Ambientalistas presionan a Samuel García por aclarar el destino del impuesto verde

Aunque el gobierno estatal dio arranque a la recaudación del impuesto verde en enero y ya ha anunciado un acumulado de 750 millones, con miras a alcanzar los 1,000 antes de finalizar el año, asociaciones ambientales cuestionaron el fin de los recursos y los planes que se tienen para el próximo 2023.

En diálogo con LPO, el activista integrante de Piensa Verde Nuevo León, Jose Múzquiz, apuntó que más que una iniciativa para promover en las empresas la disminución de sus emisiones de Co2, el proyecto parece otro recurso recaudatorio sin sanciones reales para los responsables.

"Nosotros estamos de acuerdo en que el que contamine tiene que pagar, pero al final de cuentas lo único que hacen esas empresas es trasladar el impuesto al cliente final ¿qué pasó con los materiales de construcción? Pusieron el impuesto verde y ahora las casas son más caras. El asunto es que mientras no llegue ese dinero a programas, parece un permiso para contaminar. Mientras no haya acciones efectivas que regulen a los que contaminan, realmente no se puede decir que es un impuesto verde", dijo, ¿Por qué se está cobrando este impuesto? ¿Es meramente recaudatorio para que el gobierno lo utilice en lo que sea? ¿O realmente va a aplicar en estas cuestiones?".

El activista señaló que, pese a las promesas de ejercer los recursos en políticas públicas orientadas a reducir la contaminación, el estado no ha otorgado el dinero a la Secretaría de Medio ambiente que trabaja en la materia y por ahora ejercen sus funciones con lo mínimo y aclarar sus fines.

"El tesorero del estado presumió que hay 750 millones recaudados del impuesto verde hasta el momento, y después sale el secretario de Medio Ambiente informando que se utilizó el y dinero para temas hídricos. ¿Entonces el impuesto verde no está etiquetado para solucionar el tema ambiental? Veo que ahorita la secretaría ejerce un presupuesto muy pequeño y no se les ha dado el dinero para el desarrollo de programas, contratar más inspectores o hacer cosas de impacto real. ¿De qué sirve que el gobierno de una alerta ambiental para que yo me guarde en mi casa y trate de no salir si la industria no para?" dijo Músquiz, y destapó "Salió Samuel García a decir que se habían bajado las emisiones de PEMEX en un 94% pero en la mesa de trabajo la misma secretaría de Medio Ambiente nos estaba diciendo que esos números no son del todo acertados. Que hay un contaminante de dióxido de azufre que con las nuevas mediciones resulta que nos está contaminando bastante".

De cara a la aprobación del presupuesto de egresos 2023, exhortó al gobierno estatal a agilizar la atribución de los recursos a la Secretaría de Medio Ambiente y realizó tres recomendaciones clave:

"Se ocupa más transparencia en el uso de los recursos. La actualización y endurecimiento de las normas para contaminar; y tercero que haya inspectores suficientes para atender las necesidades de un estado tan industrial como Nuevo León. Nosotros proponemos que el gobierno aplique un programa donde observadores ciudadanos acompañen a los inspectores cuando hagan las inspecciones y se asegure una transparencia", expresó.

Cuestionó que mientras Samuel García se presenta en la COP27 para hablar de los avances en materia ambiental, el estado alcance índices de calidad del aire tan bajos sin sanciones para las industrias que no limitan su huella de carbono.

"El gobierno nos ha quedado a deber. Se habla de 4,000 o más muertes prematuras por enfermedades respiratorias al año, resultado directo de esta contaminación. El poder político está sometido por el económico de las empresas. La Caintra está allí siempre presionando porque no se les afecta o las cosas no sean vinculantes. Nosotros somos la contraparte, y mientras tanto ¿Qué beneficios nos han traído los viajes de nuestro gobernador y el alcalde a una conferencia como esta? Presumen mucho en Egipto, pero no lo aplican", enfatizó.

Adelantó que una vez vuelva Samuel García de su viaje internacional, la organización presentará en colaboración con Green Peace, un listado de peticiones para agilizar la aplicación de sanciones.