Ribera gana otro pulso en la UE y logra que el 27% del territorio de España quede protegido de las renovables
Europa tendrá un reglamento "temporal y de urgencia" para acelerar el despliegue de la energía renovable, un objetivo que Bruselas considera clave para descarbonizar las economías en la lucha contra el cambio climático y para dejar atrás la crisis estructural que está generando la histórica dependencia del bloque al gas ruso.
Este miércoles, el Parlamento Europeo validó la propuesta de la Comisión para flexibilizar las exigencias y los controles ambientales en la construcción de nuevos parques eólicos y solares (407 votos a favor, 34 en contra y 181 abstenciones), una medida muy cuestionada por la comunidad científica, los colectivos ecologistas y algunas formaciones políticas.
El nuevo reglamento, que no tiene ninguna evaluación de impactos, tal como adelantó LPO, contempla, finalmente, una exigencia de España: que la Red Natura 2000 quede protegida y exenta de este masivo y desregulado despliegue de las renovables.
La Red Natura 2000 es una lista de parajes europeos preservados por su valor medioambiental. La península ibérica aporta gran parte de esa reserva ecológica (es el país que más espacio aporta a esta red europea), de ahí la insistencia de su protección por parte de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
"Pensamos que hay espacios importantes que no deberían contar con un sistema así. Debe haber un sistema ágil que nos permita impulsar las renovables, pero manteniendo una protección ambiental en espacios como la Red Natura", aclaró días atrás en medio de las negociaciones.
El asterisco permitirá, al cabo, proteger nada menos que el 27,4 % de la superficie terrestre total de España y el 7,9 % de la superficie marina, datos que aparecen en el Perfil Ambiental de España 2021, publicado recientemente por el ministerio.
Las renovables tampoco podrán instalarse en las áreas protegidas (parque y reservas naturales, por ejemplo), por lo que la superficie total exenta a la nueva normativa de la UE será todavía mayor: 36,6 % terrestre y 12,3% marina.
Para los científicos y las ONGs ecologistas la excepción es importante, pero tiene sabor a poco. En una carta abierta que sigue sumando adhesiones (ya la firmaron más de 500 profesionales y académicos) exigen que Europa no flexibilice los controles existentes de la protección de la biodiversidad, "ni siquiera para acelerar el despliegue de las energías renovables".
"No se puede proteger un bien dañando otro. La implantación de las energías renovables puede llevarse a cabo sin poner en peligro la biodiversidad", sostienen.
En paralelo, los colectivos Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF denuncian el "peligro que representa la idea de enfrentar renovables y biodiversidad".
"El Consejo de la UE pretende eliminar unilateralmente procedimientos de protección de la naturaleza en la concesión de permisos para acelerar el despliegue de las energías renovables. Para las entidades ecologistas es innecesario y generará un pernicioso precedente que pondrá en riesgo tanto las políticas de conservación de la naturaleza como las de lucha contra el cambio climático, además de afectar a la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones europeas", advierten.
Tiempos más cortos
Tras el visto bueno de la Eurocámara, el siguiente paso para validar el texto definitivo será la aprobación de los 27 países en el Consejo Europeo. En sus enmiendas a la propuesta original de la Comisión, los eurodiputados acortaron todavía más el periodo máximo para la aprobación de nuevas instalaciones, de 12 a 9 meses, si se sitúan en las llamadas "áreas de aceleración de renovables".
Fuera de esas zonas, el procedimiento, según los ajustes hechos por el Parlamento, no podrá llevar más de dieciocho meses -en vez de los 24 meses de la propuesta inicial-. En cuanto a la adaptación de las plantas existentes para aumentar su potencia, la concesión de permisos no debería tardar más de seis meses, según los aportes de los eurodiputados.
La propuesta también incluye la obligación de que los países de la UE garanticen que los permisos para instalar equipos de energía solar en edificios se entreguen en un plazo de tres meses.
Si la autoridad competente (comunidades autónomas en el caso de España) no responde en esos plazos, el permiso se considerará concedido, en aplicación del principio de "silencio administrativo positivo", aclara el nuevo reglamento.
Las CCAA deberán autorizar el despliegue de molinos de viento en zonas con riesgo de colisiones de aves si el inversor pone "medidas mitigadoras adecuadas". Este daño ambiental (las colisiones de aves) ya no vulnerará la directiva europea de aprobarse el nuevo reglamento.
La validez de este nuevo reglamento será de un año con "una cláusula de reexamen que permita su ampliación, en caso necesario". Y solo se aplicará a los nuevos procedimientos de autorización que se inicien una vez puesto en vigencia, por lo que no tiene carácter retroactivo.
"Hemos sentamos las bases para acelerar de manera permanente los procesos de concesión de permisos, para poder utilizar las energías renovables con mayor celeridad e impulsar así la transición energética. Hemos introducido nuevas medidas que dan a los Estados miembros y a sus autoridades responsables de la autorización más margen de maniobra, como el principio del "silencio administrativo positivo" en las zonas de aceleración, dado que los proyectos de energías renovables son de interés público primordial y pueden beneficiarse de una evaluación simplificada para obtener excepciones específicas en la legislación medioambiental de la UE", resumió el eurodiputado alemán Markus Pieper.