Piden 12 años de prisión para el jefe de fiscales que integraba la mafia del juego en Rosario
La megacausa que ya cuenta con varias personas condenadas por integrar la red del juego clandestino en la provincia de Santa Fe, entre ellas el fiscal Ponce Asahad, el empresario Leonardo Peiti y el ex policía Alejandro Torrisi, sumó un nuevo capítulo con la acusación al Fiscal Regional, Patricio Serjal, y al empleado judicial Nelson Ugolini, secretario de Ponce Asahad.
Según los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, los funcionarios judiciales participaron de la asociación ilícita con el objeto de "usufructuar el dinero proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal".
En ese complejo entramado, el ex jefe de fiscales está acusado de haber recibido dádivas a cambio de alertar sobre investigaciones que comprometían a los integrantes de la banda y garantizarles impunidad. Una causa que generó una grave crisis institucional en la provincia y particularmente en Rosario, que tiene los índices de criminalidad más elevados del país.
Es que la función principal que debía cumplir Serjal era la de administrar el organismo que persigue el delito penal pero, según los fiscales que estuvieron bajo su mando y ahora lo acusan, usó su poder para hacer fracasar investigaciones que lo tenían a Peiti y su estructura mafiosa en la mira.
Además, la investigación terminó de coronar la gravedad institucional al vincular al senador peronista, Armando Traferri. Los fiscales ubican el inicio de la asociación ilícita el 24 de abril de 2017 cuando se constata el primer contacto telefónico entre Traferri y Leonardo Peiti, el "zar del juego clandestino", hasta el 24 de julio de 2020 cuando el abogado de Peiti se reúne con el fiscal adjunto Ponce Asahad y cae la banda.
El ex fiscal Ponce Asahad, condenado en juicio abreviado, junto a su ex secretario Nelson Ugolini acusado de pasar información sensible a la banda del juego clandestino
"La asociación ilícita tuvo tres organizadores: el senador Armando Traferri, Leonardo Peiti y Patricio Serjal", dicen Edery y Schiappa Pietra en la acusación. Y agregan que mientras Peiti "organizaba los recursos económicos, materiales y humanos para montar la empresa ilícita del juego clandestino", Traferri "aprovechando las influencias (...) se encargó de vincular a Peiti con el ex fiscal Serjal y Ponce Asahad para construir una red de cobertura judicial". Mientras que los fiscales recibían dinero para evitar que prosperen investigaciones penales en contra de Peiti, resumieron los fiscales.
En los argumentos, fiscalía detalló una serie de maniobras llevada a cabo por los ex funcionarios del Ministerio Público de la Acusación como la creación de un legajo ficticio con el fin de interferir en una investigación llevada adelante por la unidad de Delitos Económicos y Complejos del 5 de diciembre de 2018. De esta manera, los fiscales Serjal y Ponce Asahad se inmiscuyeron en los allanamientos que iba a realizar el fiscal Merlo de la localidad de Melincué, quien venía investigando el juego clandestino.
En otro momento, los fiscales investigados persuadieron a Peiti para que no denuncie extorsiones de las que estaba siendo víctima de parte de Maximiliano "Cachete" Díaz, un lugarteniente de la banda de Los Monos, entre otras manipulaciones al sistema de persecución penal de Rosario.
Todo ello saltó a la luz a partir de la investigación a una serie de extorsiones a comerciantes de Rosario y sobre todo, una balacera contra el Casino City Center el 11 de enero de 2020 en el que falleció un apostador con mala fortuna que había salido a fumar en el momento justo. Dos días después se lo detuvo a "Cachete" Díaz y se le secuestró su teléfono celular donde constaban comunicaciones con Guille Cantero, líder de Los Monos y preso en el penal de Marcos Paz con quien se planificó el ataque a la casa de juegos.
A su vez, se advirtió que Díaz se había puesto en contacto con un tal "Leo Peiti" para que intercediese en la liberación de Hernán "Cady" Quinetero y Claudio "Chema" Ricaldez quienes habían sido detenido días antes de la balacera al casino por portación de arma de guerra y un vehículo con pedido de captura. Se supo después que eran los dos sicarios que tenían que llevar el mensaje al City Center.
El senador Armando Traferri.
Lo cierto es que Peiti puso a disposición sus vínculos con "alguien de fiscalía" constatándose luego que esta persona, que después se supo era Nelson Ugolini secretario de Ponce Asahad, pasó datos muy precisos de la situación procesal de los dos detenidos como quedó registrado en capturas de pantalla que se ofrecieron como pruebas.
A partir de allí, distintos allanamientos, secuestros de teléfonos y dispositivos digitales fueron echando luz sobre la organización que tocó actores de alta jerarquía del poder local y que en esta oportunidad, se acusa al jefe de fiscales de Rosario y al secretario de Ponce Asahad quien ya pasó por un juicio abreviado como Leonardo Peiti y dieron detalles que se utilizarán en caso que la causa se eleve a juicio.
Según los acusadores, el zar del juego debía entregarles a Serjal y Ponce Asahad entre 4 mil y 5 mil dólares mensuales pero cuando las cosas se pusieron bravas, le habrían requerido 100 mil pero eso nunca se concretó porque la banda quedó al descubierto.
Por su parte, la defensa de Serjal, el abogado Ignacio Carbone, planteó tres invalidaciones de la prueba para pedir el sobreseimiento de su cliente. En primer lugar, cuestiona que se utilicen las declaraciones de los juicios abreviados de Ponce Asahad y Peiti argumentando que Santa Fe nunca se adecuó a la Ley de Arrepentido (27.304/2016) y por lo tanto se incumplieron disposiciones esenciales de esa norma aunque admite que el Fiscal General, Jorga Baclini, emitió una resolución aceptando el recurso hasta tanto la Legislatura redacte la adecuación.
Mensajes entre Cachete Díaz y Ugolini donde el funcionario judicial informa sobre la situación procesal de los sicarios
En segundo lugar, el defensor señaló supuestas contradicciones entre el relato de Ponce Asahad y Leonardo Peiti sobre un mismo hecho a la vez que le achaca al abogado de Peiti, Rossini, haber violado el secreto profesional al declarar en contra de su cliente. Sucede que Rossini apareció en la investigación como un engranaje fundamental en los nexos del zar del juego con los fiscales.
La tercera objeción para intentar el sobreseimiento de Serjal se basó en que los acusadores utilizaron como evidencia las pruebas que relacionaban a la organización con Traferri, siendo que el senador cuenta con inmunidades que impiden que pueda ser investigado.
Consultado por LPO, Traferri dijo que "por ahora no tengo nada que decir, tenemos que dejar que la justicia trabaje tranquila. Estoy tranquilo y cuando tenga las garantías nos vamos a presentar a la justicia pero ahora esas garantías no están dadas porque está probado cómo estos fiscales trabajaban con Saín", sostuvo en relación al ex ministro de Seguridad que avaló la investigación en contra del senador.
Por lo pronto, luego de dos jornadas de audiencia, el tribunal rechazó de manera unánime las invalidaciones presentadas por la defensa y no dio lugar al sobreseimiento abriendo la instancia de juicio que se terminaría de definir este viernes cuando le toque a la defensa presentar las pruebas que se elevarán a juicio. Según adelantaron los abogados defensores, buscarán introducir la causa sobre supuesto espionaje a distintos políticos, empresarios y periodistas supuestamente impulsado por Saín.