¿Quién es el empresario venezolano al que Almeida va a beneficiar con un megaproyecto inmobiliario?
El Ayuntamiento de Madrid dio luz verde al megaproyecto inmobiliario Torres Paseo de la Ermita del Santo, que transformará un punto estratégico de la ciudad: dos rascacielos con más de 500 viviendas se levantarán donde, desde hace 15 años, funciona un paseo comercial.
El "pelotazo", según la denuncia de la oposición y de los vecinos, beneficiará a Alberto Enrique Finol Galué, un empresario venezolano con negocios en España que, desde hace años, presiona a la administración política para utilizar los terrenos del Centro Comercial La Ermita, en pleno Madrid Río, como negocio inmobiliario.
Finol Galué, de 87 años, conocido como "Beto", es el máximo accionista de estos 50 mil metros cuadrados. La firma que maneja este enorme espacio comercial -en caída libre por la falta de clientes y la poca inversión en nuevos locales- se llama Desarrollos Ermita del Santo, SOCIMI, S.A., compuesta por cinco empresas. La principal, con un 30%, es Ibemetex, propiedad de este cacique venezolano.
De su currículum se desprende que es "fundador de empresas que operan en diferentes sectores", como Calox International, C.A. (empresa farmacéutica centrada desde 1983 en productos para el consumo humano y veterinario en Venezuela y Centroamérica), el Grupo Zuliano (el complejo petroquímico privado más grande de Venezuela), el periódico El Regional, la TV Zuliana y empresas inmobiliarias que "construyen, adquieren y gestionan centros comerciales", tanto en Venezuela como en España.
Finol Galué es, desde 2011, dueño del centro comercial El Aqualón, de Huelva. Lo compró por 21 millones de euros a la compañía española Galerías de Parques Reunidos, que en ese momento estaba en concurso de acreedores. En España también expandió la franquicia Blockbuster Video CA durante la década del 90.
Su nombre figura en la investigación periodística conocida como "Paradise Papers: secretos de la élite global" por tener una cuenta bancaria en un paraíso fiscal del Caribe.
El empresario sudamericano convenció al alcalde José Luis Martínez-Almeida de que "lo mejor" para esa zona de la ciudad (en la que viven 60 mil residentes) es la construcción de torres de viviendas. "Es un proyecto de regeneración urbana que mejorará la zona. Sé que hay vecinos que discrepan, pero les animo a que nos hagan sugerencias", dijo Almeida días atrás.
Finol Galué ya había convencido en 2014 a la entonces alcaldesa Ana Botella, también del PP. El proyecto, sin embargo, quedó trunco tras el inesperado triunfo de Manuela Carmena (Ahora Madrid) en los comicios de 2015.
Rita Maestre de Mas Madrid.
La operación multiplicará por cinco el valor de estos terrenos. Actualmente, el centro comercial está valorado en 17,65 millones de euros. El ayuntamiento calcula que el suelo transformado ascenderá a 81,78 millones, una vez descontados todos los costes de demolición y construcción.
Las 584 viviendas se repartirán en dos torres, una de 28 pisos -récord en esa zona de la ciudad- y otra de 18. El 20 por ciento serán ladrillos sociales administrados por el ayuntamiento. Las plantas superiores serán reservadas para "pisos de lujo".
Para Almeida, "el impacto paisajístico final que la ordenación propuesta en su área de influencia visual se evalúa como moderado", según se desprende se sus informes técnicos. El proyecto demandará una inversión de156 millones en los próximos años para completar todo el desarrollo, según los primeros cálculos. La autorización de Cibeles figura en el Boletín Oficial desde el pasado 22 de agosto.
Este lunes, Más Madrid exigió "la paralización inmediata del pelotazo urbanístico de Almeida en la Ermita del Santo". "El barrio carece de centro de salud cercano o de plazas en escuelas infantiles, pero Almeida prefiere hacer negocio", denunció la fuerza opositora.
Un cuestionamiento similar hacen los vecinos, organizados desde que se confirmó la autorización política a esta megaproyecto. "Este pelotazo trae masificación, más contaminación, más tráfico y colapso de los servicios públicos del barrio, ya de por sí insuficientes", reniegan.