Acusan a Marlaska de mostrar las imágenes de la masacre de Melilla para "quitar presión" de aliados y el PP
Pedro Sánchez respalda a Fernando Grande-Marlaska, pero no puede evitar que el Congreso siga presionando al ministro del Interior. Los aliados del gobierno buscan dilucidar responsabilidades por la masacre de Melilla del pasado 24 de junio a través de una comisión de investigación. Y ahora que el PP sugiere que la apoyaría, forzado por el documental de la BBC, Marlaska accedió finalmente a que los miembros de la comisión de Interior vean las imágenes de aquel día.
Marlaska pidió este lunes al PP que no "instrumentalice" la tragedia e insistió en que "no hubo muertos en territorio español". Ana Vázquez, portavoz de los populares en la comisión de Interior, aseguró hoy que la "Guardia Civil no ha tenido nada que ver con ninguna de esas muertes" y que el partido no había decidido "todavía" si dará el visto bueno a la investigación parlamentaria contra el ministro. "Lo único que queremos saber es por qué Marlaska nos mintió, qué oculta ante Marruecos", sentenció.
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Vázquez fue parte de la comitiva que este lunes se trasladó hasta Melilla. Los diputados del PSOE, Unidas Podemos, PP, ERC, EH Bildu y PNV tuvieron acceso parcial a las imágenes y mapas del lugar. "Las imágenes confirman que los hechos ocurrieron en territorio español. No hubo ningún tipo de auxilio ni de atención por parte de las autoridades", aseguró el diputado de Bildu Jon Iñarritu. No fue el único que desmintió la versión oficial.
La diputada del PP Ana Vázquez.
Su colega de ERC, María Carvalho, informó que, según la Guardia Civil de Melilla, el 24 de junio se dispararon 270 salvas y 65 balas de goma para contener el ingreso de los migrantes. "Los hechos han ocurrido en territorio español", afirmó la diputada. Un integrante de la comisión de Interior confirmó a este medio que las imágenes solo estarán disponibles para ella. Sin embargo, genera dudas el momento elegido por Marlaska para liberar los videos de las cámaras que custodian el vallado.
"Como somos cámara de segunda lectura, no sé se tendremos derecho a ver esas imágenes. La presión es muy grande, el Defensor del Pueblo reconoce que la actuación no fue la correcta. Por eso intentan mostrar las imágenes, para minimizar el malestar que hay", dice a LPO Carles Mulet, senador por Compromís, que la semana pasada visitó la valla. "Si muestran algo que contradice la versión oficial, Marlaska se tiene que ir a casa inmediatamente", agrega.
Por el momento no está claro hasta qué punto los diputados de la comisión de Interior tendrán que guardar silencio luego de visionar el material puesto a disposición por Marlaska. Como reconocen fuentes de Moncloa, hay que zanjar el asunto sin resentir la relación con los partidos que forman la base parlamentaria del Ejecutivo central. El nombre del ministro sigue en danza para ir por el PSOE en Madrid.
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El documental no solo contradice el accionar de las fuerzas de seguridad, sino el número de fallecidos -al menos 23 de acuerdo al gobierno- y la complicidad con Marruecos. "Dicen que fue una carga brutal, que la gendarmería marroquí entró a territorio bajo control de España. Ves una foto o un video y te desmonta la versión del gobierno" defiende Mulet. No está claro el futuro de Marlaska, aunque parece depender del PP, que tiene la llave para dar luz verde a la comisión que busca investigarle.
El senador de Compromís Carles Mulet, primero desde la izquierda, visitó la valla de Melilla el pasado 1 de noviembre.
"Es una estrategia para intentar acallar al PP, porque partidos como Bildu no cambiarán de opinión. Si esas imágenes refuerzas la versión del gobierno, lo que tiene que hacer es emitirlas en abierto por televisión española y demostrar que no están manipuladas. Si refuerza su versión, ¿entonces por qué no lo hizo un día después de los hechos? Es una estrategia para quitar presión ahora que están negociando los presupuestos. Pero esto es insostenible", dice el senador.
Lo cierto es que Marlaska fue cuestionado incluso por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien a mediados de octubre aseguró que las autoridades españolas efectuaron 470 devoluciones en caliente, violando la Constitución y los acuerdos internacionales, y que el 24-J se produjo "una avalancha de personas que provocó un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales". El giro en el caso pone a Marlaska y a Sánchez en la incómoda posición de tener que dar explicaciones hasta llegar al fondo de la cuestión.