En plena guerra contra PRI y PAN, Gobierno NL defiende quita de fondos a alcaldes

Derivado de las acusaciones por retención de recursos municipales a ayuntamientos de oposición y la amenaza de un juicio político en caso de que no los liberen, el gobierno estatal lanzó en comunicado en el que afirma que el movimiento está motivado por investigaciones iniciadas sobre esas administraciones por presuntas malversaciones del erario público.

Autoridades estatales exhortaron a los diversos entes de gobierno a pagar sus impuestos, sobre todo aquellos que son retenidos a los trabajadores pero que no se pagan a las arcas del estado.

"En acciones de coordinación entre el SATNL y el SAT federal se han detectado omisiones concurrentes y créditos fiscales determinados por no enterar el ISR retenido a los trabajadores de municipios. Esto, pues diversos funcionarios públicos de municipios han solicitado sus devoluciones del impuesto sobre la renta producto de saldos a favor; sin embargo, no ha sido posible realizar esa devolución al trabajador porque los municipios no han pagado ese impuesto que retienen", dice el documento.

Aunado a esto, señalaron que existe un adeudo por alrededor de 4,000 millones de pesos entre varios entes de gobierno por créditos fiscales derivados de falta de pago del impuesto sobre nómina, derechos de control vehicular, adeudos a SIMEPRODE, multas, entre otros.

"Es importante considerar que, si bien el Estado ha cumplido a cabalidad con la entrega de recursos a municipios, estos también deben cumplir con sus obligaciones fiscales. En el SATNL queremos reafirmar el compromiso que asumimos con los neoloneses de entrarle con todo al combate del lavado de dinero, la compra venta de facturas, el huachicol fiscal, y la corrupción de los gobiernos en todos los niveles, sean municipios, órganos autónomos, privados o asociaciones, incluido el propio Gobierno del Estado", dijeron.

Por último, anunciaron que a partir del 1 de enero de 2023 entrará en funcionamiento la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Estado, con el que no se permitirá asignar ninguna licitación, contrato u obra pública del estado, municipios y organismos autónomos a una empresa que deba impuestos, haya comprado o vendido facturas o simule operaciones.

"Con ello, vamos firmes en el camino del combate a la corrupción".