Moncloa confirma un impuesto a las grandes fortunas pero aclara que "será temporal" y afectará al 0,05 de los contribuyentes
El Gobierno tiene una idea muy clara: necesita profundizar su giro a la izquierda -sus políticas redistributivas- para revalidar su legislatura en este durísimo contexto de crisis económica. En 2023, año electoral (los comicios están programadas para diciembre) aplicará una medida inédita en Europa: un impuesto a las grandes fortunas.
El anuncio de la medida -confirmada esta jueves en los pasillos del Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- tiene varias explicaciones. La primera es política: Moncloa responde con otro golpe sobre la mesa a la ortodoxia económica a la decisión del PP de bajar impuestos en las CCAA que gobierna.
Tal es la necesidad de evidenciar la diferencia de modelo -un Gobierno que le da bocados a los "ricos" para distribuir ante los "débiles"; frente a una oposición que defiende los intereses del poder concentrado-, que Sánchez acepta aplicar una medida que ya propuso Unidas Podemos, su socio de coalición, y que siempre ha rechazado.
En junio, cuando los morados llevaron la propuesta al Hemiciclo, el PSOE votó en contra junto al PP, Vox y Ciudadanos. ¿Qué cambió? La nueva retórica (la guerra al Ibex 35) y la profundización de una crisis energética que, según todas las proyecciones, será más cruda de lo imaginado cuando Vladimir Putin decidió lanzar su aventura bélica. La variable económica -recaudar más para poder profundizar las políticas sociales- asoma como clave para entender el por qué de un tributo inédito para Europa.
La tercera explicación es netamente fiscal. El actual impuesto al patrimonio, que alcanza a alrededor de 200.000 contribuyentes (lo pagan personas con bienes superiores a 700.000 euros), según datos de la Agencia Tributaria, representa solo el 0,5% de la recaudación total.
Pedro Sánchez durante su intervención en la ONU.
El dinero que ingresa a las arcas públicas por este tributo se reduce año a año por las bonificaciones fiscales que, por ejemplo, ofrece la Comunidad de Madrid, donde están radicadas la mayoría de las grandes fortunas de España.
En 2019, de los 701 contribuyentes que declararon una fortuna superior a los 30 millones de euros, únicamente 240 (el 34%) pagaron el impuesto sobre el patrimonio, según datos de la Agencia Tributaria. El 66% recibió la bonificación del 100% que, desde hace años, ofrece el PP madrileño.
Este año, por decisión del Juanma Moreno, quien recientemente anunció la supresión de este impuesto en su comunidad autónoma, tampoco lo pagarán los 16.758 contribuyentes andaluces. Murcia pretende también moverse en esa dirección, según deslizó su presidente, Fernando López Miras.
Ante esta panorama -grandes patrimonios que no tributan por su condición de tal-, Montero pidió este jueves en los pasillos del Congreso "un mayor esfuerzo" a quienes tienen beneficios extraordinarios. "Es el caso de las eléctricas o de la banca, pero también de las grandes fortunas de nuestro país, a las que se les pide un esfuerzo temporal adicional", apuntó.
Juanma Moreno, presidente de Andalucía.
Y reconoció: "El debate se ha acelerado con motivo de que algunas comunidades autónomas están utilizando una figura fiscal como es el impuesto de patrimonio para hacer una suerte de dumping fiscal". La ministra no dio ningún detalle de cómo será el impuesto. "Los equipos técnicos están trabajando", esquivó.
Montero dijo que no tiene "ninguna lógica" las CCAA bajen impuestos en mientras se le pide "140.000 millones a Europa". "De la misma manera que no tiene sentido que haya comunidades autónomas que le piden dinero al Gobierno de España mientras que en el marco de sus competencias bajan los impuestos, y no a cualquiera, sino al 0,2% en este caso de los andaluces, que deja de recaudar 120 millones de euros imprescindibles para la sanidad y la educación andaluza", se quejó.
Según pudo averiguar LPO, el Gobierno no tiene pensado utilizar la propuesta de Podemos: un cobro del 3,6% a aquellas fortunas entre los 10 y 30 millones de euros, y un 5% sería para las superiores a los 150 millones. UP pretendía recaudar hasta 11.000 millones con este nuevo gravamen.
El primer borrador estipula un tributo en vigencia desde el 1 de enero que podría afectar solo al 0,05% del total de declarantes, es decir un poco más de 11 mil fortunas sobre 21.638.795.
Según la Agencia Tributaria (datos de 2020), en España hay un total de 11.113 contribuyentes que declaran unos ingresos totales imputables de más de 601.000 euros al año, el tramo más alto de IRPF.
La otra opción es que reemplaza el impuesto al Patrimonio (en el otro borrador coexistirían ambos tributos), por lo que los contribuyentes afectados sería 200.000 mil, el 1% del total.
El monto a recaudar dependerá de un porcentaje a aplicar que, por el momento, no se filtró. "Vamos a utilizar un esquema similar al que hemos hecho con las empresas energéticas y con la banca", fue lo poco que adelantó Montero.
Y machacó con la necesidad de profundizar la justicia social: "Es de sentido común que aquellos que más tienen más aporten".