Rusia enfrenta denuncias de deportaciones forzadas y tráfico de menores desde Ucrania
Las tropas rusas siguen avanzando en la región del Donbás, mientras el Kremlin rediseña la vida en los territorios ocupados. Moscú está entregando pasaportes rusos a los ucranianos bajo su dominio, promoviendo el uso del rublo e impartiendo su modelo de escolarización en las zonas controladas. Pero también está llevando adelante "evacuaciones humanitarias" desde las regiones más críticas hacia Rusia, un eufemismo que puede esconder una campaña sistemática de deportaciones forzadas.
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Según el Ministerio de Defensa ruso, más de 1.865.000 personas, incluyendo cerca de 294.000 menores, fueron sacadas de Ucrania y llevadas a Rusia. Esas cifras son incluso mayores que las aportadas por el gobierno de Ucrania. La semana pasada, el presidente Volodimir Zelenski habló de 200 mil niñas y niños ucranianos secuestrados por los soldados de Vladimir Putin. Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se refirió al tema días atrás y dijo estar preocupada por "los supuestos planes de las autoridades rusas para trasladar niños de Ucrania a familias en la Federación Rusa".
El asunto sobre las deportaciones y el presunto robo de menores ucranianos para ser dados en adopción a familias rusas es abordado con cautela, pero el Organised Crime and Corruption Reporting Project, o OCCRP, un consorcio de investigadores y medios de comunicación de Europa del Este, asegura que el tráfico de personas desde los territorios ocupados estuvo en los planes del Kremlin apenas comenzó la invasión en febrero pasado. En caso de comprobarse, Rusia no solo estaría violando la convención de Ginebra por el trato hacia los civiles, sino que estaría cometiendo crímenes de lesa humanidad.
"Es casi imposible evaluar el alcance real de esta tragedia. Los ciudadanos ucranianos que se encontraban en una situación humanitaria desesperante en los territorios temporalmente ocupados no tenían otra opción: son trasladados por la fuerza a Rusia en contra de su voluntad, y también sin posibilidad de ir al territorio controlado por las autoridades ucranianas. Además, los rusos establecieron los llamados ‘campos de filtración' en los territorios ocupados, donde llevan a todos los civiles para interrogarlos antes de su deportación forzosa a Rusia", dice a LPO Alisa Muzergues, investigadora del think tank Euro Créative.
Una mujer y su hijo escapan de su casa en la ciudad de Druzhkivka, Donetsk, tras un bombardeo del Ejército ruso.
Muzergues menciona tratos crueles y torturas para quienes pasaron por esos campos. "Se interroga a las personas, se revisan sus teléfonos y redes sociales en busca de cualquier tipo de contenido proucraniano, se desnuda a los hombres y se los registra en busca de cualquier indicio de su afiliación con el ejército ucraniano o las unidades territoriales de autodefensa, ya sea tatuajes o rastros de armas o lesiones", sostiene. Los menos, subraya, han logrado escapar y regresar a sus hogares a través de los países bálticos.
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Por su parte, el Instituto New Lines, con sede en Washington, coincide con el presidente estadounidense Joe Biden, que definió el accionar de las tropas rusas de genocida. El fusilamiento de civiles en Bucha, la destrucción de ciudades enteras como Mariúpol y de patrimonio cultural y arquitectónico en el sur y el este, el reclutamiento obligatorio para los hombres del Donbás a modo de carne de cañón del ejército ruso y las deportaciones "humanitarias" son evidencias concretas. New Lines agrega que el secuestro de menores ucranianos "es un acto genocida en virtud de la Convención sobre Genocidio".
La coerción es absoluta en los territorios ucranianos ocupados. Después de todo, cuando Putin anunció la invasión cuatro meses atrás, el objetivo era derrocar a Zelenski, tomar el control de Ucrania y "desnazificarla". El mandatario ruso nunca creyó en la posibilidad de su vecino como un país que mereciera la independencia y el derecho a resguardar su integridad territorial. Desde esa lógica, Ucrania se presenta como un escenario para experimentar los mecanismos de rusificación y expansión elaborados en Moscú.
El cementerio de Bucha después de la masacre cometida en esa ciudad entre febrero y marzo, cuando estaba bajo control ruso.
Putin ya probó las deportaciones y el traslado de población rusa a la península de Crimea en 2014, tras su anexión, y existen registros de expulsiones masivas en los territorios separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia, tras la guerra de 2008. "Es una característica histórica que puede relacionarse con la deportación de los tártaros de Crimea en 1944 por Stalin y el reasentamiento de los rusos en la península. Esto también explica una resistencia muy fuerte por parte de la minoría tártara a la ocupación rusa de Crimea. Ucrania, Letonia, Lituania y Canadá reconocieron la deportación del pueblo tártaro de Crimea como genocidio", agrega la analista especializada en política de Europa Central y Oriental.
Zbigniew Kowalewski, historiador y activista sindical polaco, también apunta a las deportaciones masivas como una práctica recurrente de los distintos regímenes, desde los zares hasta Putin, pasando por Stalin y la dirigencia soviética. Incluso los traslados internos eran comunes, como es el caso de los tártaros y los chechenos. La historia se repite ahora en el Donbás, "un poderoso centro industrial que atraía mucha población de otras partes de Ucrania y Rusia". "Zaristas y estalinistas favorecieron la rusificación de esa masa de trabajadores que se ubicaba allí", dice.
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Sin embargo, Kowalewski aclara a este medio que si bien "en las ciudades del Donbás se habla ruso, eso no se traduce automáticamente a una pertenencia nacional". "Muchos rusófonos se consideran ucranianos. Járkov se defendió muy duramente y es un gran centro de la lengua rusa. En las zonas rurales del Donbás se habla muy ampliamente el ucraniano. La rusificación lingüística de las ciudades no se extiende al campo", señala. Los funcionarios rusos se están encargando de cambiar esa realidad.
El premier italiano Mario Draghi, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron vistan la ciudad de Irpin, a mediados de este mes.
No se trata solo de transformar la demografía de la región, sino de venderles a los propios rusos la idea de la necesidad de la guerra y, por supuesto, alguna forma de incorporación a Rusia. Para eso el Kremlin tiene que presentan al Donbás como una zona eminentemente rusa y a Ucrania como un régimen fascista. "A partir de 2014, Rusia presentó a Ucrania como un país fascista: se instrumentalizó la presencia de la extrema derecha en el Euromaidán, magnificada por Moscú, para crear el mito de un putsch fascista", sostiene el exintegrante de Solidaridad y editor adjunto de Le Monde Diplomatique Polonia.
La elite rusa supo explotar el sentimiento de alejamiento que sobrevino a la independencia ucraniana tras el colapso de la Unión Soviética. Muchos rusos dejaron de ver sus vecinos como hermanos menores de la familia eslava. "La destrucción de capas enteras de la sociedad, el exterminio de la intelectualidad y los mecanismos de rusificación forzada son una amenaza seria para el pueblo ucraniano. Y la capitulación ante Rusia puede llevar a la guerra civil en Ucrania", advierte.
La entrega de territorios a cambio de una paz más o menos estable puede ser un negocio demasiado costoso para los ucranianos. "Si Rusia conquista nuevos territorios en el este y el sur y se hace una paz en estas condiciones, no será más que una etapa de la invasión rusa que se reiniciará. Será la base para un avance en el futuro. Y Rusia dispone de medios extraordinarios para llevar adelante el proyecto de aniquilación de Ucrania como nación y como pueblo", asegura Kowalewski.