Marina confirma la cancelación del contrato con Next Energy pero continúa el proceso contra Bonilla

Por fin concluyeron las negociaciones y la gobernadora Marina del Pilar, durante su conferencia mañanera, dio a conocer que la empresa Next Energy, la cual había sido elegida como responsable para desarrollar el proyecto de la planta fotovoltaica en el estado, ha decidido cancelar el contrato de proyecto.

Fue el pasado 4 de marzo cuando el Secretario de Hacienda del Estado, Marco Moreno Mexía, reveló que el contrato firmado entre el Gobierno de Jaime Bonilla y Next Energy se otorgaron facultades a la empresa para retener participaciones federales del Estado. Lo que resultó en la retención de 123 millones de pesos.

En un nuevo capítulo en esta historia, este miércoles la mandataria morenista anunció que "la empresa Next Energy acepta cancelar definitivamente ese proyecto con las condiciones propuestas por nuestro gobierno sin que exista ninguna responsabilidad para el Estado o mi gobierno". "No vamos a permitir en ningún momento que por una mala gestión se puedan afectar los recursos que son del pueblo", dijo Marina del Pilar.

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Reconoció la "buena disposición" de Eugenio Javier Maiz Domene, ex dueño del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey y actual propietario de Next Energy. Aunque aclaró que este anuncio no significa que se dejen sin efecto los otros procesos administrativos o penales a los que se tengan que enfrentar los responsables del gobierno anterior. 

Un mensaje directo a su compañero de partido y cacique tijuanense, Jaime Bonilla, y todos los responsables de su administración en la firma del contrato con Next Energy que causó un "daño al erario". "Continuarán esos procesos", dijo Ávila Olmeda.  Con esto -dijo- se garantiza que los recursos regresan al estado para programas que beneficien a las familias bajacalifornianas.

Lo anterior concuerda con las acciones del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Iván Carpio, quien la semana pasada confirmó la solicitud al Poder Judicial para que diez exfuncionarios estatales sean citados y vinculados a proceso como presuntos responsables de los delitos de peculado, por coalición de servidores públicos, por uso indebido de atribuciones y funciones, por abuso de autoridad y por corrupción.