Luciani pidió la inhabilitación perpetua de Cristina y 12 años de prisión
El fiscal Diego Luciani pidió la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos en el marco de la causa por corrupción con la obra pública en Santa Cruz y pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta.
Luciani dijo que no encontró "un solo atenuante" para la pena contra la vicepresidenta, a quien consideró "jefa" de la asociación ilícita por las obras cedidas al empresario Lázaro Báez.
Creen que Luciani buscará un impacto final contra Máximo para reabrir Hotesur
El fiscal expuso un listado extenso de las agravantes de la pena por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública.
En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, Luciani consideró que "el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía" y que la trama de corrupción por la que acusó es la "mayor de la historia". Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias de Báez y sus allegados.
Pero también reclamó que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que -según su acusación- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular de obras públicas a las firmas de Báez. También pidió que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de José López, donde aparecen menciones a Máximo Kirchner. LPO había anticipado que el fiscal preparaba un nuevo golpe contra el diputado, que buscaría impactar sobre la Cámara de Casación de debe definir si ordena reanudar el juicio de Hotesur, cancelado antes de su inicio.
La decisión de Luciani de pedir la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos era anticipada por el kirchnerismo que afirmar que se busca la "proscripción" de Cristina en las elecciones del año próximo. En el kirchnerismo descuentan que el tribunal oral fallará en sintonía con el pedido del fiscal, pero no tienen una posición uniforme sobre si darán los plazos para impedir que Cristina compita como candidata a presidenta o senadora nacional, la opción más probable, que le garantizaría fueros.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Un sector estima que entre las apelaciones de la eventual condena a la Cámara de Casación y luego la Corte Suprema pueden pasar años, por lo que en las próximas elecciones no tendría condena firma y podría candidatearse. Otro sector argumenta que como se trata de un caso de "lawfare" Casación y la Corte podrían acelerar sus fallos para confirmar su inhabilitación antes de las elecciones.
Fuentes del Palacio de Tribunales afirmaron a LPO que no hay ninguna posibilidad que la Corte Suprema resuelva la causa antes de las elecciones del año próximo.
Ajeno a estas especulaciones, en su despedida de la centralidad mediática, Luciano no se privó de contestarle también al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una "injerencia indebida" sobre el Poder Judicial. En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: "todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial".
Además, le recordó que cuando fue jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner "renunció al cargo de jefe de Gabinete por lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz" y opinó que ahora varió aquella postura "para defender puerilmente a su compañera de fórmula".
Luciani cerró su alegato casi en tono político, condenando la corrupción y asegurando que si se hubiera evitado la trama delictiva que le reprocha al ex matrimonio presidencial "los sectores más vulnerables" tendrían una calidad de vida mejor.