internacional de la Minería.
La patronal minera entiende que el actual marco normativo ya tiene una "seguridad jurídica y "un marco estable de regulación del régimen minero", según adelanta el digital La Información.
En sus alegaciones, Primigea cuestiona las intenciones del actual Ejecutivo y propone una "actualización limitada" de la norma. Pone como ejemplo todos los intentos previos de reformarla o sustituirla, sin que ninguno llegara a completarse "por no haber logrado plasmar un régimen jurídico minero mejor que el contemplado en esa Ley".
En cuanto a la Ley de Minas actual, proponen que, en caso de modificarse, sea para adaptarse a las comunidades autónomas -ya que actualmente obedece a la organización territorial del estado en la dictadura-, así como incorporar instrumentos de coordinación entre las autonomías.
También piden garantizar el derecho a la libertad de empresa, que se mejore la seguridad jurídica de las nuevas iniciativas o se agilicen los trámites. Por último, la patronal propone crear una Agencia Española de Materias Primas Minerales que "centralice las competencias y actividad institucional del sector".
En la otra acera, Ecologistas en Acción, confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades de toda España, cuestiona que la nueva hoja de ruta "se tramitó sin someterse a la preceptiva evaluación ambiental estratégica" y que incluye "párrafos dictados directamente por el lobby minero".
La organización teme "que ocurra lo mismo con la nueva ley de minas y que, lejos de conseguir el avance proteccionista necesario con el medio ambiente, se pretenda acelerar los trámites, coartar la participación pública y abrir más zonas del territorio al boom minero".
Los ecologistas remarcan que es necesaria una actualización de la Ley de Minas ("la actual ley franquista de minas carente de límites que preserven el territorio ante el extractivismo"), pero no con las modificaciones propuestas por Moncloa.
El nuevo reglamento debería impedir, a juicio de esta organización, que "la actividad minera no sea todavía más destructiva y contaminante".
"Se trata de propuestas que ya figuran en las leyes mineras de la mayoría de países europeos, pero que el lobby minero español quiere evitar a toda costa. Entre ellas, la exclusión de la minería de los espacios protegidos y red Natura 2000; el fin del derecho de expropiación forzosa; la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental; o el establecimiento de un cánon sobre el valor de lo producido para evitar el saqueo que las mineras hacen de unos bienes, los minerales, que son públicos".
En las alegaciones presentadas ante el Ministerio por Ecologistas en Acción se destaca "que en muchos aspectos críticos la normativa española está por detrás de la de países como China, Chile, Brasil, Ecuador o Perú. Por ejemplo, en España es legal construir una balsa de residuos mineros inmediatamente aguas arriba de un núcleo habitado (como hace la propuesta en la mina de Touro, a las afueras de Santiago de Compostela)".
Por último, la organización ecologista reclama "que, en lugar de sacrificar ambientalmente el territorio, se adopten medidas urgentes y decididas para fomentar la recuperación y reciclaje de los metales". Existe la posibilidad de satisfacer mediante el reciclaje gran parte de la demanda de metales críticos para la transición energética.