Ribera duda del plan de la UE para acortar los plazos de las renovables por los riesgo ambientales
El 24 de noviembre, los ministros de Energía de la Unión Europea deberán aprobar o rechazar la propuesta que puso sobre la mesa Ursula Von der Leyen para agilizar el despliegue de las renovables: autorizaciones flexibles y exprés para destrabar los atascos burocráticos.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, mantiene sus reparos con la propuesta. Difícilmente, según pudo averiguar LPO, levante la mano a favor en caso de no introducirse algunas modificaciones.
La ministra ve "razonable" que se agilicen los mecanismos administrativos para los proyectos de infraestructura con instalaciones menores a 50kw, como los paneles solares en los tejados de los edificios.
Bruselas quiere aplicar una "evaluación simplificada" para que estas inversiones obtengan la luz verde en un plazo máximo de un mes. "En estos casos, es posible avanzar en tramitaciones más ligeras", señalan desde el ministerio. La propuesta, al cabo, va en sintonía con un objetivo trazado por en Moncloa: acelerar el autoconsumo de energías limpias.
Ribera, sin embargo, tiene dudas respecto a rebajar los controles técnicos y las exigencias ambientales a los megaproyectos, los más problemáticos por sus fuertes impactos en los territorios.
España, por cuestiones geográficas, es uno de los países más codiciados por las multinacionales para desarrollar proyectos eólicos y fotovoltaicos. La regulación doméstica estipula un máximo de 18 meses para entregar una autorización, un plazo que por la cantidad de proyectos no se está cumpliendo.
Las empresas vienen denunciando que, por los cuellos de botella en las administraciones, los expedientes tardan entre dos y cuatro años en obtener todos los permisos.
"El acusado retraso que acumula la tramitación de los proyectos de inversión en renovables es el mayor riesgo para cumplir el objetivo de reducción de emisiones en 2030", denuncian los grandes jugadores del sector (EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy).
Ribera es consciente de este "atasco" -en noviembre del año pasado el Gobierno prorrogó los plazos para evitar que se cayeran muchas inversiones-, pero no cree que la propuesta de Bruselas sea una solución.
Ursula Von der Leyen y su equipo pretenden que los Estados miembros resuelven estos expedientes en un plazo máximo de seis meses. Transcurrido ese tiempo, el silencio administrativo será equivalente a concesiones.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
"Está claro que las renovables siguen siendo la mejor solución y no se trata de un debate de todo o nada, hay veces que se generan preocupaciones en las comunidades locales, que son muy legítimas", matizó Ribera sobre este punto de la propuesta de la UE.
Su temor es compartido por los técnicos ambientales y las agrupaciones ecologistas: sin controles estrictos, los proyectos se multiplicarán arrasando la biodiversidad de muchos territorios y generando, además, una nociva "burbuja".
La condición de "interés público superior" que plantea Bruselas (el despliegue de las renovables es vital para sortear la crisis energética) permite, en caso de aprobarse esta moción, que el nuevo "reglamento temporal" se aplique en toda la eurozona sin necesidad de trasladarlo a las legislaciones nacionales.
El texto de la propuesta especifica, por ejemplo, que "allí donde proyectos específicos hayan adoptado medidas mitigadoras apropiadas para evitar colisiones o impedir disrupciones, la muerte o perturbación de especies protegidas no será considerada deliberada".
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"Hay innumerables proyectos renovables que están esperando a ser aprobados y otros que están atascados debido a los largos procedimientos de autorización. Con las extraordinarias circunstancias a las que se enfrentan nuestros ciudadanos e industrias, no podemos permitirnos el lujo de tener tiempo", justificó Von der Leyen al lanzar su propuesta.
"Este supuesto "interés público superior" del despliegue de renovables no justifica desproteger especies y espacios naturales. La medida es errónea. Esta simplificación puede representar un descenso en el nivel de exigencia de los requisitos ambientales, una mayor laxitud en los compromisos y una desprotección de ecosistemas vulnerables", advirtió días atrás Daniel López Marijuán, responsable del Área de Energía de Ecologistas en Acción, en diálogo con LPO.