Ayotzinapa

Juez ordena procurar la salud y vida de Murillo Karam

El director del Reclusorio Norte queda obligado a garantizar la integridad física y psicológica del ex titular de la PGR.

 El juez titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó no mantener incomunicado a Murillo Karam, quien se mantiene en prisión a la espera de su nueva audiencia por el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

En la orden también se indica que en el contexto de la pandemia de Covid-19, se debe garantizar su derecho a la salud, dichas indicaciones recaen sobre el director del Reclusorio Norte.

"Queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica, por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio", informó el comunicado.

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La demanda de amparo fue promovida vía electrónica por Rosa Azucena Vargas Hernández en representación del ex titular de la PGR, así lo informó el juzgado de la capital mexicana, "ser respetuosas de la dignidad y de los derechos humanos del quejoso", prevenir cualquier acto tendente a menoscabar su esfera personal y permitir el acceso de familiares, abogados y/o autorizados", complementa la orden.

"En la inteligencia de que la seguridad, guarda, custodia y la salud del quejoso, de ser el caso, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición física se encuentre, misma deberá tomar todas las medidas pertinentes para tal efecto atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Por tal motivo, requiérase a las responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informen el cumplimiento que den a esta determinación", señala el acuerdo judicial.

Karam se mantendrá en prisión hasta el próximo miércoles 24, fecha en la que se celebrará otra audiencia que determinará su situación legal. La Fiscalía General de la República informó que Murillo Karam es acusado por delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada y tortura, relacionados a la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.