Las diferencias por la reforma de las pensiones de Escrivá hacen peligrar el desembolso de los fondos europeos
El gobierno de Pedro Sánchez tiene pocas semanas par aprobar la reforma de las pensiones y contentar a Bruselas. Pero los agentes sociales y los socios minoritarios del Ejecutivo se oponen a las modificaciones propuestas por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que parece dispuesto a sacar adelante los cambios para facilitar el tercer desembolso de 6000 millones de euros de los fondos Next Generation.
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La Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara enviará una delegación a España en febrero para evaluar la ejecución del primer desembolso, pero además la Comisión Europea sigue de cerca el cumplimiento de los hitos y objetivos, el prerrequisito para obtener los fondos. Así, el gobierno de coalición apuró la ley Rider o la reforma laboral. Ahora es el turno de las pensiones, que deben respetar el principio de sostenibilidad.
El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, aseguró días atrás que la Comisión "suspenderá parcialmente el pago" si el gobierno no cumple "satisfactoriamente" los hitos. Pero el mayor problema en el Ejecutivo es que Unidas Podemos está trabando los planes de Escrivá. Yolanda Díaz dijo que la reforma equivale a "recortar derechos" y un "endurecimiento del acceso a las condiciones de jubilación".
Yolanda Díaz con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y su par de CCOO, Unai Sordo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo recela de la extensión del periodo de cómputo de 25 años a 30. El titular de Seguridad Social se defiende alegando que el modelo de ampliación también permite eliminar los dos peores años de cotización. Con la reforma de 2011, cuando el cómputo pasó de 15 a 25 años, la mayoría de los contribuyentes se vieron afectados, aunque Escrivá asegura que los nuevos cambios benefician a las mujeres y a las carreras laborales menos "lineales".
UGT también criticó a Escrivá porque "la propuesta distorsiona mucho el diálogo sobre la segunda parte del acuerdo y quizá sea mejor que el gobierno la retire", y sostuvo que "un mayor destope de la base máxima debe venir acompañada de una mayor cuantía de la pensión máxima". Unai Sordo, secretario general de CCOO, arremetió contra la ampliación del periodo de cómputo. Los sindicatos están alineados con Díaz.
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Escrivá tampoco cuenta con el respaldo de la patronal. Los agentes sociales no creen en su reforma, sobre todo después de que el Banco de España informó que la ampliación del cómputo de 2011 se tradujo en una reducción del 5% en las pensiones. Las modificaciones que promueve el ministro pueden contribuir a la sostenibilidad que exige Bruselas, pero deberá seguir encontrando puntos de encuentro con Podemos y los sindicatos si quiere sacar adelante su reforma.