La inflación revienta los bolsillos de los españoles: el coste de vida triplica el aumento de los salarios
En cantidad, el Gobierno tiene hoy una de las mejores estadísticas de empleo de las últimas décadas: el paro -según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Seguridad Social- se sitúa en 2.922.911 personas, el número más bajo en los últimos 14 años.
En mayo, el total de afiliados a la Seguridad Social también creció en 214.000 trabajadores, y se volvió a colocar, por segundo periodo consecutivo, por encima de los 20 millones, una cifra que nunca antes se había alcanzado.
Pero en calidad, en lo que respecta al poder adquisitivo de esos trabajadores, el Ejecutivo se encamina a sufrir los peores números rojos en décadas. Hoy, el incremento del coste de vida es 3,5 veces superior al aumento de los salarios.
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En 2021, los asalariados españoles perdieron en promedio 470 euros de capacidad de compra. La inflación media -del 3,1%- superó con bastante margen al incremento salarial medio (1,5%).
Este año, con el IPC desbocado, la cifra puede duplicarse, superando los mil euros, lo que se traducirá en un tarascón histórico e inédito para el bolsillo de los trabajadores. Todas las predicciones macroeconómicas estiman una inflación media en el orden del 7%, muy por encima del aumento de los salarios (3% de media).
Por lo pronto, con los números oficiales que ya están sobre la mesa, se puede afirmar que hoy el coste de vida triplica al incremento de los salarios. El IPC de mayo fue del 8,7%, mientras que el el alza salarial media (primer trimestre) es del 2,36%, según la última actualización del Ministerio de Trabajo.
Por lo general, la mayoría de las empresas incrementan los salarios de sus trabajadores en función de la variación del IPC. Aunque este aumento está lejos de ser automático: tiene que estar recogido en el convenio laboral (cláusula de salvaguardia).
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Según la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España, la cantidad de trabajadores sujeto a esta cláusula se redujo con fuerza entre los años 2008 y 2012, pasando del 67,3% al 26,9%. En 2021 el porcentaje fue solo del 17,4%. En otros términos: el 83% de los trabajadores perdió el año pasado capacidad de compra.
De estos datos se infiere que los incrementos salariales de la mayoría de los trabajadores españoles depende, en gran medida, de lo que se acuerde en los procesos de negociación colectiva o en los pactos a nivel empresa.
Según la última planilla del ministerio de Trabajo, cartera que está a cargo de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, durante el primer trimestre del año, la negociación colectiva ya alcanzó a cinco millones de trabajadores.
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Una quinta parte de ese total, pactó un incremento salarial del 5,7% de media. Este pequeño grupo -junto a los empleados sujetos a la cláusula de salvaguardia- es el único que no sentirá el impacto de la inflación en su poder adquisitivo.
El pacto de rentas, totalmente roto
Ante esta fuerte y palpable pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a pedir esta semana que la patronal y los sindicatos lleguen "a un acuerdo de rentas en el ámbito salarial y de revisión de beneficios".
El pedido del mandatario está hoy muy lejos de concretarse. Las negociaciones del "pacto de renta" están suspendidas ante las irreconciliables posturas de las partes involucradas, por lo que las condiciones del hipotético acuerdo no se aplicarán este año.
Antonio Garamendi, presidente de CEOE, reticente a ajustar los salarios a la inflación
Los sindicatos piden que la cláusula de revisión salarial alcance a todos los trabajadores. Sostienen que es la "única garantía de mantenimiento del poder de compra de los salarios".
Empresarios y sindicatos tironean al Gobierno por su pacto de rentas
Las organizaciones empresariales, en tanto, ven "imposible" que todos los salarios se ajusten al ritmo de la inflación. La CEOE propone un aumento no superior al 3,5% para este año y actualizaciones del 2,5% para 2023, y del 2% para 2024.
En este esquema, sumando los tres ejercicios, los salarios experimentarían un crecimiento del 8%. Eso sí: sin posibilidad de revisión mediante cláusulas de salvaguarda.
"Esto (el acuerdo) se lo planteé a los agentes sociales y desgraciadamente no ha tenido sus frutos, pero es la posición del Gobierno y la mía en particular", reconoció Sánchez este martes al anunciar la prórroga de su plan anticrisis.
El pedido del presidente es compartido por el Banco de España, que en su último informe alertó sobre el "fuerte espiral de precios" y llamó a un "urgente pacto de rentas" para "repartir el daño" de la inflación entre empresas y trabajadores.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reconoció "una caída significativa de los salarios reales", aunque compartió la tesis de las patronales sobre la imposibilidad de ajustar los ingresos (salarios y pensiones) a la inflación. "Sería necesario que el pacto se acompañe con compromisos explícitos y verificables de moderación de los márgenes empresariales", exigió.
El Gobierno, en la voz de Yolanda Díaz, salió a diferenciarse de este diagnóstico. La vicepresidenta negó que salarios sean los "causantes" de la inflación en España y subrayó que hay "márgenes" para que las empresas sean "corresponsables".
A su juicio, la moderación salarial (hacer crecer los salarios por debajo de la inflación) provocaría una mayor pobreza en los trabajadores y deprimiría la economía. "No estoy de acuerdo con la estrategia de moderación salarial", admitió.
Por lo pronto, Díaz y el Gobierno intentan capitalizar los buenos números en materia de empleo (paro a la baja, récord de contrataciones, aumento de trabajos indefinidos, etc.) para pegar los menores costes posibles por el evidente deterioro del poder adquisitivo. El Ejecutivo sabe que la ecuación no cierra: hay más trabajadores, pero son cada vez más pobres.