California choca con Texas para evitar la deportación de 800 mil dreamers de la era Obama
Un equipo de abogados de Los Ángeles con el Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) defendió este miércoles ante una corte de apelaciones la permanencia del programa que protege frente a las deportaciones a unos 800.000 indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.
La Corte de Apelaciones del quinto distrito "no va a tener una decisión hoy luego de escuchar nuestros argumentos; va a presentar una decisión de carácter temporal en algún momento después del próximo lunes", dijo a LPO la directora de litigios y vicepresidenta de MALDEF, Nina Perales.
Los argumentos orales fueron de MALDEF, al lado de la fiscalía federal. Por la otra parte, se escucharon las razones de los representantes de 23 gobiernos estatales que en el 2018 tenían gobernadores republicanos y demandaron como coalición el fin de ese programa.
La audiencia ante un panel de tres magistrados de apelaciones "va a necesitar que ampliemos nuestros argumentos, lo que vamos a hacer", dijo Perales y explicó que lo que al final determine ese panel de jueces puede no ser definitivo.
El protocolo de la Corte de Apelaciones establece que un trío de jueces escucha primero los argumentos. Si a la decisión de esos magistrados sigue una petición de revisión, entonces el caso es analizado por el pleno de jueces, que son regularmente una docena. Luego, si la disputa permanece tras la decisión del pleno, el caso pasa a la Corte Suprema.
La historia es larga. El ex presidente Barack Obama creó en el 2012 el programa de Acción Diferida para quienes Arribaron al país durante la Infancia (DACA) y crecieron con la certeza de que Estados Unidos es su país -el único que conocen- queden protegidos ante deportaciones.
El plan renovable cada dos años permite a los beneficiarios, identificados como soñadores, estar legalmente en el país, trabajar, estudiar, tener licencia de conducir, tarjeta de seguro social, pagar impuestos, obtener crédito, y otras ventajas de quienes residen legalmente, excepto salir del país a voluntad y regresar, ni votar en elecciones.
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Creado por una orden ejecutiva de un presidente demócrata, luego de que el gobierno de Donald Trump intentó inútilmente suspenderlo en 2017, los gobiernos republicanos encabezados por Texas demandaron en 2018 el fin del programa DACA con el argumento de que causa gastos a los estados. Ante el tribunal el procurador general de Texas, Judd Stone II, afirmó que los beneficiarios del programa le cuestan al estado unos $250 millones anuales, en base a un trabajo del economista Ray Perryman.
Los gobiernos republicanos calcularon en sus demandas que si el DACA se cancela, alrededor de 170.000 soñadores tendrían que regresar rápidamente a sus países de origen.
Una corte federal en Texas falló en favor de esos estados y el caso pasó a apelación a la corte de quinto circuito, donde este miércoles MALDEF defendió a los soñadores y su programa.
La abogada Perales explicó a los jueces que muchos de los beneficiarios de ese programa que ya tiene diez años en vigor son ahora padres de hijos estadounidenses y sus familias sufrirían de perder el sostén económico y familiar. Además, afirmó que otros soñadores llegaron al país cuando eran bebés, por lo que desconocen totalmente otros países.
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Más del 96 por ciento de los soñadores ha terminado estudios medios y cerca del 20 por ciento se graduó de carreras profesionales, por lo que sin soñadores habría comunidades y empresas estadounidenses que sufrirían las consecuencias.
Desde que la corte en Texas falló en favor de los estados con gobiernos republicanos, el programa continuó, pero sin agregar a nuevos beneficiarios.
En su campaña el presidente Joe Biden prometió que trataría de dar a los soñadores un camino a la ciudadanía. En enero pasado, el secretario del Homeland Security, Alejandro Mayorkas, anunció que divulgaría un nuevo reglamento para fortalecer las protecciones dentro DACA. Pero, seis meses más tarde, no hay novedades sobre el tema.