La política de vivienda divide a Sánchez y Podemos en medio de la negociación del decreto anticrisis
La política de vivienda ha generado discordia en el gobierno de coalición desde su formación. Unidas Podemos siempre ha defendido una ley que regule el precio de los alquileres, detenga los desahucios e incremente el parque público de vivienda, pero el PSOE ha retrasado su discusión. La pandemia primero y la guerra en Ucrania después se presentaron como oportunidades para presionar a Moncloa en ese sentido. El tema vuelve ahora en pleno proceso de negociación del decreto anticrisis.
El Consejo de Ministro anunciará mañana martes el paquete de medidas para contrarrestar la inflación en el bolsillo de los españoles, pero el acuerdo se limitaría a cuestiones como la rebaja del IVA para los alimentos de primera necesidad y un cheque de 300 euros para ocho millones de personas. Incluso acabaría con la bonificación a los carburantes de 20 céntimos por litro, una decisión cerrada. El PSOE quiere afinar los términos del escudo social, mientras que UP busca lo contrario.
PSOE sale a disputarle la política de vivienda a Podemos y Calviño le cierra el paso a Yolanda Díaz
Los socialistas mantienen el hermetismo, presionado a ambos flancos: la oposición y los aliados. Pablo Echenique y Lilith Verstrynge, secretaria de Organización de los morados, reconocieron que las negociaciones con los socios están estancadas, lo mismo que dicen en privado los miembros de UP. No es una posición o un intento de torcerle el brazo al PSOE, sino un bloqueo que se explica en las medidas que conciernen a la vivienda.
La secretaria de Organización de Unidas Podemos, Lilith Verstrynge, también se desempeña como secretaria de Estado para la Agenda 2030.
UP propone que se congelen los alquileres una vez que concluya el contrato y las hipotecas de tipo variable. El último punto es central para los socios de gobierno, que empujaron a Nadia Calviño a un acuerdo hipotecario con las entidades bancarias. El pacto sabe a poco para los morados, pero es el límite para Pedro Sánchez, que envió a la ministra de Asuntos Económicos a acordar una medida de alivio sin participación de UP. La política de vivienda es un asunto sensible por los actores involucrados y por el rédito electoral que supone.
Por el momento, los socios habrían dado luz verde a la reducción en el precio del abono transporte -no se ha determinado el porcentaje- y el cheque para la cesta de la compra. Un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las grandes cadenas de supermercados ni siquiera fue contemplado por parte del PSOE. En tanto, el gobierno prorrogará el tope del 2% para el incremento de las rentas de alquiler, un punto acordado con EH Bildu en los presupuestos, si bien Sánchez ya evaluaba desde su implementación en marzo.
Para UP es una medida insuficiente. "En esa negociación puede haber una parte más interesada y otra parte menos interesada", aseguró Verstrynge, que señaló la vivienda como uno de los principales gastos de las familias. Lo cierto es que la política de vivienda es un aspecto que el PSOE quiere manejar con la menor intervención morada posible. En UP recuerdan que es uno de los temas que pusieron sobre la mesa para conformar el gobierno.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, pidió al gobierno que apure la ley de vivienda.
Más País, Compromís y el BNG pidieron al gobierno que acelerase la aprobación de una ley de vivienda que fuera capaz de regular los alquileres. Es un respaldo para los morados, pero saben que el PSOE no tiene intención de una legislación ambiciosa, que algunos en Ferraz describen como "intervencionista". Pero a medida que vayan acordando sobre las leyes comunes, la ley de vivienda, como la llamada ley mordaza, será ineludible y marcará el ritmo de un gobierno al que le queda, por lo menos, un año más.