El Gobierno va a regularizar a medio millón de extranjeros para salvar el modelo de pensiones
En medio de un mercado laboral que sigue en alza pese a la crisis -el INE anunció este jueves que las cifras de paro son las mejores desde 2008-, el Gobierno pretende regularizar los papeles de medio millón de extranjeros con tres grandes objetivos, dos en el mediano plazo y el restante pensado a futuro: achicar la economía sumergida, cubrir puestos esenciales que hoy están vacantes y salvar el sistema de pensiones, en jaque por una estructura demográfica muy envejecida.
La modificación de Ley de Extranjería, aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en las últimas horas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), facilitará, a grandes rasgos, la incorporación de los extranjeros al mercado de trabajo.
El decreto, diseñado e impulsado por el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, entrará en vigencia desde agosto. Va a permitir a los empresarios la contratación de extranjeros en sus países de origen y va a facilitar, a través de nuevas vías legales, la regularización con fines laborales de los inmigrantes que ya vivan en España. Moncloa espera regularizar, en una primera tanda, 500 mil expedientes, muchos de los cuales se podrán sumar de forma inmediata al mercado laboral.
La medida contempla una serie de pequeñas modificaciones técnicas que facilitarán la vida de los inmigrantes: emprender, reagrupar a familiares o salir de la "clandestinidad".
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Desde el equipo del ministro Escrivá señalan que las modificaciones a la ley van a "evitar la economía sumergida" y a "cubrir las necesidades del mercado laboral", más aún teniendo en cuenta las "tasas de envejecimiento" de la población. Este último punto es clave para entender el por qué de estas flexibilizaciones.
Las estadísticas oficiales y las proyecciones de especialistas y de organismos internacionales (demografía, mercado laboral, pensiones, etc.) dan cuenta de que España necesita que lleguen muchos migrantes para tener "sustentabilidad y crecimiento".
El crecimiento poblacional en los últimos años se debió, básicamente, al incremento de la población de nacionalidad extranjera, ya que la de nacionalidad española se viene reduciendo en forma sostenida y considerable.
La ministra de Trabajo Yolanda Díaz, defensora de las modificaciones realizadas en la Ley de Extranjería.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, los mayores de 65 años representan casi el 20% de la población total, cerca del doble, en términos porcentuales, que hace 50 años. El porcentaje se incrementa año a año. Las previsiones de este organismo estatal es que para 2070, esa misma proporción de personas mayores de 65 años será del 30%.
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En este contexto, según los cálculos del Gobierno, España necesita de la llegada de una media anual de 270.000 migrantes hasta 2050, lo que representa un total de más de 8 millones de personas de otras naciones en las próximas tres décadas. Sus cotizaciones, según esta proyección, van a garantizar las pensiones y asegurar la viabilidad de la Seguridad Social.
Esos números fueron los que el ministro Escrivá presentó en la última reunión ministerial sobre Migración e Integración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. "La migración no es sólo un problema humanitario, sino que es una oportunidad para nuestro crecimiento y para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Habrá trabajo para todos en el horizonte a medio y largo plazo, sin duda", aseguró el ministro en ese cónclave.
Las cifras son similares a las que maneja el Fondo Monetario Internacional (FMI) para España: un mínimo de 5,5 millones de arraigos hasta 2050 (que se sumarían a los 2,1 millones que ya trabajan en nuestro país), partiendo de la base de que el 90% de esa migración se encuentra en edad de trabajar.
"La inmigración puede ser, para un país como España, más una fuente de soluciones que de problemas. Puede ayudarnos a amortiguar el descenso de la población en edad de trabajar, a mantener nuestro peso relativo en Europa, y a garantizar la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar", defienden desde Moncloa.