Bolsafe

Condenaron a 15 años de prisión al autor de la estafa más grande de la ciudad de Santa Fe

El agente de bolsa, Mario Rossini, fue encontrado culpable junto a su hermano del defalco más importante de la capital provincial que afectó a más de 400 personas.

 La causa denominada Bolsafe, por el nombre de la financiera que trianguló dinero entre un grupo inversor y el Banco Galicia, concluyó con una condena que obligará a Mario Rossini a pasar sus próximos 15 años en la cárcel y tres a su hermano luego de que el tribunal los declare culpable de estafa.

Para la ciudad de Santa Fe, se trata del fraude financiero más importante de su jurisdicción y durante diez años, las más de 400 personas damnificadas no pararon en su reclamo por el esclarecimiento de la estafa que rondó los 17 millones de dólares. Rossini, además de los años de prisión, deberá pagar una multa por el triple de ese monto.

El caso no solo generó un gran escándalo por ser la estafa más grande de la capital provincial sino también por los nombres vinculados a la política local que fueron salpicados como el de Pablo Tabares, ex secretario de Producción y director de la Agencia de Comercio Exterior durante la intendencia del radical José Corral.

 Para la ciudad de Santa Fe, se trata del fraude financiero más importante de su jurisdicción y durante diez años, las más de 400 personas damnificadas no pararon en su reclamo por el esclarecimiento de la estafa que rondó los 17 millones de dólares. Rossini, además de los años de prisión, deberá pagar una multa por el triple de ese monto

También estuvo mencionado José María Candiotti, durante cuatro meses ministro de Economía de Carlos Reutemann, y el contador Germán Huber, ex vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia entre 2011 y 2018 en los mandatos de los socialistas Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Luis Puig, otro de los involucrados había sido director del banco Bica.

Ahora, el Tribunal provincial, presidido por el juez José María Escobar Cello junto a Luciano Lauría y Germán Sutter Schneider y Luciano Lauría encontró a Rossini culpable de los delitos de administración fraudulenta en concurso real de 459 inversionistas.

 La investigación fue impulsada en 2013 por Alejandro Vanoli quien estaba a cargo de la Comisión Nacional de Valores y que buscaba desentrañar la megaestafa pergeñada por el contador Mario Rossini, titular de la firma Bolsafe Valores por 17 millones de dólares que al cambio de esa época, representaba más de 250 millones de pesos.

La causa la tomó el fiscal federal Walter Rodríguez, a fin de "develar la actividad criminal orientada a defraudar el patrimonio de una inmensa e indeterminada cantidad de ahorristas a partir de una mecánica continuada de captación de activos", según detalló un documento clave elaborado por la Procelac.

En total se imputaron a 49 operadores financieros, acusados de robarle a 408 ahorristas (total de denunciantes) concentrados fundamentalmente en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, a través de maniobras ilegales impulsadas por la sociedad Bolsafé Valores y la empresa BV Emprendimientos (también de Rossini), con la aparente complicidad del Mercado de Valores del Litoral y del Banco de Galicia.

Por la complejidad de las maniobras, entre la justicia provincial y la federal, el expediente Bolsafe se dividió en tres partes de las cuales la primera se definió con la condena de los hermanos Rossini mientras que la segunda, investiga las responsabilidades de cuatro empleados del banco Galicia.

Los implicados son Diego Waldemar Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah (oficiales de empresas de la sucursal Santa Fe), Guillermo Juan Pando (oficial de cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera), y Silvio Ariel Gómez (gerente de sucursal), que continúan ligado a la causa porque la Cámara de Casación Penal anuló la "falta de mérito" que los beneficiaba.

En concreto, lo que se sospecha es que el Galicia facilitó su estructura financiera (tanto la del banco como Galicia Valores) para que Rossini, por medio de su firma paralela BV Emprendimientos, realizara trámites fraudulentos para adueñarse de los títulos "alquilados" a pequeños y medianos ahorristas, práctica prohibida por ley.