Exclusivo: La idea de una intervención federal a la Policía de Santa Fe divide a Juntos
La manera en que se abordará la crisis de seguridad en Rosario producto de la feroz guerra entre bandas narcos que amenaza con superar el récord de asesinatos en el año, se convirtió en tema prioritario para la campaña de Juntos por el Cambio que planea una estrategia de shock si llegan al poder en 2023.
En la cúpula del PRO consideran que la única solución viable es intervenir a la Policía de Santa Fe con una apabullante fuerza de 4.000 gendarmes que deberían quedarse en la provincia "por un tiempo largo", según afirmaron a LPO fuentes de la coalición opositora.
"La policía de Santa Fe esta desarticulada, sin una estructura de mandos eficaz y además está infiltrada por el narcotráfico", sintetizó ante LPO un importante dirigente del PRO. La situación de la gravísima crisis de seguridad de la provincia preocupa al PRO que cree que hay una chance muy grande de ganar tanto el gobierno nacional como el santafesino. Saben que el problema les estallará en las manos.
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La semana que pasó estuvo en Rosario la ex gobernadora María Eugenia Vidal y se reunió con todos los referentes importantes de Juntos por el Cambio. Compartió actividades con la senadora Carolina Losada, habló con el diputado provincial y seguro candidato radical Maximiliano Pullaro y también se reunión con el diputado nacional del PRO, Federico Angelini, con quien elaboraron un exhaustivo pedido de informes al gobierno nacional sobre que acciones está tomando ante la escalada narco en Rosario.
Vidal pudo constatar en sus diálogos que las distintas purgas y exoneraciones de jefes y cuadros medios en los últimos siete años derivó en la desarticulación de la estructura jerárquica y de ascensos en la policía santafesina que requerirá un proceso de saneamiento de mediano y largo plazo para depurar la institución.
En concreto, la propuesta de la oposición consiste en una intervención a la policía de Santa Fe, apartarla del territorio y que sean reemplazadas por agentes federales hasta que se recupere una estructura de mandos eficaz y sin vínculos con el narco con el apoyo político de presidencia y gobernación.
En ese sentido, estudian un plan de shock desde el primer día con cuatro mil efectivos federales, aproximadamente, que les permita a la nueva gestión recuperar el control de la calle y desplegar políticas preventivas del delito.
Sin embargo, Pullaro sostuvo en diálogo con LPO que todo plan para bajar la tasa de homicidios y pacificar las zonas más calientes en Rosario tiene que hacerse de la mano de la Policía de Santa Fe: "yo se qué hacer porque ya estuve en ese lugar (ministro de Seguridad desde 2015 a 2019) y tenemos agentes muy preparados en nuestra provincia. Nosotros logramos reducir casi el 50% de crímenes por año", señaló.
El ex ministro de Seguridad de Santa Fe
Lo que sostiene el diputado provincial, y uno de los anotados en la carrera a la gobernación, es el desembarco de los cuatro mil agentes federales pero que trabajen en paralelo durante seis meses -o los que sean necesarios, aclara- para reordenar el sistema de seguridad.
Sin decirlo, plantea lo que hizo Sergio Berni cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad de la Nación en abril de 2014 cuando llegó a Rosario con tres mil efectivos de gendarmería, Policía Federal, PSA y Prefectura con equipamiento y movilidad de última generación y logró enfriar el crecimiento de la violencia.
En el departamento Rosario, entre 2013 y 2014 se registraron más de 500 asesinatos (268 en 2013 y 250 en 2014). En lo que va del 2022, se contabilizan 233 homicidios en la región cuando aún faltan los meses de fin de año que suelen ser los más críticos en materia de violencia, según indican las tendencias.
Pullaro est
Desde el gobierno de Perotti, cuestionaron el plan y lo consideraron un slogan de campaña electoral más que un programa para resolver la situación. Esta semana, el Ministerio de Seguridad provincial tuvo que atravesar una nueva crisis por los cuestionamientos de la oposición a la subejecución de los fondos que le aprobó la Legislatura en la declaración de emergencia y la secretaria financiera de la cartera, Ana Morel, no pudo explicar en Diputados donde se enredó en discusiones políticas que rozaron el escándalo para terminar admitiendo que se habían gastado poco más del 1,5%.
Pero más allá de los cruces políticos, un especialista en seguridad muy respetado que habló con LPO y pidió reserva de su nombre, explicó que cuando se hablan de 4 mil efectivos, hay que dividirlos en cuatro turnos y restar los cuadros superiores y administrativos; "te queda dos tercios de esos cuatro mil para territorio".
"Suponiendo que todas las fuerzas se concentraran en Rosario, te quedan 670 efectivos por turno. Nadie puede pensar que con esa cantidad se puede controlar una ciudad de un millón de habitantes", reflexionó la fuente coincidiendo con Pullaro sobre la necesidad de trabajar en paralelo con la policía local. "Necesitarías más de 20 mil federales para reemplazar a la santafesina, ¿de dónde la sacas?", concluyó.
Por otro lado, la discusión que se puede instalar con el plan de shock e intervención es en el ámbito jurídico. ¿Es posible intervenir una policía provincial? Para ello, LPO consultó al constitucionalista rosarino Maximiliano Toricelli quien explicó que la figura de la intervención está contemplada para los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y que la policía es un organismo que depende del gobernador.
"No hay una objeción constitucional y menos si hay acuerdo político entre el gobierno nacional y el provincial", opinó Toricelli. En sentido parecido se manifestó el constitucionalista de la ciudad de Santa Fe, Domingo Rondina.
Para el jurista, no es necesaria la intervención ya que la Policía es el organismo estatal en el cual existe la figura de "retiro obligatorio" donde el gobernador pude desafectar a los funcionarios policiales sin mayor inconveniente. Discusión aparte es el riesgo que implica echar a dos mil efectivos de un día para el otro de una fuerza armada.