El kirchnerismo negocia que el ingreso universal sea por decreto para cajonear la ley
Los referentes del kirchnerismo en el Congreso negocian con Sergio Massa que implemente por decreto un ingreso universal a la indigencia para 2023, que consiste en un aporte similar a la canasta alimentaria destinado a adultos desocupados y sin planes sociales. Sólo así están dispuestos a congelar los dos proyectos de ley que hay para llevarlo a cabo, presentados por la senadora Juliana di Tullio y el diputado Itaí Hagman.
La idea sería extender hasta 2023 un bono similar al que Anses otorgó por 45 mil pesos para el último trimestre de este año. La expectativa es reducir a la mitad la tasa de indigencia, que es de 8,8%, el doble que hace 5 años. Es gente que no tiene para comer.
La ayuda con un ingreso fijo la acercó el dirigente social Juan Grabois y se materializó en un proyecto de ley de Hagman, uno de los 3 diputados que responden a sus órdenes.
Cristina Kirchner lo elogió y Di Tullio, jefa de su bloque, presentó en agosto otra iniciativa similar, pero con mayores restricciones para que el costo fiscal sea menor.
La limitó a mujeres de 25 a 59 años y a hombres de hasta 64 sin ingresos ni beneficio social alguno. Al momento en que fue presentada, consumía un 0,44 de PIB para 2023 y ni bien asumió Massa pidió frezarla antes de redactar el presupuesto.
El Senado apura el presupuesto y congela la ley de ingreso universal
De ahí en más lo que siguió fue un tironeo entre el ministro y el kirchnerismo que no derivó en cruces públicos porque el diálogo es permanente, más que con cualquier otro ministro que haya tenido este Gobierno.
Como parte de esas negociaciones, Massa aceptó subir las partidas sociales del presupuesto en más de 300 mil millones y junto a Anses implementó el bono de 45 mil pesos.
Es casi un ingreso universal por trimestre, porque según el último reporte del Indec un adulto necesitó en septiembre 18.359 pesos mensuales para cubrir su canasta alimentaria. La medida borró las amenazas de Grabois de romper con el Frente de Todos y armar un bloque con sus 3 diputados.
Los senadores midieron a Massa hasta último momento. Antes de tratarse el presupuesto en Diputados, convocaron a un plenario de las comisiones para tratar la ley de ingreso universal de Di Tullio.
Pero con la aprobación de la ley de leyes y el refuerzo de las partidas sociales incorporado, lo suspendieron hasta nuevo aviso y la senadora empezó a negociar con el ministro repetir el decreto en 2023.
"Yo no quiero la 'ley de Di Tullio'. Lo mejor es que sea por decreto así el Gobierno revisa cada año la implementación del programa", les dijo a sus compañeros, sobre sus últimas conversaciones con el ministro.
De hecho, en su proyecto el ingreso se otorga por un año y luego sería necesaria otra ley. "Aprobar y modificar leyes será difícil por un tiempo. Un decreto se puede implementar rápido y supervisar", explicó.
El diagnóstico de Cristina y Di Tullio es que el aumento de la indigencia se corta con un ingreso temporal inmediato e ignorarlo puede traer consecuencias mayores.
Los indigentes nunca superan en ningún país el 4% y responden a trastornos psico sociales, pero a partir de la crisis financiera de 2018 en Argentina crecieron hasta llegar a 8% un año más tarde, a 10% en la pandemia. En 2021 volvieron a los niveles anteriores a las cuarentenas, pero este año subieron 0.6% (de 8,2 a 8,6%), que se explica en la escalada inflacionaria.
Sergio Massa con la directora de Anses Fernanda Raverta.
Según un informe de la oficina de presupuesto del Congreso (OPC), el proyecto de Di Tullio costaría un 0,35% del PIB y permitiría reducir hasta un 65% la indigencia (2,5 millones de personas). Pero se advierte que el número puede ser mucho menor porque una porción de esta población recibe planes sociales y deberían darse de baja para que perciba el ingreso universal.
Es por eso que otra variable que estudian los legisladores es que la prórroga del bono de Anses no excluya a los beneficiarios de planes progresar, becas para terminar los estudios o capacitarse en oficios, que controla el Ministerio de Educación y no alcanzan los 10 mil pesos mensuales. Todo suma.
El año pasado el Gobierno estuvo por eliminarlas porque para Emilio Pérsico eran incompatibles con el plan Potenciar Trabajo, que controla el Ministerio de Desarrollo Social y ya agotó su presupuesto en 2022.
Pero las becas progresar fueron sostenidas y ampliadas en el presupuesto y hasta hay un proyecto de la diputada kirchnerista Blanca Osuna para afianzarlas como políticas de Estado por ley. Todavía no tiene consenso. El ingreso universal, tampoco.