Fiscal peruana acusa a Castillo por corrupción y el Congreso intenta destituirlo por tercera vez
Pedro Castillo se encuentra nuevamente bajo la presión del Congreso luego de una denuncia constitucional en su contra promovida por la Fiscal General por supuesto actos de corrupción. Esto trajo como consecuencia una nueva una nueva moción de vacancia, la tercera desde que asumió el cargo, que intenta motorizar la oposición y el Jefe de Estado aún resiste gracias a su base parlamentaria.
El politólogo de la Pontificia Universidad de Perú, Eduardo Salomón, explicó que la acusación contra el Presidente se basa en "hacer una lectura discrecional de un acuerdo internacional contra la corrupción y darle peso constitucional. Varios constitucionalistas a los que considero serios y algunos nada oficialista como Ernesto Blume (ex presidente TC conservador) han recalcado que no se puede extender una causal así".
Sobre una eventual destitución, Salomón afirmó que "todo puede pasar, pero no puede ser suspendido y destituir a un presidente democráticamente elegido por más impopular que sea, es muy grave". "Aún tiene los votos para mantenerse pero todo puede cambiar en cualquier momento. Sus alianzas son frágiles y apuntan a preventas. La fiscal ha decidido politizar y a mi juicio poner en riesgo las investigaciones a Castillo", aclaró.
Por último, Eduardo Salomón, planteó que "la acción de la fiscal de, por ejemplo, intervenir a varios congresista alineados a Castillo a mi más me sabe a intimidación para cambio de votos a qué debido proceso o parte de la investigación". "Las fronteras entre poderes se están rompiendo y cada día todos pisotean la Constitución y el Presidente también pisotea su investidura", culminó.
En ese marco, el presidente del Parlamento, José Williams, envió ayer una ampliación de demanda competencial al Tribunal Constitucional (TC), con el objetivo de que este organismo les allane el camino para sacar del cargo al presidente Pedro Castillo.
Fiscal Patricia Benavides.
En el escrito, Williams pide que el TC se pronuncie para que el presidente o los ministros no puedan tramitar acciones constitucionales contra los actos de investigación o fiscalización del Congreso. De este modo, buscan evitar el control constitucional por parte del Poder Judicial.
Se trata de una ampliación, debido a que el 10 de octubre el Parlamento tramitó una demanda por la elección del defensor, proceso sobre el cual un juez constitucional ha ordenado su paralización, sin merecer la atención de los congresistas.
En la demanda piden al TC interpretar el artículo 117 de la Constitución, para que el presidente pueda ser investigado por corrupción, en aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.