La bomba fiscal de Bolsonaro
El que gane la presidencia de Brasil en las elecciones del próximo Octubre tendrá, a partir del 1 de enero de 2023, una bomba fiscal para desarmar, como publicó LPO. A eso se suman demandas sociales crecientes y una economía internacional en desaceleración.
Brasil es un país donde 33 millones de sus 210 millones de habitantes pasan hambre. Estamos hablando del 15% de la población. A lo largo de la pirámide distributiva, hasta llegar a los ingresos más altos, las demandas sociales se multiplican: mejores servicios de educación, salud, más seguridad, más rutas, viviendas populares, alcantarillado, ciudades con mejor transporte público y con áreas de esparcimiento, además de los sueldos de los empleados públicos y del pago de las jubilaciones.
A todos esos servicios públicos, hay que sumar también a los subsidios, que van desde transferencias de ingresos a hogares pobres hasta quita de impuestos a industrias consideradas "estratégicas" según los gobiernos.
Las demandas sociales son gigantescas y el presupuesto del gobierno federal es capturado, en la pugna distributiva, por sectores con lobby más eficaz en Brasília -generalmente asociaciones empresarias temerosas a la competencia internacional y grupos de empleados públicos de altos ingresos-. En el gobierno del Bolsonaro, militares y policías entraron en este rol.
Esos grupos actúan dentro del juego institucional para garantizar un pedazo más grande de la torta del presupuesto para los suyos. Una estrategia es convencer diputados, senadores y ministros de Estado que su sector necesita una partida presupuestaria de pago obligatorio por la Nación.
El resultado de todo eso es que el 96% de las partidas del presupuesto federal brasileño son desembolsos obligatorios. Parte de este monto se destinan a obras elegidas por los diputados y senadores mismos, como adelantó LPO. Sea la extrema derecha o la extrema izquierda, el Presidente tiene la potestad de asignar solo el 4% del presupuesto nacional.
Además de tener poco margen de maniobra en el presupuesto, el próximo presidente de Brasil gobernará un país con la deuda pública equivalente al 78% del PBI - un nivel alto para países emergentes. En este escenario, el Presidente Jair Bolsonaro en el intento de lograr su reelección echó mano de un viejo truco político en años electorales: tirar plata por la ventana.
Bolsonaro, y su aliado clave, el presidente de la Cámara de Diputados Arthur Lira, cambiaron distintas partes de la Constitución de forma express para permitir que el gobierno federal gastara dinero sin los controles legales de antes.
Bolsonaro apuesta a los planes para achicar la distancia con Lula y meterse en segunda vuelta
En 2017, el entonces presidente Michel Temer había aprobado la regla constitucional del Techo de Gastos, que limitaba el crecimiento del gasto público a la inflación del año anterior. Uno de los cambios a la Constitución recibió el apodo de "Kamikaze" porque es una verdadera bomba fiscal para el año que viene.
La ley "kamikaze" de Bolsonaro aumentó el subsidio a las familias más pobres a los R$ 600 mensuales (cerca de US$ 120). Ese programa, llamado Auxilio Brasil es el "Bolsa Familia" del gobierno de Lula da Silva, pero con otro nombre. Desde la perspectiva del marketing de Bolsonaro, había que sacar de Lula la marca de "padre de los pobres". Además, Bolsonaro amplió subsidios a los choferes de camiones, taxis y al combustible. El monto de estas medidas es de R$ 41 mil millones (aproximadamente US$ 8 mil millones).
El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula votó a favor del aumento del monto del programa Auxilio Brasil y de la expansión del gasto con los subsidios a los combustibles. Desde la perspectiva del marketing de Lula, no había que regalar, en año electoral, a Bolsonaro el discurso de que la izquierda no le deja gobernar.
Está claro entonces que la cuenta quedará para el 2023. Gane Lula o Bolsonaro (hoy, apostaría el 60% de mi plata de que gana Lula), la ley del Techo de Gastos se cambiará, aunque no se sepa lo que quedará en su lugar.
La política tendrá que mediar una sociedad que demanda más protección estatal (es decir, más gasto público) con una economía cuya productividad está estancada desde hace 40 años y en una coyuntura internacional en la que la economía global va en desaceleración (y hay quienes pronostican una recesión global).
De esta manera, como resume el editorial del 23 de agosto del diario Valor Económico, el más influyente entre la élite económica paulista, los problemas fueron aplazados para el 2023. Hay riesgos fiscales e inflacionarios, originados en buena medida por las medidas de estimulo a la economía de las cuales el gobierno echó mano para mejorar el ambiente en el período electoral y atraer apoyo de los votantes.
Las tasas de interés deberán seguir altas la mayor parte del año que viene. Mientras continúa el impacto de la esperada desaceleración de la economía global, que es consecuencia de la suba de las tasas de interés en el mercado internacional, lo que impacta negativamente a los emergentes. La política monetaria de los países desarrollados debe mantener el dólar fuerte, presionando así la inflación en Brasil. Además, está la perspectiva de caída de los precios de las commodities. La cuestión fiscal será clave en este escenario.
No hay espacio para suba de impuestos. La carga tributaria en Brasil ya es del 33.9% del PBI, así como la deuda pública también es alta para el promedio de países emergentes.
Si Lula gana las elecciones de Octubre, llegará a la presidencia con altas expectativas. Su campaña promete el regreso a días felices, pero no se sabe cómo financiar dicho programa. Además, la formación de un bloque mayoritario en el Congreso será un desafío extra. No olvidemos que los militares - muy beneficiados en los últimos presupuestos por Bolsonaro - seguramente van a querer mantener su espacio en la torta del presupuesto.
Finalmente, el mercado financiero estará mirando. Otro desafío del próximo gobierno será mostrar al mercado de bonos que las cuentas públicas brasileñas son sostenibles a largo plazo.